El Observatorio Nacional para la Defensa de los Derechos del Consumidor (ONPECO), entiende que la evaluación para la escogencia de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia debe ser pública, transparente y hacerse con el respeto que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) merecen.
Esta entidad considera que los nuevos integrantes del alto tribunal han de ser escogidos mediante un reglamento donde la exclusión no sea el norte ni tampoco la confección de trajes a la medida de sectores interesados en manipular las altas cortes. No se trata de sustituir un grupo por otro grupo. Lo justo sería sacar a flote lo mejor de nuestra democracia para que la administración de justicia sea perfeccionada.
El Observatorio entiende que, evaluados los actuales jueces, resulta pertinente que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) se decante con hacer justicia para que sean tomados en cuenta magistrados de Cortes que no han podido ascender en el sistema, debido a que, por consideraciones de corte políticos, han quedado excluidos pese a su capacidad, probidad, experiencia y con un currículo imbatible.
La organización de defensa de los consumidores pide que al momento de evaluar se debe tasar los aportes de los magistrados a la consolidación del Estado social y democrático de derecho, y observar si sus decisiones son o no contraria a los valores y a los principios fundamentales de nuestra Constitución.
Para el ONPECO es de gran importancia que para la consolidación del sistema democrático y el desarrollo de los derechos sociales de rango constitucional, se tome en cuenta las decisiones y compromisos asumidos frente a conflictos por la defensa de legítimas conquistas de la sociedad, por lo que el Observatorio entiende que, como defensor de derechos constitucionales de consumidores y la ciudadanía en su relación con el mercado, debe expresarse para contribuir con que la Justicia sea creíble y fuerte instrumento como pilar el Estado.
Es por ello que al ONPECO le preocupa que muchos de los juristas públicamente sugeridos por grupos de poder como candidatos a sustituir a los actuales, no pasan esta prueba, pues su ejercicio profesional está plagado de acciones contra el Estado de derecho, lo cual es entendible desde la óptica del ejercicio liberal de la profesión de abogado, pero que los inhabilitan para el cargo de juez.
El país está inmerso por estos días en la evaluación que sobre el desempeño de los jueces de la SCJ realiza el Consejo Nacional de la Magistratura, con miras a confirmar o bien a sustituir, según proceda, a doce magistrados de la SCJ, de acuerdo a su labor de los últimos siete años dentro de la administración de justicia. Y el ONPECO como organización que defiende derechos fundamentales no debe mantenerse al margen.
Santo Domingo, 14 de enero de 2019
