Sin mediar licitaciones públicas, dos programas de conectividad del Gobierno de la Ciudad de México estarán a cargo de Telmex. La adjudicación de contrataciones públicas a favor del agente preponderante vulnera la competencia en el sector de telecomunicaciones
Ciudad de México a 7 de enero de 2019. – El gobierno de la Ciudad de México publicó un comunicado[1] revelando la firma de un convenio con Telmex, empresa perteneciente al Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T). De acuerdo con dicho comunicado, el acuerdo “logrará para 2019 un ahorro total de 307 millones de pesos” en dos programas relacionados con el uso de tecnologías de información: Ciudad Segura y Ciudad Digital.
Ciudad Segura inició en 2010 y en la actualidad suma 15,310 cámaras de video vigilancia conectadas hacia un Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5). El programa Ciudad Digital, engloba la provisión de conectividad y servicios de telefonía para dependencias públicas de la Ciudad de México, enlaces de datos especializados para operaciones de seguridad, finanzas y protección civil, así como la instalación de WiFi en espacios públicos de la ciudad y bibliotecas bajo un programa llamado Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes.
Si bien resulta positivo que los entes públicos disminuyan el costo de los servicios que en materia de conectividad le son prestados, así como que logren que éstos le sean proporcionados con mejor calidad, dichos entes deben asegurarse que los procedimientos de contratación que utilicen para obtener los servicios mencionados no generen situaciones que puedan afectar las condiciones de competencia en el sector telecomunicaciones, en el que hoy en día, conforme a la Constitución de nuestro país, existe un AEP-T, que por su tamaño y poder, podría ubicarse en situaciones ventajosas para desplazar a otros agentes que participan en la provisión de servicios de redes públicas de telecomunicaciones. Por ello, en opinión del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), este tipo de contrataciones no deben realizarse mediante la figura de adjudicación directa, esto es, sin que medie un procedimiento de licitación pública, en el que, a través de la concurrencia de los distintos operadores de telecomunicaciones, se garanticen los mejores precios y servicios.
De acuerdo con el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México, el Programa de Ciudad Segura reporta que se ha administrado mediante dos contratos multianuales de servicios, uno vigente entre 2008 y 2011 por un monto de 459 millones de dólares y otro vigente entre 2013 y 2017 por un total de 4,550 millones de pesos. Ambos fueron asignados mediante adjudicación directa a la empresa de telecomunicaciones fijas del AEP-T.
Bajo estas consideraciones, se puede inferir que el Gobierno de la Ciudad de México no habría celebrado un acuerdo para mejorar las condiciones de contratos vigentes con Telmex, sino que, en los hechos, habría celebrado nuevos convenios con el AEP-T, omitiendo realizar los procedimientos de licitación pública correspondientes.
Además de lo preocupante que resulta que no se recurra a la licitación pública como medio para asegurar las mejores condiciones y costos para proyectos como Ciudad Segura y Ciudad Digital, no debe pasar desapercibida la naturaleza de Telmex como AEP-T, sujeto a regulación asimétrica desde 2014, con motivo de participación predominante en todo el sector telecomunicaciones, lo que, conforme a la Constitución, lo coloca en una situación regulatoria distinta a la de los demás operadores. Con base en ello, Telmex no goza de libertad tarifaria, por lo que no puede acordar tarifas con entes públicos como el Gobierno de la Ciudad de México, distintas a las que le hayan sido previamente aprobadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Bajo ese tenor, el IDET considera relevante que el IFT se encuentre en constante alerta ante la presencia de las distintas negociaciones realizadas por el AEP-T para dominar también el sector de telecomunicaciones en el rubro de contrataciones públicas, mediante prácticas que impliquen el desplazamiento desleal de sus competidores.
Finalmente en el IDET creemos que la relevancia de las contrataciones gubernamentales en el sector telecomunicaciones, hace necesario establecer procesos abiertos de licitación donde las condiciones de competencia sean equilibradas y permitan ofrecer a los gobiernos y por ende a la sociedad mejores servicios bajo criterios transparentes y abiertos.
Acerca del IDET
El Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) es una asociación civil mexicana, constituida en julio del 2002, con fines estrictamente académicos, de investigación y propositivos, integrado por un grupo de especialistas del sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, que contribuyen al perfeccionamiento del marco regulatorio existente.
