(Análisis de Mario Osava). RÍO DE JANEIRO, 19 Feb 2019 (IPS) – Dos iniciativas de inspiración militar conducen el nuevo gobierno de Brasil, compuesto de numerosos generales, al camino de los megaproyectos de funestos resultados en las cuatro últimas décadas.
Concluir la tercera central nuclear del país y encaminar la construcción de otras ocho es el plan en estudio, anunciado por el ministro de Minas y Energía, el almirante Bento Albuquerque.
El gobierno de extrema derecha se arriesga a repetir el desastre del programa nuclear de la dictadura militar (1964-1985), que inició en los años 70 la construcción también de nueve unidades generadoras y logró poner solo dos en operación, con un costo de decenas de miles de millones de dólares, y dejar una tercera inacabada.
Otro gran proyecto, que se espera que sea formalizado por decreto antes de abril, se destina a construir una carretera, una central hidroeléctrica y un puente fluvial sobre el mayor río del país, en una parte bien conservada de la Amazonia.
Es una vieja propuesta del general retirado Maynard Santa Rosa, titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, que la defiende principalmente por razones de seguridad nacional.
El objetivo es generar electricidad para el tramo medio de la cuenca amazónica, donde está Manaos, una ciudad de 2,1 millones de habitantes, y promover el desarrollo local para frenar las organizaciones ambientalistas e indigenistas internacionales, escribió el general en un artículo de 2013.
Una paranoia muy difundida entre los militares brasileños es la supuesta amenaza a la soberanía nacional que representan las reservas indígenas y las organizaciones no gubernamentales (ONG), que podrían llevar a declarar la independencia o la "internacionalización" de partes de la Amazonia.
El mismo presidente Jair Bolsonaro, un antiguo capitán del Ejército, identificó los peligros que acarrearía la Triple A, un corredor ecológico Andes-Amazonia-Atlántico, aunque no pasa de ser una propuesta de la ONG colombiana Gaia Amazonas, como forma de proteger la naturaleza en el extremo norte de Brasil y parte de otros siete países amazónicos.
Ese fue el motivo, según el mandatario en el poder desde enero, para que Brasil desistiese de acoger la 25 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25), que finalmente se desarrollará en Chile en enero de 2020.
El general retirado Augusto Heleno Pereira, jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, con rango de ministro, ha reiterado el temor de pérdida de partes del territorio nacional si grupos indígenas, especialmente con tierras adjudicadas en la frontera, se juntan a ONG u organismos internacionales para independizarse.
El nuevo gobierno es el más militarizado de la historia brasileña, con más oficiales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea en su composición que en cualquier otro período, incluyendo el de la última dictadura militar.
Además de los ocho ministros hay más de cuatro decenas de funcionarios de origen castrense en otros cargos de dirección. Esa presencia va a ampliarse, ya que los ministros de Educación, Ricardo Vélez Rodríguez, y de Medio Ambiente, Ricardo Salles, son favorables a la militarización de las escuelas y órganos de sus carteras.
El pensamiento militar, por ende, orienta variados sectores del gobierno. Es el caso de la ocupación amazónica por grandes obras de infraestructura. "Integrar para no entregar" la Amazonia era la consigna de la dictadura militar que vuelve a la orden del día.
En el sector energético, la opción nuclear estaba implícita en el nombramiento del almirante Albuquerque, ya que él era antes el director general de Desarrollo Nuclear y Tecnológico de la Marina.
A su cargo estaba un programa de construcción de cuatro submarinos convencionales, el primero de los cuales se lanzó al mar en diciembre, y uno de propulsión nuclear.
La Marina desarrolló un programa nuclear paralelo, oculto durante varios años, que logró dominar una tecnología de enriquecimiento del uranio, aunque Brasil asumió compromisos internacionales de renuncia a su uso bélico.
Multiplicar las centrales eléctricas de esa fuente forma parte de los planes tecnológicos y estratégicos de los militares que consideran vital el avance en el conocimiento de esa área.
Además, Brasil tiene grandes yacimientos de uranio y desarrolló una industria de equipos y combustibles nucleares que podrían consolidarse con la demanda de nuevas centrales eléctricas y los submarinos.
Pero hay gran posibilidad de repetir la frustración del programa iniciado en los años 70, por parecidas dificultades financieras. Antes de la crisis de la deuda externa de los años 80 abortó algunos megaproyectos de la dictadura militar, tildados de "faraónicos" por los críticos.
Brasil adquirió su primera central nuclear de Estados Unidos, con el reactor de la empresa Westinghouse. Se denominó Angra 1 porque fue implantada a 130 kilómetros al oeste de Río de Janeiro en línea recta, al borde del mar, en el municipio de Angra dos Reis.
Las obras se prolongaron de 1972 a 1982 y su operación comercial solo empezó en 1985, con una capacidad generadora de 657 megavatios.
Mientras, en 1975, el gobierno militar firmó un acuerdo de cooperación nuclear con Alemania, que comprendía la construcción de otras ocho centrales, con transferencia de tecnología.
Solo la primera de ellas, Angra 2, instalada en la misma pequeña bahía rodeada de montañas, se puso de pie en un turbio proceso que se prolongó hasta 2000, cuando quedó operativa, con una potencia de 1.650 megavatios.
La segunda unidad de tecnología alemana, Angra 3, comenzó su construcción en 1984, interrumpida dos años después y reanudada de 2010 a 2015.
Retomar el proyecto de costos astronómicos suena poco probable para un gobierno que fue electo con la promesa prioritaria de promover un ajuste fiscal, empezando por reducir el déficit del sistema de previsión social.
Además sería una central de vieja tecnología, realizada con equipos almacenados durante más de tres décadas, todos proveniente de Alemania, que está desactivando sus últimas unidades nucleares.
Contra la ampliación del parque nuclear conspira el costo de su energía, mucho más cara que la de fuente hídrica, abundante en Brasil, y de las alternativas solar y eólica cada día más baratas.
Sobre todo los megaproyectos tienen una historia de muchos fracasos.
La carretera que el general Santa Rosa pretende impulsar en la Amazonia es justamente el tramo más al norte y abandonado de uno de los megaproyectos viales diseñados por la dictadura militar y cuya construcción comenzó en los primeros años 70.
La BR-163 se trazó para cruzar todo el territorio brasileño del sur al norte, con 3.470 kilómetros, pero se interrumpió en Santarém, donde el río Tapajós desemboca en el Amazonas. Fue un elefante blanco durante más de dos décadas, hasta que la expansión de la soja en el estado de Mato Grosso la volvió útil.
El nuevo proyecto es completarla hasta la frontera con Suriname, pero no se justifica económicamente. El tramo que transporta la mayor producción de soja hacia los puertos de exportación sí, pero aún carece de pavimentación en 90 kilómetros, y es ahí donde las inversiones serían prioritarias.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-201), del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), también desató una oleada de megaproyectos que fracasaron en buena parte, como ferrocarriles, puertos, astilleros, refinerías y petroquímicas, y se transformaron en escándalos de corrupción.
Se concluyeron grandes centrales hidroeléctricas programadas, pero provocaron protestas de poblaciones afectadas, manchando esos proyectos. Esa reacción sería previsiblemente mayo si avanzan las obras del nuevo gobierno en la Amazonia, ya que dañarían varias tierras indígenas y de quilombolas (comunidades afrodescendientes).
Edición: Estrella Gutiérrez
