La Suprema acoge recurso de casación parcial contra sentencia del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, ordenando la anulación de todas las constancias anotadas en el certificado de título que ampara el derecho de propiedad del Estado dominicano en dichos terrenos.
SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público logró que la Suprema Corte de Justicia acogiera un recurso de casación parcial contra una parte de la sentencia del caso Bahía de las Águilas, emitida por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, relativa a la parcela 215-A, del Distrito Catastral No. 3 de Enriquillo, Barahona, interpuesto con el fin de que la misma fuera anulada, sin envío a otro tribunal por no existir más nada que juzgar.
El órgano del sistema de justicia indicó que interpuso el recurso de casación parcial contra la sentencia No. 20160662, dictada el 24 de febrero del año 2016, por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, por no estar de acuerdo con varios puntos de la misma.
Explicó que el recurso fue interpuesto en virtud de que en el dispositivo de dicha sentencia no se ordenó la anulación de todas las constancias anotadas en el certificado de título que ampara el derecho de propiedad del Estado dominicano en dicha parcela, tal y como lo establece la sentencia 126-2014 de la Octava Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Departamento Central. Además, porque en el dispositivo el tribunal no se refirió a determinadas conclusiones incidentales de las partes y no hizo constar los medios de inadmisión.
El Ministerio Público manifestó estar de acuerdo solo con la parte de la sentencia mediante la cual se cancelaron todos los deslindes y subdivisiones que estaban a nombre de particulares de manera ilegal.
La información destaca que el alto tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, declarando regular y válido, tanto en la forma como en el fondo, el recurso de casación parcial, convirtiendo la sentencia de primer grado en definitiva, con la cual se cierra un arduo proceso judicial de varios años.
Al conocer la sentencia emitida por el alto tribunal, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, la calificó como un trascendental avance en los procedimientos judiciales que llevan en materia inmobiliaria, el cual dijo traerá grandes beneficios a la nación con el desarrollo del proyecto gubernamental que busca convertir esa zona en un activo polo turístico y ofrecer mayores oportunidades de desarrollo económico a la zona sur del país.
“Esta es una decisión que valoramos y con ella nos acercamos mucho más a la meta de lograr la recuperación de todos los inmuebles que están de manera ilegal en poder de particulares, demostrando una vez más el interés y el compromiso que hemos asumido para recuperar ese patrimonio, que como hemos dicho en otras oportunidades, corresponde única y exclusivamente al Estado y al pueblo dominicano”, manifestó el magistrado Rodríguez.
En relación a este caso de Bahía de las Águilas, la institución resaltó los esfuerzos desplegados por el Ministerio Público a través de la Oficina del Abogado de Estado en el cumplimiento de su rol como representante de los intereses de la sociedad, desplegando los esfuerzos necesarios para que el Estado no salga perjudicado en este fraude colosal y que se le reconozca como único y legítimo propietario de dichos terrenos.
Señaló que durante el proceso judicial de este caso han logrado obtener pruebas contundentes que demuestran la expedición de más de mil constancias de títulos de propiedad que fueron obtenidos por particulares de manera fraudulenta.
El Estado dominicano es representado en este caso por el procurador general de la República a través del abogado del Estado, Gedeón Platón Bautista Liriano; y los abogados César Bienvenido Ramírez Agramonte, quien representa al Instituto Agrario Dominicano (IAD); Miguelina Saldaña Báez, a la Dirección General de Bienes Nacionales; Germán Ramírez, al Ministerio de Turismo, así como por abogados del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y los abogados particulares, constituidos y apoderados especiales, Laura Acosta Lora, Manuel de Jesús Cáceres Genao, Samuel Ramia Sánchez, Gustavo Biaggi Pumarol y Blas Minaya.
