Por José Adán Silva.-MANAGUA, 17 Abr 2019 (IPS) – Este 18 de abril, Nicaragua cumple un año sumida en una violenta crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos y profundas heridas económicas, sin que se vislumbre aún una salida para el conflicto pese a la instauración de una precaria mesa de diálogo.
El detonante de la rebelión de abril de 2018 fue una reforma del sistema de seguridad social, adoptada por decreto y luego anulada, que obligaba a empresarios y trabajadores a incrementar sus aportes, reducía sus beneficios y cortaba en cinco por ciento en monto de las jubilaciones.
La medida, que perjudicaba a 22 por ciento de los 6,3 millones de habitantes de este país centroamericano, solo fue consultada con sindicatos y gremios laborales, afines al gobierno del sandinista Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Las protestas fueron respondidas por una sangrienta represión que hasta finales de 2018, se había saldado con 325 personas asesinadas, en su mayoría por fuerzas de seguridad del gobierno, que reconoce solo 199 fallecido el año pasado.
Hasta abril de este año, organismos nicaragüenses de derechos humanos elevan la cifra de muertes a 585.
Se suman más de 4.000 heridos, más de 700 presos políticos, al menos 60.000 nicaragüenses exiliados, multimillonarios daños económicos, fuga de más de 1.000 millones de dólares de capitales y el cese de parte determinante de la vital cooperación internacional.
Para el jurista nicaragüense en el exilio, Uriel Pineda, si las reformas sociales fueron el detonante de las protestas, la violación a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad fue la pólvora que agravó el conflicto social.
"La represión y la alta cifra de víctimas civiles alertó a organizaciones de derechos humanos asociadas a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y otras instituciones" y eso las llevó "a denunciar e investigar los abusos de derechos humanos en Nicaragua", dijo a IPS.
Una de estas investigaciones, realizada por un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua, convocado por la OEA, determinó en diciembre de 2018 el uso de políticas represivas, que de acuerdo al derecho internacional pueden ser calificadas como delitos de lesa humanidad.
La reacción del régimen del exguerrillero Ortega fue expulsar a los investigadores del Grupo, cerrar las oficinas de organizaciones locales de derechos humanos y aumentar la represión y persecución contra activistas humanitarios y críticos con su actuación.
A criterio de Pineda, las investigaciones y las denuncias por violaciones de derechos humanos, junto con la reacción del gobierno, activaron sanciones individuales a funcionarios nicaragüenses por parte de Estados Unidos, Canadá, la UE y países de este bloque.
Nicaragua necesita asistencia internacional para combatir la pobreza y mejorar la vida de la población, y desde que comenzó la crisis se suspendieron fondos para variados proyectos desde Estados Unidos, Canadá, la UE y países europeos, así como por parte de organismos financieros multilaterales.
El aislamiento financiero de Managua y el impacto del conflicto interno agravaron la crisis económica del segundo país más pobre de América Latina, detrás de Haití, según cifras del Banco Mundial y otras instituciones internacionales.
Para la investigadora social Elvira Cuadra, fue la suma de estas presiones internacionales, las sanciones y su impacto económico, lo que obligó al régimen a restablecer el 27 de febrero una mesa de diálogo nacional con una coalición opositora que integran empresarios, estudiantes, partidos políticos y organizaciones sociales.
"Desde finales de abril de 2018 que el gobierno propuso la realización de un diálogo como alternativa para resolver la crisis del país, quedó claro que efectivamente esa es la mejor alternativa", dijo Cuadra a IPS.
Para ella, el éxito de esta Mesa de Diálogo Nacional, o de negociación como la califica el gobierno, tendrá éxito en la medida que la oposición mantenga en las calles las protestas de forma pacífica.
"Sobre todo porque el movimiento cívico ha sostenido en el tiempo una estrategia de acción cívica que ha deslegitimado cualquier otra alternativa de solución no cívica", explicó la socióloga.
A su juicio, "en ese contexto, la negociación sigue siendo la mejor opción para resolver la crisis a pesar de sus dificultades y complejidad".
Sin embargo, Cuadra, quien también se encuentra en el exilio por sus investigaciones sobre los abusos de las fuerzas públicas, advierte que para que el diálogo sea exitoso "se requiere principalmente la voluntad del gobierno para cumplir con los acuerdos que ya se han establecido".
Para el sociólogo y analista político Oscar René Vargas, Ortega ha recurrido al diálogo solo cuando se ha visto "arrinconado por las presiones económicas".
"Pero no tiene más objetivo que sostenerse en el poder contra viento y marea", alertó, sobre la estrategia presidenta y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo,
"Su estrategia es ofrecer un golpe de imagen a la comunidad internacional que lo amenaza con sanciones internacionales, ofreciendo un diálogo nacional y adquiriendo acuerdos que no está dispuesto a cumplir", dijo a IPS.
La crisis ha golpeado severamente la economía. Este año el producto interno bruto (PIB) de Nicaragua decrecerá cinco por ciento, según coinciden en pronosticar el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social eleva el retroceso del PIB durante 2019 a un rango de entre 7,3 y 10,9 por ciento.
Esta segunda edición del diálogo tiene como testigos al representante en Nicaragua del Vaticano y a un funcionario delegado por la Secretaría General de la OEA, únicos extranjeros admitidos por el gobierno, que rechaza a otros testigos.
El 29 de marzo las dos partes aprobaron dos acuerdos en las negociaciones: restablecimiento de derechos constitucionales y garantías ciudadanas, así como liberación programada de presos políticos.
Sin embargo, para José Pallais Arana, miembro de la mesa negociadora por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que aglutina a la oposición, el gobierno no incumplido los acuerdos, porque apenas un día después de alcanzados reprimió una manifestación pacífica.
"Hasta ahora, Ortega ha firmado acuerdos, ha emitido comunicados, todos los días dice y repite que cumplirá, pero no cumple. Sin embargo, nosotros consideramos que el diálogo nacional es la única salida a la crisis y vamos a agotar todos los esfuerzos en solucionar la crisis", dijo Pallais.
Este incumplimiento de los acuerdos y el continuo ejercicio de la represión contra las manifestaciones sociales, ha provocado creciente preocupación y molestia de la comunidad internacional.
Este martes 16 de abril, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, emitió un comunicado llamando al régimen a respetar los acuerdos.
Pese a los dos acuerdos que se alcanzaron en marzo en la mesa, "las negociaciones se han estancado, y los acuerdos no parecen haber sido implementados", dijo Bachelet en un comunicado.
"El hecho de que las negociaciones hayan llegado a un punto muerto y que el gobierno no esté honrando los acuerdos alcanzados hasta ahora, está socavando la posibilidad de establecer un verdadero diálogo inclusivo para resolver la grave crisis social, política y de derechos humanos que enfrenta el país", añadió la alta funcionaria de la ONU.
De parecido modo miembros del Parlamento Europeo han criticado la falta de cumplimiento de Ortega, así como la continuación de las políticas represivas contra los manifestantes que, pese a la represión, se las ingenian para expresar el descontento social.
Edición: Estrella Gutiérrez
