Por Mario Osava.-RÍO DE JANEIRO, 17 Ene 2019 (IPS) – Los militares, contrariando su reputación, están moderando el nuevo gobierno de extrema derecha de Brasil, poblado de generales, contradicciones, declaraciones enfrentadas y medidas tan amenazadoras como legalmente cuestionables.
Son dolores del estreno de casi todos en la gestión pública, en la mejor hipótesis. El presidente Jair Bolsonaro tomó posesión el 1 de enero y un día después la mayoría de sus 22 ministros, siete de los cuales son oficiales retirados del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea.
Una semana después dos generales, los ministros de Defensa, Fernando Azevedo e Silva, y de Seguridad Institucional, Augusto Heleno Pereira, negaron cualquier iniciativa sobre la instalación de una base militar estadounidense en Brasil, desmintiendo así al presidente, quien había dicho que sería una posibilidad a discutir entre los dos gobiernos.
La propensión al alineamiento automático con Estados Unidos es pregonada por Bolsonaro y su ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, y ha incluido el anuncio del futuro traslado de la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.
Pero esa línea es frenada en el gabinete por los militares, adictos a la soberanía nacional, y los empresarios exportadores, que temen perder mercados.
Los países árabes son grandes importadores de carnes de Brasil y dejaron claro que reaccionarían a una decisión brasileña de seguir el ejemplo del presidente estadounidense, Donald Trump, con esa delegación diplomática.
Mudar la embajada en Israel es algo remoto, que demandaría mucha cautela y evaluación, matizaron los generales.
Peor aún sería pelear con China. Bolsonaro amenazó con imitar a Trump en su tensión económica con la potencia asiática, con ásperas críticas a sus inversiones durante la campaña electoral, pero un general próximo al ahora mandatario trató de contener beligerancia al agravio con la visita a la embajada de Beijng.
"La garantía de alguna racionalidad en este gobierno son los militares", dedujo para IPS en una entrevista Sonia Correa, co-coordinadora del internacional Observatorio de Sexualidad y Política, que hace años estudia la expansión de la derecha en el mundo, relacionada con el ultraconservadurismo religioso.
Son muchos los retrocesos, los desmentidos y correcciones acumulados en la primera quincena del nuevo gobierno brasileño y los generales se destacaron en la contención de daños, a menos hasta ahora.
Además, los militares retirados, incluso algunos en el gabinete, se posicionaron en una trinchera opuesta al gobierno en un tema crucial de la economía: la reforma previsional que el gobierno pretende aprobar en los próximos meses.
Fijaron su posición en contra de incluirlos en las medidas que retardarán la jubilación, exigirán mayores aportes y reducirán las desigualdades entre beneficiados, según lo que pretende el ministro de Economía, Paulo Guedes.
En Brasil, un país con 209 millones de personas y un sistema previsional muy generoso y deficitario, una dificultad para su reforma es la de abolir privilegios, como los de los funcionarios públicos, que se jubilan ganando lo mismo o incluso más que sus colegas activos.
Los representantes del estamento castrense arguyen que constituyen un caso especial, una carrera de Estado, de disponibilidad total, movilización a cualquier momento, sin recibir horas extraordinarias ni otros derechos laborales. Además, aducen, ganan menos que jueces y legisladores, los grandes privilegiados señalados por Guedes.
Pero el sistema previsional militar es el que presenta mayor aumento del déficit últimamente. Flexibilizar su ajuste podría limitar la reforma y estimular a otros sectores, como la policía, los jueces y los fiscales del Ministerio Público, a rechazar el asumir sacrificios.
La resistencia castrense desafía el ministro Guedes, un economista de la corriente radical, o para algunos anacrónica, del neoliberalismo formado en la Universidad de Chicago encargado de promover un fuerte ajuste fiscal, considerado indispensable para restablecer el crecimiento económico.
La reforma previsional requerirá, en todo caso, una enmienda constitucional, cuya aprobación requiere mayoría de tres quintos de los diputados y senadores, muy lejos del peso del bolsonarismo en las muy fragmentadas cámaras legislativas,
Mientras se espera la gran batalla económica, decisiva para el éxito o el fracaso del gobierno de extrema derecha, proliferan agresivas decisiones que afectan otras dimensiones de la vida nacional.
