Por Jimmy Rosario Bernard.-Dos de las más importantes empresas de telecomunicaciones del país, Claro RD y Altice Dominicana, han venido registrando cortes en sus servicios, sobre todo en telefonía móvil (voz y datos).
Según él es el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), a febrero de este 2019, son solo tres las empresas que brindan en nuestra nación telefonía móvil, quienes tienen una totalidad de: 8,966,442 de usuarios, distribuidos en dos tipos de servicios. Claro Dominicana con 3,746,946 en la modalidad pre-pago y 1,299,775 en el esquema post-pago, para una total de 5,046,721, siendo esta la que más usuarios tiene en su cartera de clientes de telefonía móvil. Luego le sigue según cantidad de usuarios, Altice Dominicana, con 2,501,826 pre-pago y 877,033 en post-pago, para un total de 3,378,859, y una de capital dominicano, que desde nuestro punto de vista viene abriéndose camino con estrategias y recuperando espacios perdidos en el pasado, fruto del poderío utilizado por las dos primeras en mención, Trilogy Dominicana (Viva), con 515,374 Pre-pago y 25,488 en post-pago para un total de 540,862.
En el caso Claro Dominicana, la avería presentada en los servicios el pasado 21 de marzo, la empresa reportó haber sido víctima de cortes en fibras ópticas de su propiedad por parte de una empresa constructora. Durante la avería en una “falla en la navegación de datos a nivel nacional para clientes fijos y móviles y algunas centrales fijas y celdas móviles de la Zona Norte no disponibles”. Además, informaron que “se produjo un primer corte en la ruta principal (Altos de Virella Puerto Plata)” y “40 minutos después se produce otro corte generado por otra empresa contratista”, esto sucedió en la ruta de Nagua-Río San Juan.
Con respecto a la otra empresa de capital extranjero, Altice Dominicana, esta informó que su red se vio impactada por un incidente en su Data Center, que afectó los servicios de voz y datos móviles.
Llama a preocupación, que estas compañías que representan más del 90% de la telefonía móvil de nuestro país, con cuantiosos recursos invertidos en su infraestructura tecnológica y personal de servicio, de manera ligera comunicaran a la nación, en cada una de las situaciones presentadas sobre la salida de los servicios y la no disponibilidad de estos, para los usuarios.
Lo más interesante de todo esto, y en nuestra humilde opinión, es que por más pequeña que sea una institución, sobre todo de servicios, debe de garantizar lo que es llamado la continuidad del negocio, la redundancia en sus equipos, la alta disponibilidad, o como se le quiera citar, y en este caso según lo expuesto por dichas multinacionales, radicadas en el país, no han dejado evidencia de que existan, dejando claro la falta de planes de contingencia, planificación y estar acorde con estándares internacionales.
Esto podría verse como algo sencillo, pero estamos hablando de un problema de carácter de seguridad nacional, en donde millones de dominicanos dejaron de recibir el servicio y las perdidas por esta situación será difícil de cuantificar, pero deben de ser de muchos millones de pesos.
Por su parte, INDOTEL declara formalmente abierto el Procedimiento Sancionador Administrativo iniciado contra la telefónica Altice Dominicana, el cual se sustenta en los indicios razonables de comisión de las faltas administrativas consistentes en el incumplimiento a la obligación esencial de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos, y en la falta en la entrega de informaciones requeridas por el órgano regulador a través de la Norma de Calidad del Servicio de Telefonía y Acceso a Internet.
Con esta medida, la cual vemos con beneplácito, INDOTEL busca sancionar la falta de información ya que Altice Dominicana debió suministrar información al órgano regulador a partir de la interrupción del servicio y sanciona además el no establecer medidas de seguridad en la infraestructura de su red que permitiera garantizar la continuidad en la provisión de los servicios de voz y datos móviles.
Como es posible que, hasta la fecha, dicha empresa, no ha hecho efectiva la entrega completa del informe detallado del evento ocurrido, ¿obligación que ha debido cumplir dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la detección de la avería el pasado 27 de marzo?
Lo más interesante de todo esto y nuestra humilde opinión, es que por más pequeña que sea una institución, sobre todo de servicios, debe de garantizar lo que es llamado la continuidad del negocio, la redundancia en sus equipos, la alta disponibilidad, o como se le quiera citar, y en este caso según lo expuestos por dichas multinacionales, radicadas en el país, no ha dejado evidencia de que existan, dejando claro la falta de planes de contingencia, planificación y estar acorde con estándares internacionales.
Esto puede verse como algo sencillo, pero estamos hablando de un problema de carácter de seguridad nacional, en donde millones de dominicanos, dejaron de recibir el servicio y las perdidas por esta situación será difícil de cuantificar, pero deben de ser de muchos millones de pesos.
Por su parte, INDOTEL declara formalmente abierto el Procedimiento Sancionador Administrativo iniciado contra la telefónica Altice Dominicana, el cual se sustenta en los indicios razonables de comisión de las faltas administrativas consistentes en el incumplimiento a la obligación esencial de asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos, y en la falta en la entrega de informaciones requeridas por el órgano regulador a través de la Norma de Calidad del Servicio de Telefonía y Acceso a Internet.
Con esta medida, la cual vemos con beneplácito, INDOTEL busca sancionar la falta de información ya que Altice debió suministrar información al órgano regulador a partir de la interrupción del servicio y sanciona además el no establecer medidas de seguridad en la infraestructura de su red que permitiera garantizar la continuidad en la provisión de los servicios de voz y datos móviles.
Como es posible que, hasta la fecha, dicha empresa, no ha hecho efectiva a la fecha a INDOTEL, la entrega completa del informe detallado del evento ocurrido, obligación que ha debido cumplir dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contadas a partir de la detección de la avería el pasado 27 de marzo.
