La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, solicito este lunes al Consejo Provincial para la Administración de Fondos Mineros de la provincia La Vega, como parte de las investigaciones que lleva a cabo para determinar el uso dado a los millones de pesos recibidos por este en el periodo de 10 años comprendido 2007/2016, para compararlo con lo informado por el consejo en sus rendiciones de memorias anuales.
Las informaciones solicitadas al consejo provincial fueron las siguientes: Primero: Relación de los fondos recibidos por ese consejo, durante el periodo 2007/2016. Segundo: Relación de los proyectos desarrollados en el indicado periodo, con detalles de los sectores beneficiados, montos invertidos, ubicación de cada uno de ellos, con los debidos soportes de pagos y cubicaciones, supervisión y las empresas o particulares, ejecutoras de los mismos y los estudios de impacto y prioridad de los mismos. Tercero: Relación de las inversiones del consejo en entidades del sistema financiero del país, tales como certificados financieros, depósitos, intereses generados por los mismos.
Cuarto: Relación de las donaciones y/o aportes directos a entidades y particulares, para asuntos de salud, vivienda, becas a estudiantes universitarios y de educación básica. Quinto: Inversión realizada por el consejo durante el periodo 2007/2016, en la adquisición de inmuebles, muebles y remodelaciones.
Sexto: Gastos por concepto renta de vehículos, equipos, contratación de servicios externos. Séptimo: Relación de gastos por concepto de viajes al exterior, boletos aéreos, viáticos y gastos de representación.
ADOCCO, viene dando seguimiento al manejo dado a la cuantiosa suma de recursos recibido, antes y después de la Ley 507-05 de fecha 22 de noviembre del año 2005, antes de la aprobación de la referida ley, el Decreto número 152-94 de fecha 9 de mayo del año 1994, ordenó transferir en favor de la provincia Monseñor Nouel, los beneficios que generan las acciones del Estado dominicano en la Falconbridge Dominicana, S.A., recursos que entonces eran manejados por la Corporación de Empresas Estatales, CORDE, para ser distribuidos en un 50 % para el municipio Bonao, 25 % en beneficio de Maimón y el 25 % restante en beneficio del municipio de Piedra Blanca.
“La Ley 507-05, tiene como propósito que esos fondos sean administrados por los consejos de desarrollo de las provincias Monseñor Nouel, La Vega y Sánchez Ramírez, para inversiones en obras de infraestructura, educación, salud y carretera, fondos que al aprobarse la ley se proyectaban en más de mil millones anuales, por concepto de los beneficios que obtiene el Estado a través de las acciones en la empresa minera Falconbridge”.
