En rueda de prensa celebrada esta mañana en la sede del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, la asamblea de organizaciones del Sector Social del Pacto Eléctrico afirmó que la fallida convocatoria a firma del Pacto Eléctrico perseguía legitimar contratos sin licitaciones con los grandes generadores, amparados en el poder especial que el Poder Ejecutivo le otorgó a Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Hablando en nombre de las organizaciones, el profesor Fernando Peña dijo que la convocatoria y la posterior posposición a la firma del Pacto Eléctrico confirman que el Gobierno procuraba la legitimación “del turbio proceso de Punta Catalina-Odebrecht y el nuevo poder que le ha entregado el presidente Danilo Medina a Rubén Jiménez Bichara, para realizar nuevas contrataciones y negocios secretos, sin licitaciones de energías y compras para el sector eléctrico”.
El profesor Peña mostró a la prensa el Poder especial al vicepresidente ejecutivo de la CDEEE de fecha 31 de agosto pasado, mediante el cual “el Poder Ejecutivo otorga poder especial para que, en nombre y en representación del Estado dominicano, suscriba con las empresas de generación eléctrica dominicanas que así lo soliciten, aquellos contratos, acuerdos o documentos que se determinen necesarios para que esas empresas puedan convertir sus unidades de generación a gas natural”.
Explicó que por conductas como esa carentes de ética y violatorias de la ley, el Sector Social se ha opuesto a la firma del Pacto Eléctrico cuyo objetivo fundamental es “blindar la corrupción y la impunidad existentes en la construcción de Punta Catalina”.
Manifestó que la posposición indefinida del Pacto Eléctrico es una derrota a la mafia público-privada constituida por el Gobierno y por la cúpula del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) que pretende continuar haciendo negocios ilegales en el sector eléctrico a expensa de la población.
“El país debe estar alerta y tener mucho cuidado con los potenciales beneficiarios de los nuevos negocios con las EDEs y que pretenden aprovechar la discusión del Pacto Eléctrico para potenciar sus intereses y posibilidades de inversión y procurando ahora que se haga un traje a la medida de sus propósitos”, alertó.
Denunció que el documento que sería firmado en el acto del Palacio Nacional es un invento de último minuto que no fue acordado por nadie ni por ninguna instancia establecida por los reglamentos.
Señaló que hace más de un año que no se realiza una sola actividad institucional del Pacto y el Comité Técnico de Apoyo no produjo este documento, el cual debía ser conocido antes por la plenaria del Pacto para su sanción y posterior asunción por el Poder Ejecutivo.
Peña planteó que se convocó a la firma de un documento que nadie conocía ni nadie había consensuado, con la finalidad de hacer politiquería desde el discurso del Presidente de la República, el próximo 27 de febrero.
“Abortó de nuevo la maniobra de procurar mantener las manos sueltas del funcionariado público que hace negocios y acumula riquezas a expensas de la crisis del sector eléctrico y de una economía que no resiste más el peso financiero de la misma”, apuntó.
Reiteró que el Sector Social ha reclamado en el Pacto Eléctrico con la oposición del Gobierno y la cúpula del CONEP, la inmediata reducción de la tarifa eléctrica en un 30%, compensación por apagones a consumidores según lo establecido en la Ley de Electricidad, eficientizar las EDEs en el corto plazo, disminuir las pérdidas a un 15% en dos años y establecimiento de veeduría social independiente en cada empresa eléctrica estatal y de forma transversal en todo el sistema eléctrico.
Señaló que igualmente reclaman la investigación y el castigo de los actos de corrupción cometidos en la construcción de Punta Catalina como en los demás contratos y en las empresas públicas del sector eléctrico, entre otras medidas.
En la rueda de prensa, además del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas, estuvieron representantes del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), del Consejo Dominicano por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de la Educación (CONDETRE), de la Asociación de Comités de Amas de Casas, de la Articulación Nacional Campesina, entre otros.
