Los que mueven hilos de las presiones para arrojar sobre República Dominicana el colapso del Estado haitiano, han reaccionado frente a los contundentes rechazos del pueblo y líderes políticos, mediáticos y sociales, bajo los que el Gobierno se vió compelido a no suscribir los pactos para migración segura y ordenada, promovido por la ONU, y el de refugiados, gestionado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En principio lo hicieron con la fatal arrogancia de los que se creen ubicados en una poltrona intelectual tan alta, que sus opiniones son las únicas dotadas de raciocinio, las de los demás, si son opuestas, son producto del fanatismo, sesgos ideológicos, irracionalidad, odio y fanatismo, pero se percatan de que eso no cambia nada, y entonces apelan a una agenda de visibilidad positiva de uno de los más grave problema del país: el desborde migratorio.
De ahí que en un lenguaje bonachón tan engañoso como el de los pactos que el país ha rechazado, se midiera el pulso con la convocatoria de la manifestación enmascarada bajo el inofensivo nombre de “Acto Deportivo Carrera 5K, Acción Saludable por los Derechos”.
En el subtítulo está claro, que no es solo cuestión de mostrar los aportes de los haitianos vivientes (que no residentes que es un estatus jurídico que inmensa mayoría no tiene) y de agradecer la acogida que se les ha dispensado, sino que el objetivo real es el de reclamar derechos, que uno de ellos no es ni puede ser el de penetrar de manera ilegal al territorio de otro país, y, a partir de esa situación fáctica exigir obligaciones por parte del Estado receptor, que no sean las de respetar la integridad física y la dignidad humana.
Conforme a la estratagema que acaramela la convocatoria, la cuantiosa inversión que el país realiza desde hace varías años en la educación preuniversitaria a la que se destina el 4% del PIB, saldría del generoso aporte que hacen al país los migrantes extranjeros, de manera especial los haitianos.
El año pasado supuestamente aportaron el 7.5 de valor agregado a la economía ( 161 mil 560.8 millones, de los cuales 115 fueron aportes de los haitianos). Si se toma en cuenta que el presupuesto para Educación fue de 153 mil 495, dio y sobró solo con aporte de los migrantes extranjeros.
Para mejor ilustración debe deducirse el gasto del un país que destina más del 30% de su presupuesto de salud a atender extranjeros ilegales, así como los que gasta en educación y otros servicios, y lo que esa presencia cobra en la agudización de las condiciones de pobreza de los dominicanos pobres.
El primero de los derechos que esos grupos quieren reclamar tienen que canalizarlo ante el Estado haitiano, que debería contar para tales fines con el respaldo de la comunidad internacional: el derecho a la identidad. A lo más que puede llegar un país receptor es a lo que RD ha hecho con el plan de regularización de extranjeros: otorgar la oportunidad de alcanzar un registro legal por cuenta de los contribuyentes y no del beneficiario de la regularización. El colmo es pretender que el Estado receptor sustituya una facultad intrínseca del Estado emisor: dotar de indendidad a sus nacionales.
¿Qué otros derechos reclamar? ¿Los laborales? En RD leyes laborales no hacen distinción en el estatus migratorio de un trabajador para proteger sus derechos.
