Santo Domingo, 19 de diciembre, 2018. El Estado dominicano ya tiene en sus manos la petición que en agosto de 2017 le presentó la madre de Rosaura Almonte (“Esperancita”) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH en busca de que se esclarezcan los hechos que rodearon la muerte de su hija, se juzgue a los responsables y se implementen los correctivos necesarios para asegurar la no repetición de casos como este.
El Estado cuenta con tres meses para responder. Santo Domingo, diciembre 19 de 2018.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH le trasladó recientemente al Estado dominicano la petición que en agosto de 2017 había hecho Rosa Hernández, madre de Rosaura Almonte (“Esperancita”), en la que le solicitó al organismo que interceda para que la justicia dominicana investigue los hechos que rodearon la muerte de su hija, establezca las responsabilidades correspondientes e implemente los correctivos necesarios para asegurar que las mujeres embarazadas no mueran por falta de tratamientos médicos oportunos y adecuados, incluido el aborto cuando se requiere para salvaguardar su salud o su vida.
Rosaura Almonte, conocida públicamente como “Esperancita”, tenía 16 años cuando le diagnosticaron una leucemia y al mismo tiempo le informaron que tenía un embarazo de siete semanas. Aunque necesitaba quimioterapia para luchar por su vida, no se la iniciaron a tiempo porque priorizaron el embarazo. Después de mes y medio internada en un hospital de Santo Domingo, murió en agosto de 2012 por falta de tratamiento médico oportuno y adecuado.
Tras la muerte de Rosaura, su madre inició varios procesos legales en el país que no fueron resueltos satisfactoriamente, por lo cual en agosto de 2017 acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH. En la petición, Rosa, maestra de una escuela primaria, le reclama al Estado por las fallas tanto del sistema de salud que no le brindó atención adecuada ni oportuna a su hija Rosaura, como del sistema de justicia que no ha avanzado en la investigación del caso y que incluso le ha negado a Rosa su derecho a acceder al expediente judicial.
En el momento de hacer pública la petición, Rosa y sus representantes legales de la Colectiva Mujer y Salud y de Women’s Link Worldwide afirmaron que el proceso ante la CIDH es una oportunidad para que el Estado dominicano reconozca las fallas de los sistemas de salud y de justicia en el caso de Rosaura, e implemente medidas para que historias como esta no se repitan en el país. Ahora que el Estado ya tiene en sus manos la petición completa, cuenta con tres meses para responder.
