El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó este domingo que en la actual coyuntura el país está ante una excelente oportunidad para dar inicio a un proceso de renovación del sistema de justicia, cuando en unos dos meses el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) deba concluir el proceso de elección o ratificación de la mayor parte de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a su presidente.
“Que ese proceso fortalezca o no la justicia es responsabilidad primero del presidente Danilo Medina, que controla los votos de 6 de los 8 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pero nos compete a todos los sectores nacionales exigir al mandatario cumplir su obligación de fortalecer el sistema judicial y con ello asegurar la estabilidad y la paz social del país”, subrayó el líder político.
Dijo que los dos representantes de la oposición en el Consejo, senador José Ignacio Paliza y diputada Josefa Castillo, han cumplido su desempeño con madurez y responsabilidad, defendiendo con firmeza el carácter institucional, la calidad y transparencia de la elección, sin caer en posturas extremas.
“Ahora depende del presidente Medina, y de los sectores interesados en el avance institucional del país, que la composición de la nueva Suprema sirva al fortalecimiento del sistema judicial, o que continúe en los niveles de degradación que han sido en parte responsables del auge de la inseguridad, el desasosiego social y las ostensibles lagunas del estado de derecho”, resumió.
“Por razones de orden social, económicas, institucionales y del desarrollo integral a que estamos compelidos los dominicanos a emprender a estas alturas de los avances de la humanidad, nuestro país urge de una nueva justicia que estoy seguro vendrá con el gobierno del cambio que iniciaremos a partir de agosto 2020, pero que tenemos ahora la oportunidad de iniciar”, expuso al dar inicio al encuentro sectorial Unidos por el Cambio, con la asistencia de más 300 abogados.
Al enumerar varias medidas para la necesaria independencia del sistema de justicia y garantizar la estabilidad y la paz social, dijo: nos proponemos: a) promover la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, devolviéndolo a su composición original, excluyendo al Procurador General de la República; b) lograr la instauración de un concurso de oposición para la escogencia de jueces y abogados que aspiren a la Suprema Corte de Justicia y así garantizar la idoneidad de estos; c) Abogar para que en las Altas Cortes se elija a personas que no hayan evidenciado militancia política en un período de cinco años, previo al proceso de designación; d) Hacer todo cuanto sea posible para lograr la independencia del Ministerio Público, haciéndolo autónomo del Poder Político.
Preguntado cómo se lograrían esos avances, en medio de la extrema precariedad en que se desenvuelve el sistema judicial, Abinader respondió que cambiando la conducta irresponsable que ha mantenido el gobierno del PLD en la aplicación del mandato de la ley 194-04 de Autonomía del Poder Judicial, la cual manda que el Poder Judicial reciba el 2.67% de los ingresos fiscales, mientras se le asigna alrededor de la mitad.
“Nuestro primer compromiso es cumplir y hacer cumplir la ley que asigna al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República los fondos que la ley les otorgan para que puedan realizar sus funciones”, precisó, para agregar que no es posible que la provincia Santo Domingo tenga la mitad de los tribunales que el Distrito Nacional cuando recibe el doble de procesos judiciales anualmente. Ni es concebible que aún estén pendientes de apertura más de 100 tribunales, solo por falta de fondos. Por eso la Justicia requiere urgentemente un cambio que nosotros como gobierno sabremos cómo lograr.
Enfatizó en que es indispensable la despolitización de quienes estén llamados a ser representantes de la sociedad ante la Justicia, y para eso es necesario reformar el régimen regulatorio del Ministerio Público, por eso promoverá una reforma a la Constitución a los fines de que el Presidente de la República no sea quien designe del procurador General de la República y que garantice la inamovilidad del Procurador y sus adjuntos, así como fortalecer la carrera del ministerio público. También es impostergable mejorar los salarios de los procuradores, fiscales y fiscalizadores.
Uno de los abogados preguntó lo que haría su gobierno por un combate efectivo a la corrupción, adelantando que transformarán la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en una Fiscalía Nacional Contra la Corrupción, dotada de los recursos necesarios para la realización de su misión, así como de independencia funcional y organizativa, con inamovilidad de sus miembros.
“Igualmente, propondremos que la designación del Fiscal Nacional Anticorrupción sea realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura y no por el Presidente de la República, en consonancia con mi anunciado propósito de eliminar la influencia política en la persecución de la corrupción y la consecuente impunidad que de este mal se deriva”, agregó.
Para garantizar la seguridad ciudadana dijo que una meta inmediata del nuevo gobierno será reducir los niveles de violencia, particularmente contra las mujeres, así como los asaltos y robos en las calles, para lo cual se hará una profunda reforma de la Policía Nacional que devuelva la motivación y la capacidad operativa de esta institución a fin de responder con eficacia a las demandas de seguridad de los ciudadanos.
