Cuba entra en estado de alerta por hostilidad de Estados Unidos

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.




Por Patricia Grogg.-LA HABANA, 23 Abr 2019 (IPS) – La compleja situación económica y financiera por la que atraviesa Cuba se agravará aún más con las nuevas medidas de Estados Unidos, que recrudecerán su embargo contra el país, limitarán los viajes de sus ciudadanos a la isla y restringirán las remesas.

Al agobio del desabastecimiento en farmacias y tiendas de alimentos debido a recortes en las importaciones, se añadió en los últimos días el temor de que retornen los cortes de luz con la llegada del periodo de mayores temperaturas y la escasez de combustible.

Un antiguo vehículo de la marca estadounidense Chevrolet transita ante el Hotel Meliá Habana, ubicado en la zona oeste de La Habana, perteneciente a una cadena española. Las inversiones europeas en Cuba podrían verse afectadas por las nuevas medidas de embargo de Estados Unidos contra el país. Crédito: Jorge Luis Baños/IPS

A mediados del mes trascendió que la estatal Unión Eléctrica comenzó a poner en práctica medidas de ahorro en empresas públicas, para afectar lo menos posible el sector residencial.

«Los apagones no volverán. Se intenta aumentar la generación mediante energía renovable, se invierte en la modernización de termoeléctricas y está llegando una central eléctrica flotante contratada a Turquía que será conectada a la red de distribución nacional», comentó a IPS el economista Omar Everleny Pérez Villanueva.

Para el experto, ante las nuevas presiones externas lo única respuesta posible es «una apertura interna que se sienta», poner en vigor lo que está refrendado en la nueva Constitución, ampliar las actividades a ejercer de forma privada y aprobar las pequeñas y medianas empresas.

El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, anunció el 17 de este mes la activación del título III de la ley Helms Burton, siete días después de la entrada en vigor de la nueva Constitución cubana, que declara «irrevocable» el socialismo, y define como prioridades la preparación del país para la defensa y el desarrollo de la economía.

La norma estadounidense unificó y reforzó en un solo cuerpo legislativo, desde 1996, los instrumentos del embargo contra Cuba, iniciado en 1962. Pero dejó en suspenso hasta ahora la aplicación del apartado sobre las propiedades confiscadas a estadounidenses en los primeros años de la Revolución de 1959.

Las nuevas medidas de Washington avivan las tensiones de la economía interna, que se concentran en las finanzas externas, debido al incumplimiento de los ingresos planificados por exportaciones, el turismo y la producción azucarera, cuya zafra apenas alcanzó el millón de toneladas el año pasado.

Ante las dificultades para el pago de sus deudas a corto y mediano plazo, el gobierno de Miguel Díaz-Canel, que el día 19 cumplió un año en el cargo, debió reducir sus importaciones.

A la par, se propone asegurar el crecimiento de sus exportaciones y la producción nacional con acento en el turismo, la industria biotecnológica y farmacéutica y servicios profesionales en el exterior, entre otras.

  • La industria del ocio y la inversión extranjera, dos de los sectores en que el gobierno cubano necesita concentrar esfuerzos en esta etapa de crisis, sufrirán el mayor impacto de las nuevas disposiciones de Washington.

Las regulaciones sobre viajes y remesas serán determinadas por el Departamento del Tesoro en fechas no precisadas.

La legislación estadounidense prohíbe a sus ciudadanos hacer turismo en Cuba, no obstante, el país recibió el pasado año más de 600.000 visitantes estadounidenses por motivos religiosos y culturales, entre otras categorías permitidas.

Actualmente, más de 100 vuelos aéreos y 10 cruceros llegan semanalmente procedentes de Estados Unidos.

Esta nación caribeña espera en 2019 cinco millones de viajeros. El turismo genera ingresos en divisas, ejerce un efecto de arrastre sobre otras actividades, como la producción de alimentos y las áreas industriales y de servicios y contribuye a la generación de empleo, entre otros factores que lo hacen estratégico para el país.

Si bien las restricciones de viaje no incluyen a personas cubanas residentes en Estados Unidos, la ayuda monetaria que estos podrán enviar a sus familiares no pasará de un máximo de 1.000 dólares cada tres meses.

