El magistrado juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano German, hace un llamado a los jueces temerosos a que renuncien, si tienen miedo a administrar justicia.
Estas declaraciones sorprendieron a la opinión pública y dieron lugar a que el público entienda cómo es que funciona el tema del juez sustituto, pues ocurre, las más de las veces, cuando el titular desea evadir la responsabilidad de administrar justicia cuando el asunto que le es sometido tiene implicaciones políticas, económicas, narco tráfico y lavado de activos, por solo citar los más comunes.
La administración de justicia bajo la dictadura fue modélica en cuanto a organización y profesionalidad solo se iba de bruces cuando un asunto concernía al dictador, pero ojo, el dictador era muy legalista, por tanto, siempre se buscaba una salida dentro del marco del principio de legalidad.
Desaparecida la dictadura, la administración de justicia, paulatinamente, se sumió en el caos, cuando logró componerse gracias a prestantes figuras del derecho, su prestigio se recomponía, pero sin lograr un equilibro aceptable. Luego se vio claro que los jueces dependían de la autoridad del senador que los llevó a la posición. De modo que cuando un asunto tenía que ver con el accionar del senador la administración de justicia colapsaba, fuera de ese ámbito y, sobre todo, en lo concerniente a los asuntos civiles y comerciales en general, la justicia funcionaba aunque con un exiguo presupuesto pero con no pocas figuras connotadas y de una acrisolada probidad.
Se debe reconocer que dado el alto número de senadores, esa modalidad de justicia era muy democrática, pues cada senador tenía su cuota de jueces.
Luego se pasó a la modalidad de la justicia concentrada en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organismo que ha logrado dotar de mejor presupuesto a la justicia, al tiempo que concentró en siete personas la facultad de escoger los jueces de la nación. Este modelo funcionó eficientemente mientras los jueces de la SCJ tuvieron el poder de tutelar las funciones de sus homólogos de cortes inferiores. Esto permitía una retroalimentación y una coherencia jurisprudencial a la que no se le dio suficiente tiempo para mostrar sus bondades. Pero luego, el CNM y la SCJ debieron compartir su hegemonía con un engendro que ha hecho descansar la judicatura en jueces noveles. Esto es: jueces sin carácter, sin criterios, sin experiencia, novatos más comprometidos con recibir señales que en aplicar en sus decisiones los principios de independencia, imparcialidad e ingratitud a quienes le escogieron. Es aquí donde nacen los jueces tímidos y los jueces atrevidos.
Este es el esquema de la administración de justicia neoliberal, jueces que temen a tres factores: al Consejo del Poder Judicial (CPJ), a los políticos y al poder económico empresarial y al narco tráfico. Este modelo desarticuló la camaradería entre jueces superiores e inferiores debido al grado del tribunal, de modo que el juez novel de ahora se entiende igual o superior a un juez de corte o a uno de la SCJ, lo cual es absurdo pero se explica porque el juez tímido o como el atrevido, saben que el poder de control lo tiene ahora el CPJ y no su homólogo de la SCJ.
Estos jueces saben que el poder político es otro factor de poder que incide sobre sus ejecuciones y que este por intermedio de los consejeros del CPJ puede determinar su salida, su estancamiento y su escalafón. Por tanto, son muy tímidos en unos casos y muy atrevidos en otro, esto es: si entienden que al consejero le agradará la decisión que tomen, decidirán con atrevimiento, si entienden lo contrario, evadirán su responsabilidad de administrar justicia.
De otra parte, se encuentra el poder económico empresarial, una mirada crítica sobre las intervenciones públicas de los jueces como de sus decisiones, reflejan el cuidado de no lesionar ni con el pétalo de una rosa, a ningún empresario en capacidad de acercarse al CPJ o a un político con poder.
Por último, unos jueces temen al narco tráfico y otros coquetean con este, sobre todo a partir de la creación de la defensoría pública. Órgano que ha destruido a la clase de los penalistas, pues los ha dejado cesantes, a menos que se incorporen a dicha defensoría. El derecho ha dejado de ser una profesión liberal en esta rama del derecho, para pasar a ser un tema de cabilderos intra judiciales. Los denominados abogados de la droga también han quedado cesantes con este modelo. De ahí que, el juez tímido, se cuide como la niña de sus ojos al enfrentar un caso de estos en su sala.
En cambio, el juez atrevido, el que se arriesga porque ha perdido la fe en la institucionalización de la administración de justicia, se atreve, se juega la faja. Pues el neoliberalismo es un mercado, donde, como dijo un reconocido jurista constitucionalista recientemente, siguiendo a Karl Popper, el interés general es un mito y el interés individual lo es todo, es la finalidad misma del individuo, de la sociedad. Es el catequismo de la ideología neoliberal.
Un adiós a la institucionalidad de la justicia y un si al interés particular, no importa lo extremo que sea ni si transgrede los límites de la legalidad.
Frente a este escenario, quedan dos elementos que también inciden, unos como espectadores del espectáculo neoliberal y otros que buscan resarcir en algo al operador judicial. De un lado, la opinión pública, la cual se ve vapuleada por la ideología neoliberal cuando habla y busca el bien común; del otro lado, las asociaciones de jueces que tratan de crear un cuerpo social de auto protección ante las embestidas del modelo, pero sin éxitos ninguno de los dos, pues el modelo desacredita tanto a la opinión pública como al asociacionismo.
A manera de conclusión y ante el panorama descrito, resulta obvio que el modelo neoliberal de justicia, ha tocado fondo. Su pretensión ahora es reactivarse con base a la figura del juez empresarial, es decir, con la eliminación del tráfico político, del tráfico del CPJ y quedar solo con el ámbito empresarial.
Ciertamente, esta nueva modalidad neoliberal que se ejercita con éxito en Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Guatemala, Panamá, El salvador, Chile, etc., tiene la virtud de destituir y de llevar a prisión a las élites políticas de la partidocracia, pero tiene el inconveniente de que destroza los programas sociales, es decir: es un modelo inconstitucional porque destruye los objetivos programáticos de la Constitución en lo social y en lo institucional.
Esto es: constituye un retroceso, un remedio peor que la enfermedad que ya colapsó en Inglaterra, Grecia, en Italia, en España, en Francia, etc. Por eso, debemos decir junto a Ignacio Sotelo que el Estado Social, es la forma no superada de Estado.
En pocas palabras, y como bien dice Jürgen Habermas, la solución está en que el Estado Social desarrolle mecanismos propios de institucionalización que desde la óptica del derecho administrativo concretice los objetivos programáticos de la Constitución desde las leyes y la constitución misma. Esto es: necesitamos jueces más fieles a la Constitución que a los grupos faticos de poder, que a los políticos, y que a esos que Luigi Ferrajoli llama, el poder salvaje.
Lo anterior significa, que el PLD, en tanto y cuanto partido de gobierno de centro izquierda, tiene la responsabilidad de que los jueces a ser escogidos próximamente para la SCJ, no estén contaminados por la influencia del mundo empresarial, que no sean tránsfugas de la Constitución, que su probidad sea capaz de resistir la tentación del dinero fácil y el coqueteo neoliberal por atraerlos. Porque el punto negativo de los actuales, es su coqueto con el empresario, esto le ha impedido ver el bosque. Claro, ya quedó evidenciado, que para esta ideología el interés general es un mito. Esto es, su aspiración es la destrucción del Estado social, lo que implica el retrotraernos hacia los mejores días del siglo XIX olvidándonos que nos encontramos en el siglo XXI. DLH-22-12-2018