Los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano representados en la corriente Por el Rescate del PRD reconocieron el valor histórico de la sentencia del TSE que reitera la anulación de la Convención XXX1V porque manifiesta la integridad y el compromiso institucional de un órgano que colocó por encima de los intereses partidarios la fiel interpretación de la ley, estableciendo que todo no está perdido en un país donde el poder tiende a doblar la voluntad en provecho de agendas indecentes.
Para Tonty Rutinel, Ruddy González, Guido Gómez Mazara, Papito Martínez, César Guzmán y Andrés Henríquez, el hecho de que la sentencia establezca con claridad meridiana que Vargas Maldonado no es presidente de la organización crea las condiciones para la celebración de un proceso convencional que bajo ningún concepto podrá retardarse debido a que las decisiones del TSE son de cumplimiento inmediato, no obstante cualquier recurso incoado, lo que en el orden práctico abre las compuertas para que en el régimen de partidos y electoral tanto la supervisión y fiscalización de la competencia interna en el partido blanco sea supervisada por la Junta Central Electoral.
Señalaron que el sector que administraba las siglas del PRD no puede retraerse de los plazos establecidos por el calendario estructurado por la JCE aduciendo factor tiempo, ya que formalmente no existe instancia de carácter institucional en capacidad de cumplir con las alianzas y cuotas programadas para el 7 y 22 de junio, lo que en el orden real, obliga a la realización de una competencia interna para que las autoridades surgidas por el voto de las bases tenga la legitimidad suficiente de conducir la organización y validar conforme a la ley y buen derecho los posibles entendimientos políticos y cuotas de participación en las elecciones del 2020.
Para los miembros de la corriente Por El Rescate del PRD, la hoja de ruta que garantiza el desarrollo de todo el proceso se inició con el envío mediante acto de alguacil, de las notificaciones de la sentencia del TSE del pasado 8 de abril al pleno de la JCE y al PRD que, en el caso de la organización partidaria, se hace extensiva advirtiendo que en razón de la decisión emanada de esa Alta Corte nadie podrá utilizar los fondos del partido, se torna ilegal usurpar calidades y condición de representante ante el órgano electoral porque tal usurpación genera sanciones penales claramente establecidas por las leyes del país.
Los dirigentes del PRD señalaron que comunicarán a las miembros de la Junta Central Electoral un cuerpo de iniciativas en el ánimo de agilizar toda la ruta hacia el establecimiento del ritmo institucional para que incidentes e inexplicables posturas de incumplir el mandato del TSE no terminen dañando las futuras aspiraciones de compañeros animados por aspiraciones legitimas, obstruidas por el sector de Vargas Maldonado y su anti-democrático afán de ejercer la condición de autoridad sin el concurso ni de la mayoría partidaria ni de los órganos constitucionalmente autorizados.
Finalmente, reiteraron su compromiso de luchar en los escenarios institucionales para devolverle al PRD la senda democrática y defender las manifestaciones de intolerancia y presión contra magistrados íntegros a toda cabalidad, cercados por franjas del poder propensas al desarrollo de campañas de descrédito contra hombres y mujeres que decidieron revitalizar con sus sentencias la institucionalidad democrática de la nación.
