Durante varios meses y sin medir consecuencias, un influyente sector del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), desarrolló una teoría acerca de que el gobierno estaría tramando violentar la Constitución de la República, para permitir otra reelección del presidente Danilo Medina. Incluso, importantes miembros del Comité Político, actuaron como vocero oficial de una supuesta cruzada que alertó sobre un intento de establecer una “dictadura constitucional” en el país.
Recientemente, en un acto público, Bautista Rojas Gómez, llegó al extremo de decir que “ni siquiera el propio dictador Rafael Leónidas Trujillo, había intentado hacer con la Constitución de la Republica, lo que pretendía el gobierno de Danilo Medina”. Y, según sus expresiones, “el país se estaba encaminando hacia una dictadura con ribetes de autoritarismo peores que los del funesto dictador”.
Asimismo, en iguales términos, Franklin Almeyda Rancier, afirmó que “desde la presidencia de la república se aprecia un autoritarismo irrespetuoso a la estabilidad democrática del país”, al referirse a un tema relacionado con el Tribunal Superior Electoral (TSE); también, se hizo eco de un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), e insinuó textualmente a través de sus redes sociales que "el país va camino a una dictadura".
Estos temas, traídos a colación en mi análisis, son algunos de los planteamientos formulados desde el PLD, los cuales encierran un propósito peligroso si tomamos en consideración que en el fondo se busca colocar al gobierno en un paralelismo asociado a una dictadura; expresión cuyo significado encierra un funesto recuerdo para nuestra sociedad, debido a que forma parte de una etapa oscura de la historia del pueblo dominicano.
La actitud tremendista y la asombrosa ligereza de ciertos dirigentes al tocar una fibra tan sensible socialmente, y peor aún, al tratar sin ningún miramiento de hacer saltar a toda costa al gobierno, haciendo un llamado a la población para que se una en contra de un supuesto interés de dañar la Constitución, ha sido a mi entender lo que provocó que actualmente se esté hablando de aprestos dictatoriales.
Hablar de una defensa a la Constitución, acusando de forma inmisericorde a un gobierno de su propio partido de estar detrás de esas intenciones, no ha sido a mi juicio, la manera más correcta de querer alcanzar una nominación presidencial, y menos, si tomamos en consideración que a quien se está enfrentando es, precisamente, quien tiene en sus manos la llave que conduce a la puerta de una victoria electoral.
Desde que inició el segundo mandato del presidente Danilo Medina, el grupo que encabeza el expresidente, Leonel Fernández, enfocó erróneamente su estrategia para alcanzar –posteriormente– la presidencia de la república en el año 2020, debido a que concentró sus ataques en contra del gobierno, utilizando como método una "supuesta defensa de la Constitución", con lo cual trató de crear un espejismo de crisis institucional, cuyo propósito buscaba establecer un muro perceptual ante cualquier asomo del sector oficialista.
Sin embargo, lo que en principio pareció un juego de estrategias mediáticas, dirigida por un grupo político con ayuda de ciertos sectores fácticos del vocinglero tradicional, actualmente, se convirtió en una herramienta “letal” que atenta no solamente en contra de Danilo y su gobierno, sino también, en contra de la permanencia en el poder del PLD, gracias al carácter de veracidad que ha tomado esa pretensión, la cual ha sido asumida por organismos internacionales como el PNUD, y la propia iglesia católica.
Esta situación de aparente crisis institucional, originada y desarrollada por un sector del PLD, ha puesto en riesgo la integridad de la organización y su permanencia en el gobierno, lo cual estaría acarreando serios problemas como consecuencia del atentado sufrido al principio de auto preservación de la integridad partidaria.
En su afán por alcanzar la presidencia de la república, Leonel Fernández, y el sector que lo sigue, ha puesto en riesgo al PLD, exponiéndolo a la embarazosa situación de ser acusado de querer propiciar un gobierno con ribetes dictatoriales.
Las actuaciones de ese grupo, ha traído intranquilidad al partido, al gobierno y al país, evidenciando con su conducta obcecada que es capaz de quemar su propia nave en aras de lograr sus propósitos; asimismo, demostrando que pesa más su interés particular por alcanzar el poder, que el interés general de la organización por preservar su unidad.
Sin embargo, la posición del leonelismo, ahora asumida por otros sectores de la vida nacional, acerca de que en el país existe una tentativa de irrumpir el orden constitucional, terminará convirtiéndose lo que, Alan Sokal y Jean Bricmont, denominaron como "imposturas intelectuales" en su libro del mismo título, acerca de algo que es muy común en esas controversias: Apelar a la superioridad –epistemológica– de quienes patrocinan falsos juicios.
Afortunadamente, como bien lo explican, Sokal y Bricmont: "El valor intelectual de una intervención depende mucho de su contenido, no de la identidad de quienes la hacen, y mucho menos de sus títulos". Finalmente, la razón habrá de imponerse…
El autor es dirigente del PLD.