Esa reforma, precisó, deberá lograr un cambio en la cultura institucional y restablecerá a la Policía Nacional la imagen de auxiliar de la justicia y cuerpo del orden, al servicio del ciudadano. “En el gobierno que presidiremos, incorporaremos nuevas tecnologías y métodos para combatir la delincuencia, y por eso, al margen de un plan general que figurará en el programa de gobierno, quiero referirme a las soluciones inmediatas y coyunturales que he venido presentando a la opinión pública, como son:
a) Agregar 35 mil millones de pesos al presupuesto de la Policía Nacional, para hacer la gran reforma policial que incluya el aumento general de salarios, en donde el más bajo sea US$ 500.00 o RD$25,000.00 mensuales. Así como la depuración y tecnificación de ese cuerpo. b) Duplicar la asignación presupuestaria al sistema de justicia, para cumplir con lo que manda la ley y que tenga los recursos necesarios para ser complemento eficiente a la gran reforma policial; c) Implementar el programa que he denominado Oportunidad 14-24, en el cual promotores sociales identifiquen en todos los barrios del país, a los jóvenes entre 14 y 24 años que en la actualidad ni trabajan, ni estudian para integrarlos en la formación técnico-vocacional y apoyarles en iniciativas de emprendimiento, y d) Reformar el Código Penal, endureciendo las sanciones, introduciendo la cadena perpetua y el cúmulo de penas para los casos de extrema gravedad.
Frente a la corrupción
Anotó que además de promover la creación del Fiscal Nacional Anticorrupción, adoptará medidas de control interno en la administración pública, como:
a) Transparentar la gestión de las entidades gubernamentales publicando los soportes de cada autorización de pago; b) Auditar las instituciones públicas de manera semestral, con equipos de auditoría rotativos y de manera aleatoria. Se utilizarán empresas de auditoría del sector privado para confirmar las auditorías de la Contraloría. c) Modificar la ley de Compras y Contrataciones Públicas a fin de establecer sanciones penales y civiles para los miembros de los comités de compras y contrataciones de cada institución pública.
En otro orden propiciará la aprobación de la ley de extinción de dominio, que permita al Estado perseguir los bienes de origen ilícito adquiridos por los funcionarios públicos y los provenientes del crimen organizado en sentido general.
Sobre el cambio frecuente de las reglas que deben observar los inversionistas, dijo que el gobierno del cambio procurará establecer un conjunto de reformas institucionales para establecer un gobierno eficiente, mediante una Ley de Silencio Administrativo, Consolidación de la Ventanilla Única de Inversión, Estabilidad Jurídica y ley de Simplificación Burocrática.
“Revisaremos la Ley de Compras y Contrataciones para permitir la mayor concurrencia posible de proveedores del Estado, especialmente las micros y pequeñas empresas, para que la inversión, especialmente la extranjera directa reciba un gran impulso y atraiga nuevos proyectos en las áreas de energías renovables, turismo, agroindustria, zonas francas, industrias de exportación, puertos y muelles, telecomunicaciones y en áreas de servicios”, citó.
Sobre el endurecimiento de las penas a delincuentes reincidentes dijo tener conocimiento de que las penas privativas de libertad deben tener como principal objetivo la reeducación y reinserción social de los condenados. Sin embargo, la ciencia de la conducta ha llegado a la conclusión, y esto es irrefutable, de que en todas las sociedades aparecen individuos que demuestran no ser fácilmente regenerables.
En sociedades como la nuestra, de un desarrollo institucional incipiente, generalmente estos sujetos terminan muertos a tiros en enfrentamientos con la Policía; ya en la República Dominicana, hemos visto casos en los cuales la venganza privada ha dado al traste con sus vidas, agregó.
Completó su criterio planteando que en civilizaciones más avanzadas que la nuestra, como los casos de España donde existe la prisión permanente revisable; Estados Unidos y otras, se opta por apartar de la sociedad a los sujetos no regenerables por un tiempo considerable, dando la posibilidad al Estado de impedir que individuos de esta naturaleza, cuya reinserción no es posible, vuelvan al seno de la sociedad convirtiéndose en un peligro para todos; pero a la vez protegiendo la integridad física de ellos.
“Este propósito irá acompañado de una reforma sustancial al sistema carcelario, que dignifique y eduque a los internos, para que a su regreso a la sociedad, sean personas de bien y útiles, tanto, para la sociedad misma como para ellos y sus familias.
En la interacción con Abinader , que se desarrolló en el hotel Lina, participaron los abogados José de los Santos, de San Cristóbal, Nicolás Álvarez, de Santiago, Sebastián Rodríguez, del Distrito Nacional, Obispo Rodríguez de los Santos, por Santo Domingo Oeste, Nelson Antonio Carvajal, El Seibo, Gerardo Lebrón, de Haina Enrique Castro, sector externo, y Ángel Mauricio Soto, sociedad civil.
10 de febrero 2019.
