El voto en el exterior es una conquista de los dominicanos del exterior, ganada por los inmensos aportes que esta comunidad hace a la República Dominicana en todos los órdenes, especialmente en el económico.
Por Adriano Espaillat/Congresista por el Distrito 13 de NY
La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de no realizar primarias en el exterior para elegir a los candidatos a diputado de ultramar, no solo vulnera el derecho a elegir y ser elegido de los dominicanos que residen en el exterior, consignado en la Constitución de la República Dominicana, sino que con la medida nos trata como dominicanos de tercera clase.
Aunque las circunscripciones del exterior tienen una población de dominicanos mayor que varias provincias del país juntas (más de 3 millones), los residentes de la llamada “provincia 33” solo cuentan con representación en la Cámara Baja, y no cuentan con un senador en la Cámara Alta, lo que nos relega a una categoría de segunda clase. Y si JCE no revierte su decisión, los dominicanos del exterior tendrán que votar por candidatos escogidos por el dedo de los dirigentes de cada partido, y no por el de su elección, lo que es totalmente antidemocrático.
El voto en el exterior es una conquista de los dominicanos del exterior, ganada por los inmensos aportes que esta comunidad hace a la República Dominicana en todos los órdenes, especialmente en el económico.
De acuerdo con las estadísticas del Banco Central, en 2010 el país recibió remesas por US$3,682.9 millones, mientras que el año pasado la cantidad aumentó en un 77% hasta llegar a US$6,524.6 millones, lo que demuestra que el aporte a la economía de la laboriosa comunidad dominicana es constante y siempre va en aumento.
Las remesas casi alcanzan los US$7,000 millones en divisas que aporta el turismo al país, y según datos del Banco Central, de los cerca de 6 millones de turistas que visitaron la isla, casi un 13% es de dominicanos no residentes que hacen turismo en el país desde diferentes partes del mundo, mayormente de Norteamérica.
En los últimos nueve años, la inversión extranjera directa (IED) en República Dominicana totalizó US$22,336.4 millones, siendo Estados Unidos el país de donde proviene la mayor IED, y una buena parte de esta IED es de dominicanos que invierten en su país.
La reforma constitucional del año 2010 aumentó los derechos políticos de la diáspora dominicana, pues les permitió elegir representantes por ante la Cámara de Diputados que pudieran legislar a su favor.
Desde las elecciones presidenciales del 16 de mayo del 2004, la República Dominicana se sumó a los países que permiten a sus ciudadanos ejercer el sufragio en el lugar donde residan en el exterior.
Estas conquistas del dominicano en el exterior se verían coartadas si la JCE, alegando falta de recursos, deja en manos de unos pocos el derecho que tienen todos los dominicanos de elegir en las primarias, mediante su voto, a los candidatos a diputados de ultramar que se medirán en las elecciones generales.
La JCE aún está a tiempo de revertir su decisión.
La JCE, presidida por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, tiene en sus manos preservar los derechos adquiridos de la comunidad dominicana en el exterior, o seguirnos tratando como dominicanos de tercera clase, lo que sería muy desafortunado.
