(Escrito por Uma Mishra-Newbery, Kristina Stockwood).-GINEBRA, 9 May 2019 (IPS) – Dentro de la enorme campaña con que se busca convencer al mundo de cuánto se está modernizando Arabia Saudita, destacó la medida del cese de la prohibición de conducir para las mujeres del año pasado. Pero en realidad el reino continúa su implacable persecución de las mujeres defensoras de derechos humanos.
Un juicio que está generando la condena internacional y ha intensificado las críticas al historial de derechos humanos del país, es el que se desarrolla contra nueve mujeres que fueron arrestadas en 2018 por hacer campaña por el derecho a conducir y el fin del sistema de tutela masculina del reino saudí.
Desde el 4 de abril,Arabia Saudita ha arrestado al menos a 13 escritores y blogueros más, incluidos dos ciudadanos sauditas-estadounidenses y una feminista embarazada, en aparente represalia contra simpatizantes de activistas detenidas el último año.
Junto con los juicios en curso, los arrestos más recientes demuestran que permitir que las mujeres conduzcan era poco más que un truco publicitario de una campaña de marketing que involucraba costosos torneos de golf, conciertos con celebridades internacionales, avales de algunas de las compañías transnacionales más poderosas del mundo.
Los últimos 12 meses han estado muy lejos de los tiempos modernos y revolucionarios que se promueven en la campaña de Visión 2030.
El príncipe heredero Mohammed bin Salman ha encabezado una brutal represión contra la sociedad civil y los derechos de las mujeres desde que se convirtió en el hombre fuerte de la potencia del Golfo, donde la disidencia no es tolerada.
El periodista saudí Jamal Khashoggi, un frontal crítico del también ministro de Defensa, fue brutalmente asesinado en el consulado saudí en Estambul. La guerra liderada por los saudíes en Yemen prosigue y ha llevado a varios países a detener las ventas de armas a Arabia Saudita, entre ellas Alemania, Dinamarca, Finlandia y Holanda.
Las armas y los vehículos blindados también se han utilizado para reprimir violentamente las protestas públicas dentro del territorio saudí.
Israa Al-Ghomgham se convirtió en la primera activista mujer en enfrentar la pena de muerte después de que fue arrestada por participar en manifestaciones pacíficas en favor de una apertura democrática en 2015.
Aunque ya no corre el riesgo de que se la aplique la pena capital, sigue encarcelada y sus coacusados aún podrían enfrentar la muerte, simplemente por protestar.
Una de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos durante 2018, sin embargo, ha sido el encarcelamiento ilegal y la posterior tortura, agresión sexual y confinamiento solitario de numerosas defensoras de los derechos humanos.
La tutela masculina sobre las mujeres saudíes se ahondó aún más con una popular aplicación que permite a los hombres rastrear y controlar la ubicación y los viajes de las mujeres bajo su control. Se trata de una aplicación que está disponible en dispositivos como Apple y Google Play, por cierto.
En lugar de protestar por la aplicación, lo que se debería hacer es presionar a Arabia Saudita para que ponga fin al sistema de tutela.
Hace un año, Arabia Saudita arrestó a una docena de mujeres activistas a favor de sus derechos, apenas unas semanas antes de cuando el gobierno tenía previsto levantar la prohibición a las mujeres de conducción de vehículos.
La mayoría de estas activistas habían estado trabajando activamente durante años para ayudar a poner fin al sistema de tutela y para levantar la prohibición de conducir, públicamente promocionada como parte del plan de reformas de Salman.
Pero antes de que se levantara la prohibición, recibieron llamadas telefónicas que les decían que mantuvieran la boca cerrada y que disfrutaran del hecho de que ahora iban a poder conducir.
En junio y julio de 2018, al menos otras ocho defensoras fueran arrestadas, llevando el total a más de 20 conocidas activistas por los derechos de las mujeres que están detenidas.
No todas han sido llevadas a juicio todavía, y de otras no se puede dar el nombre. Es de gran preocupación que algunos informes pongan el número a las defensoras de los derechos humanos detenidas desde que Salman llegó al poder.
Según numerosos testimonios, algunas de las mujeres detenidas el año pasado fueron torturadas repetidamente con descargas eléctricas, azotes y sumergimientos en agua, lo que las dejaba temblando incontrolablemente, incapaces de caminar o sentarse y con moretones y rasguños que cubrían sus muslos, rostros y cuellos.
Además de la tortura, varias detenidas han sido víctimas de agresiones sexuales y acoso. Al menos una de las detenidas intentó suicidarse varias veces.