Bajo el gobierno de Barack Obama (2009- enero de 2017) no había límites en el monto de las remesas y estas favorecieron al emergente sector privado.

«Ya no necesito ayuda monetaria de mi hermano, pero si con las nuevas medidas de Donald Trump disminuyen los turistas, pierdo buenos clientes que vienen de Estados Unidos», comentó a IPS un emprendedor habanero que vive de rentar a extranjeros una habitación de su vivienda.

Un informe The Havana Consulting Group, firma consultora estadounidense, señala que el mercado cubano de remesas ha evolucionado en los últimos ocho años y ahora no solo cumple el «rol tradicional» de apoyar las necesidades básicas de la familia, sino que incluye modalidades para financiar negocios o adquirir bienes, entre otras.

Según esta empresa especializada en economía y mercado cubano, las remesas provenientes de Estados Unidos aumentaron en 2.000 millones de dólares en el período 2009-2016, en comparación con la etapa anterior de 1993 a 2008. En 2017, los ingresos por este concepto sumaron más de 3.500 millones de dólares.

El 2 de mayo entra en vigor el título III de la ley de embargo Helms-Burton que confiere a ciudadanos estadounidenses, incluidos aquellos de origen cubano nacionalizados, el derecho de enjuiciar a quienes estén «traficando» con propiedades confiscadas en los años 60 por el gobierno de fallecido Fidel Castro (1959-2006).

Desde que Bill Clinton (1993-2001) firmó en 1996 esa legislación que codifica el embargo estadounidense contra Cuba iniciado en 1962, los mandatarios del país norteño suspendieron cada seis meses la aplicación del título III, hasta que Bolton anunció en Miami la decisión de activar esa disposición de la Helms-Burton.

En respuesta a una pregunta de IPS, durante un intercambio en línea con periodistas de habla hispana, una alta funcionaria del Departamento de Estado reiteró que no habrá excepciones y el proceso incluirá a las más de 6.000 reclamaciones certificadas de estadounidenses y las de migrantes cubanos con ciudadanía estadounidense.

Estimó que en total podría haber unas 200.000 reclamaciones certificadas o no.

«Es por ello que no podemos dar una evaluación concreta de exactamente cuántas compañías o cuánto dinero hay involucrado. Sin embargo, es posible que pudiera estar en el orden de las decenas de miles de millones de dólares», dijo.

El tema de las compensaciones para los propietarios estadounidenses registrados estuvo en conversaciones de una comisión bilateral luego del restablecimiento de las relaciones bilaterales entre La Habana y Washington en 2015.

La negociación se interrumpió tras la llegada de Trump a la presidencia, lo que alejó la posibilidad de un arreglo con La Habana.

La UE, afectada colateral

Ante la posibilidad de que la Unión Europea (UE) lleve este asunto a la Organización Mundial de Comercio (OMC), la funcionaria estadounidense afirmó que existe acuerdo entre Washington y Bruselas en la estrategia general de promover la democracia y los derechos humanos en Cuba.

«Hay un poco de desacuerdo en cuanto a las tácticas para cumplir dicho objetivo», remató.

En un comunicado conjunto, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini; la comisaria de Comercio del bloque, Cecilia Malmstrom; y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, amenazaron con acudir a los mecanismos legales y legítimos de la OMC.

El bloque europeo es actualmente el primer socio comercial e inversor en Cuba. Cuando se aprobó la Helms-Burton, la UE estableció una demanda en la OMC, que fue suspendida a cambio de que Washington renunciara a la aplicación del título III, cuya activación rompe acuerdos logrados por las dos partes en 1997 y 1998.

En su declaración, la UE anunció que evaluará todas las posibilidades a su alcance para proteger sus intereses legítimos, incluidos sus derechos en la OMC y el uso del Estatuto de Bloqueo de la UE, que prohíbe la ejecución de sentencias judiciales de Estados Unidos relacionadas con el título III de la Helms-Burton dentro del bloque.

A la vez, permite a las empresas de la UE demandadas en Estados Unidos recuperar a través de tribunales europeos cualquier daño sufrido como consecuencia de procesos legales iniciados en el país norteamericano.

Edición: Estrella Gutiérrez



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