Abogados denuncian ciudadano lleva 8 meses detenidos sin medidas de coerción

Los juristas atribuyen la situación al comportamiento inadecuado y vejatorio de la Magistrada Procuradora Fiscal de La Romana, llevando el expediente en cuestión a un limbo jurídico indescifrable.

La Romana.- Abogados  denunciaron que el ciudadano Juan Tomás Richiez Ditrén lleva más de nueve meses guardando prisión sin que hasta el momento se le haya conocido medida de coerción, y por tanto, el conocimiento de su caso se encuentra en un limbo jurídico debido al comportamiento impropio y violatorio de derechos fundamentales de la fiscal titular de La Romana.

La señora Altagracia Teresa Ditrén Lebrón, en su calidad de madre de este ciudadano, y sus abogados Salvador Catrain y Francisco Manzano, expresaron que la fiscal Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, cree estar por encima de la ley y de las garantías procesales y constitucionales, y su modus operandi perverso consiste en mantener en zozobra a todos los jueces penales de dicha localidad, a quienes amenaza y amedrenta cuando intentan conocer la medida de coerción al ciudadano Juan Tomás Richiez Ditrén, sometido a la justicia por lavado de activos sin sustento probatorio alguno.

Los abogados explican que el último incidente provocado por la fiscal en cuestión, ocurrió el viernes tres (03) de mayo de 2019, en el Juzgado de Atención Permanente de La Romana, cuando el imputado Richiez Ditrén, pidió en audiencia la separación y/o desglose de su expediente a los fines de que se conociera por separado la solicitud de medida de coerción que pesa en su contra, lo cual fue ordenado por sentencia incidental de citado tribunal, pero acto seguido, y en un estallido de cólera y soberbia, la fiscal Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, arremetió de manera personal contra la intimidad y la honra de la Presidenta del Tribunal, procediendo, de manera burda y grosera, a recusarla para evitar, sin sustento jurídico alguno, que se conociera sobre la suerte del encierro ilegal y arbitrario que padece el señalado ciudadano ya por más de nueve meses.

Cabe resaltar que su apresamiento se produjo, sin ningún motivo alguno y sin orden de arresto previamente dictada en su contra, el día 11 DE AGOSTO DE 2018, y posteriormente (fuera del plazo constitucional de las 48 horas), fue depositada formal solicitud de medida de coerción en su contra por parte de la Procuraduría Fiscal de La Romana, la cual, paradójicamente, no quiere conocer o le huye como el diablo a la cruz dicha Fiscalía.

Por tanto, precisan, que hasta la fecha, el ciudadano Richiez Ditrén, se encuentra recluido, sin que se haya conocido ni decidido la validez o no de su encierro ilegal y arbitrario, y sin ordenen de arresto emitida por un funcionario judicial competente previo a su apresamiento, como debe ser y como manda a la ley.

Reiteran los abogados que el ciudadano Richiez Ditrén guarda prisión desde el 11 de agosto del 2018, y la fiscal Rodríguez Cedeño, se ha valido de un acta de registro y de una orden de arresto con fechas incorrectas y alteradas para tratar de justificar el sometimiento tardío a la justicia del citado ciudadano en franca violación e irrespeto al plazo constitucional de las 48 horas.

Señalan que en el libro de entrada del Cuartel General de la Policía de La Romana, figura como fecha de ingreso del ciudadano Richiez Ditrén, el 11 de agosto de 2018, y la nombrada fiscal presentó solicitud de medida de coerción el 15 de agosto, o sea, cuatro (4) días después de ser ilegalmente apresado.

El reo se mantiene en un estado irregular, arbitrario e irrazonable de privación de libertad sin justificación.

De acuerdo a la madre y los abogados del imputado, éste ha siempre estado dispuesto a conocer su proceso de Medida de Coerción, y nunca ha promovido aplazamientos, solicitudes de retardos, ni dilaciones de la causa, tras sostener que lo único que le interesa es que se pueda evidenciar que tiene todo el arraigo suficiente como para no continuar en el estado arbitrario de prisión en que ha sido deliberadamente sometido, además de su desvinculación absoluta con los hechos punibles en los que basa su sometimiento el Ministerio Público.