"Los fusiles apuntan a todos lados, en todas las áreas, sea de relaciones exteriores, derechos humanos, educación, medio ambiente. Sin seguridad de buenos resultados en la economía a mediano plazo, se mantiene la retórica electoral, de ataques generalizados para satisfacer el electorado", según Correa.
"Se trata de sostener la agenda, no la gestión", destacó a IPS. Con el "voluntarismo" y la "incapacidad" que sobresalieron en ese inicio, este gobierno apunta a "un fuerte potencial de desastre", acotó.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG), especialmente las ambientalistas, están entre los primeros blancos del fuego a discreción.
"Al parecer no se dan cuenta de que gobiernan para todos, no solo para sus adeptos, con leyes por cumplir", reaccionó Mauri Cruz, uno de los cinco directores ejecutivos de la Asociación Brasileña de Organizaciones No Gubernamentales (Abong), a una decisión del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).
El nuevo ministro, Ricardo Salles, decidió el día 14 suspender por 90 días todos los acuerdos y contratos firmados por órganos de su cartera con ONG, para la evaluación y corrección de posibles irregularidades, una medida que ratificó este jueves 17 tras versiones, una vez más confusas, sobre su congelamiento.
"Es ilegal, el ministro no puede imponer la medida a los fondos vinculados a su ministerio. Los fondos ambientales y de la Amazonia cuentan con autonomía establecida en una ley que solo prevé la suspensión del financiamiento en caso de irregularidades", explicó Cruz a IPS.
El llamado tercer sector ya se había alzado contra un decreto presidencial que somete a las ONG a la "supervisión, coordinación y monitoreo" de la Secretaria de Gobierno de la Presidencia, que encabeza el general Carlos Alberto dos Santos Cruz.
Eso viola la Constitución, que asegura el derecho de libre organización a la sociedad civil, regulada por una legislación propia, protestó la Abong.
Al gobierno solo le toca evaluar las cuentas de organizaciones que financia, se puntualiza. "En Brasil hay 800.000 organizaciones de la sociedad civil y solo dos por ciento reciben fondos del gobierno central y cerca de un tercio cuenta con recursos públicos, principalmente de municipalidades", resumió Cruz, un abogado activo en el tercer sector hace 38 años.
El experto prevé "tiempos difíciles para las ONG" ante la hostilidad del gobierno y la reducción de la financiación, debido también a la crisis económica iniciada en 2014. Pero la mayoría ya se ajustó en los últimos años con escasos aportes públicos, recurriendo a aquellos voluntarios y de las mismas comunidades donde actúan, sostuvo.
La extinción del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, una asesoría de la presidencia que orientaba a políticas públicas de combate al hambre y la desnutrición, fue otro golpe contra la sociedad civil, que tenía una mayoría de dos tercios dentro de la institución.
También se abolió el órgano que conducía el cambio climático en la cancillería y en el MMA. El tema es "una conspiración marxista" para el canciller Araujo y "no prioritario" para el ministro Salles.
Mayor conmoción provocó el decreto presidencial del 15 de enero, facilitando la posesión de hasta cuatro armas de fuego por cada brasileño mayor de 25 años, con autorización policial válida por 10 años, el doble que en la legislación anterior.
Flexibilizar esta reforma, una promesa electoral de Bolsonaro, busca combatir la criminalidad, se aduce. Defensores de la medida la consideraron insuficiente, porque demandan el derecho de andar armados e importar armas.
Pero en una encuesta del Instituto Datafolha, realizada en diciembre, 61 por ciento de los entrevistados se pronunció por la prohibición incluso de la posesión de armas.
Una "catástrofe perfecta" es como Correa, también investigadora de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria del Sida, califica el resultado de los comicios brasileños de octubre de 2018, en un artículo sobre los resultados electorales, a la luz de sus estudios sobre avances derechistas en el mundo.
Edición: Estrella Gutiérrez
