Sin que a nadie le haya resultado motivo de alarma, en el Presupuesto de este año, la Junta Central Electoral logró que le consignaran 1,600 millones de pesos para la adquisición de equipos electrónicos para computación electoral.
La pregunta del millón ¿No fue para eso que con recursos de los contribuyentes dominicanos, se hizo una inversión por 40 millones de dólares en compra de equipos que estaban recién estrenados a la llegada de los nuevos miembros de la JCE en 2016?
Busquemos la explicación en el peor escenario: esa adquisición fue una estafa, pero si fue así ¿Por qué no hay un expediente en la justicia? ¿Cómo es posible que la empresa que habría engañado al Estado con esa venta esté tranquilita cobrando su dinero, y que los funcionarios que les habrían servido de cómplices no se encuentren procesados?
Lo que dice el propio informe de la Dirección de Informática de la JCE que ha desechado esa inversión es distinto: que en la inspección técnica que realizó entre el jueves 26 de enero hasta el 17 de febrero del 2017 de los 48,765 equipos (unidad de registro, impresoras y unidad de escrutinio) habían 44,551 sin ningún problema y 4,214 con problemas, 8.64%.
Ese mismo informe añade: “Durante el proceso de inventario y diagnóstico, la empresa INDRA fue edificada de los problemas encontrados y procedió a entrenar a nuestro personal técnico. Bajo su supervisión se repararon la mayor parte de los equipos en una jornada que estuvo en operación desde el día 20 de febrero al día 2 de marzo del 2017 en calidad de garantía de los equipos”.
¿Cómo una JCE que ha certificado haber recibido en perfectas condiciones 48,428 del total de 48,765 equipos adquiridos luego puede alegar que son inservibles, para justificar la adquisición de nuevos? ¿Cómo es posible que a nadie le duela esa inversión y alegremente se propicie una nueva?
La Cámara de Cuentas auditó todo el proceso de licitación y su informe dice que se ejecutó acorde con la norma, y una supra comisión de técnicos designada para examinar los equipos no complació a los que querían escuchar un informe que justificara nueva compra.
Aparte de los 1,600 millones consignados para compra de equipos, la JCE está facturando 600 millones a ese concepto en el costo de las primarias de los tres partidos que se han acogido a ese método de elección de sus candidatos, con lo que se elevaría a 2,200 millones el presupuesto de la nueva compra.
Las informaciones están disponibles para todo el que las quiera consultar, y son una evidencia de despilfarro ante los ojos de la clase política y de una sociedad de doble moral, que sólo se escandaliza ante los desmanes que pueden facturar algún costo político, pero que frente a situaciones como la del abuso de sobrecomprar a cuentas del erario, por ego o por dañar a una gestión anterior, se hace la vista gorda.
El informe de la JCE que ha pretendido echar al zafacón la inversión encontrada dice: “Donde se realizó el escrutinio automatizado, si bien resultó lento como consecuencia de la auditoria que se realizó en cada centro comparando los resultados manuales contra lo de la unidad de escrutinio automatizado. En todos los casos observados arrojó un resultado rápido, confiable y similar al obtenido manualmente”.
¿Si esa fue la experiencia no había más tiempo para superar los inconvenientes y aprovechar la inversión?