El 13 de marzo, nueve defensoras de los derechos de las mujeres finalmente fueron llevadas a la corte con otras dos mujeres. Pero a ninguna tuvo acceso a un abogado hasta la segunda sesión del juicio, dos semanas después.
Los periodistas extranjeros y los diplomáticos tampoco pudieron presenciar las sesiones en el tribunal. Durante el juicio, las mujeres descubrieron que las confesiones firmadas bajo coacción en los interrogatorios se utilizarían como prueba en su contra.
El 28 de marzo de 2019, tres mujeres fueron liberadas temporalmente, entre ellas la académica Aziza al Youssef, activista a favor de los derechos humanos hace largo tiempo, y Eman al Nafjan, con un blog sobre los derechos de las mujeres.
Aplaudir estas liberaciones solo alimenta la propaganda saudí. No cambia el hecho de que fueron torturadas severamente mientras estuvieron detenidas arbitrariamente durante meses, ni de que todavía se les acusa de activismo por los derechos de las mujeres y sus juicios se reanudarán a comienzos de junio.
Sin mencionar que el hijo de Al Youssef, Salah al Haidar, estuvo entre los arrestados en abril, junto con la escritora feminista Khadijah al Harbi, quien está embarazada.
Durante la segunda sesión del juicio, el juez dijo que más mujeres procesadas serían liberadas bajo fianza. Pero en la audiencia del 3 de abril se confirmó la detención de todas las enjuiciadas.
Para peor, otra ronda de arrestos comenzó al día siguiente.
La siguiente audiencia, cuando se creía que se emitiría el veredicto para las ocho mujeres enjuiciadas que aún no han sido liberadas, se había programado para el 17 de abril, pero se canceló inexplicablemente y no se sabe cuándo se producirá.
Arabia Saudita sigue actuando con impunidad, facilitada por el silencio de la comunidad internacional hasta hace muy poco. Las acciones del reino han sido en gran parte barridas bajo la alfombra, disfrazadas bajo la falsa afirmación de que el país se está reformando y modernizando.
Escandalosamente, Arabia Saudita es miembro desde 2015 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pese a su descarado desprecio por los derechos humanos. Esto debe cambiar.
Ante la falta de acción de los actores internacionales, la sociedad civil ha llenado ese espacio con solicitudes de que las autoridades saudíes rindan cuentas sobre los derechos de las mujeres y actuaciones para que la situación de las defensoras de esos derechos que están detenidas estén presentes en el ojo público internacional.
La coalición #FreeSaudiWomen, un grupo de siete oenegés que abogan por la liberación inmediata e incondicional de todas las defensoras de derechos humanos sauditas, creó una petición que ha sido firmada por casi un cuarto de millón de personas.
La toma de conciencia de las violaciones de los derechos humanos en Arabia Saudita es el primer paso. Pero hay más cosas que pueden hacerse y una de ellas es hacer una campaña para responsabilizar a los gobiernos, empresas, artistas y grupos deportivos que continúan comprometidos con la campaña de lavado de imagen de Arabia Saudita.
A menos que se impulse una acción sistémica de solidaridad, Arabia Saudita continuará utilizando su poder económico y militar para reprimir las libertades cívicas fundamentales de las activistas de los derechos de las mujeres en el país.
En muchos niveles, la ciudadanía democrática debería estar muy asustada de que Estados Unidos piense que está bien vender tecnología de energía nuclear a Arabia Saudita, con seis acuerdos recientemente aprobados en secreto.
La crisis saudita involucra a numerosos actores clave y una solución puede parecer inalcanzable, pero un mundo que no actúa cuando un país encarcela y tortura arbitrariamente a sus ciudadanos sienta un precedente aterrador para los líderes de todo el mundo.
En un contexto donde seis de cada 10 personas viven en países donde las libertades cívicas están restringidas de alguna forma, según el Monitor Civicus, Arabia Saudita es un claro ejemplo de lo que puede suceder cuando los Estados actúan impunemente.
Para empezar, 36 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron una declaración en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de en marzo, en la que pedían la liberación inmediata de las defensoras de los derechos de las mujeres y una investigación sobre el asesinato de Khashoggi.
Si bien deben ser elogiados por sus acciones, junto con otras partes interesadas, los Estados miembros de la ONU deben subir la apuesta: emitir una amplia resolución en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, que responsabilice a Arabia Saudita por sus violaciones a esos derechos.
Este es un artículo de opinión de Uma Mishra-Newbery, directora ejecutiva interina de Women’s March Global, y de Kristina Stockwood, del Centro del Golfo para los Derechos Humanos. Ambas son integrantes de la Coalición por la Liberación de Mujeres Saudíes.
T: MF
