Los 38 legisladores que votamos en contra de la ley de Partidos Políticos, que actuaron en fiel seguimiento a la posición democrática e institucional que el presidente y líder del partido, el Dr. Leonel Fernández Reyna había mantenido con firmeza, en el sentido de que una ley que obligara a la celebración de “primarias abiertas” o “cerradas” para todos los partidos del sistema de manera simultánea, era materialmente inconstitucional. Sin embargo, y pese a que la ley no se aprobó en esos términos, el resultado de la misma no ha adolecido de un sin números de cuestionamientos por parte de la sociedad en general, y, por parte, además, de los partidos del sistemas, en particular.
En efecto, en defensa de la Constitución, y de sus derechos fundamentales, varias organizaciones políticas, y hasta personas físicas o particulares, han impugnado varios artículos de la Ley 33-18; entre estos se encuentran los artículos 8, 24, 43, 44, 46, 47, 49, 53, 54, 57 y 58. Es decir, en la actualidad el Tribunal Constitucional se encuentra apoderado de más de siete acciones directas de inconstitucionalidad contra la mencionada ley; y, además, ya se habla de que será impugnada la recientemente aprobada, Ley del Régimen Electoral.
Ahora bien, desplazándonos al contexto político inmediato, en medio de los incesantes rumores que dan cuenta de posibles aprestos para una reforma constitucional, y en consonancia con la actitud manifestada por la sociedad dominicana, la cual rechaza en más de un 70% otra reforma constitucional con fines reeleccionista, el grupo de los ahora 40 legisladores que votamos en contra de la ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, estaremos de nuevo, y con toda firmeza del lado de la Carta Magna, y del sentir del pueblo dominicano, con sus voces más autorizadas y representativas, en contra de lo que sería un atropello mayor que el que se perpetró con la Ley de partidos políticos, es decir, un intento de modificación constitucional con el objetivo de lograr una habilitación, prohibida expresamente, para un intento de reelección presidencial de cara al próximo certamen electoral.
Ciertamente, y muy a pesar de la elocuencia e insistencia de los “abogados mercantiles” que van a los medios de comunicación vendiendo y promocionando “fórmulas jurídicas apócrifas”, para levantar el impedimento constitucional que pesa sobre el actual Presidente, lo cierto es, que el Tribunal Constitucional ha dicho que toda modificación constitucional, y en particular, la de la disposición vigésima, debe pasar, necesariamente, por el Congreso Nacional. Por tanto, solo el Congreso Nacional, reunido en Asamblea Nacional Revisora, tiene la potestad para remover el impedimento de orden constitucional que impide la repostulación del actual mandatario.
En adición a lo anterior, se debe señalar, que la mayoría cualificaba que exige tal proceso (dos tercera partes), al día de hoy no existe, y sólo podría conseguirse a través de medios indecentes, ruines y deleznables, que afectarían seriamente la democracia dominicana, y fragmentaria el relativo estado de paz y convivencia en que se encuentra la Republica Dominicana.
En fin, de todo lo anterior, llegamos a la modesta reflexión de que, con un entorno internacional hostil a las perpetuaciones en el poder por medios fraudulentos, con una sociedad que rechaza contundentemente la reelección en más de un 70%, y sin el consenso interno del PLD, ni externo, de las demás fuerzas políticas para producir la matricula cualificada que le exige la Constitución al Congreso Nacional a la hora de una modificación de la misma, resulta una temeridad de alto riesgoso abordar un proyecto de esta naturaleza y poner en riesgo una valiosa obra de gobierno realizada por unos de los presidentes, hasta la fecha, más sensatos de la República Dominicana, el Lic. Danilo Medina.
Sin embargo, en cualquier caso, y bajo cualquier circunstancia, los 40, más los de la oposición, defenderemos la Constitución, juntos con al Presidente Leonel Fernández y el Pueblo dominicano.
