Por José Francisco Peña Guaba Durante los últimos veintitrés (23) años el acceso al poder político se ha reservado a las organizaciones políticas que han podido superar el umbral fatídico de “la mitad más uno” de los votos válidos emitidos en la elección presidencial.
Traspasar el umbral de votación requerido por el artículo 209 constitucional exigió la realización de alianzas electorales. Las cuales son positivas e importantes para todos los partidos, en principio porque presenta al electorado una opción diferente a la tradicional.
Suelen presentar candidatos locales, que por su hoja de servicios comunitarios merecen llegar a cargos electivos, por contraposición a candidatos de partidos que cuentan con el llamado “voto de maquinaria”, o sea, que disponen de una gran militancia y sus candidatos no requieren necesariamente contar con una hoja de servicios locales trascendente, ni conocer los padecimientos de los sectores que supuestamente representan.
Sólo considerando las elecciones de 2016, las alianzas aportaron 19% de votos a favor del nivel presidencial; más de 30% en el nivel congresual y más de 35% a candidaturas del nivel municipal.
Sin embargo, la realidad normativa actual –pautada por los artículos 57 y 58 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos número 33-18, de fecha trece (13) de agosto de 2018 (Ley de Partidos) – determina que el sistema de acceso al poder político sobre la base de alianzas electorales ha entrado en una fase crítica y en un proceso de implosión.
Las nuevas disposiciones legales sobre alianzas las dificultan de manera extraordinaria. Se encuentran restringidas al 20% de las candidaturas totales disponibles y además, como lo ordena el artículo 57 párrafo 1 de la Ley de Partidos, toda candidatura de elección popular acordada con otros partidos dentro de la cuota del veinte por ciento (20%) será aprobada por los respectivos organismos de máxima dirección colegiada de cada organización política involucrada en el acuerdo de que se trate.
Lamentablemente, como si un velo de incomprensión o un deseo de no ver la realidad se apoderara de los políticos, resulta que el próximo siete (7) de junio los partidos que van por la modalidad de primarias abiertas o cerradas, deberán completar los procesos internos conducentes a la realización de las llamadas reservas y alianzas.
La eliminación del arrastre en 26 provincias enrarece la situación política nacional, junto a la posibilidad de pérdida de la personería jurídica por no obtener el 1% de los votos válidos, junto a la necesidad de obtener representación.
El problema de las alianzas radica no solamente en la limitación porcentual que impone la ley, sino en el hecho de que para hacerlas se requiere un planteamiento estratégico cuyo éxito depende de los acuerdos que puedan hacerse con otras organizaciones.
Así, antes de que un partido mayoritario realice primarias internas de cualquier tipo, tiene que definir en cuales demarcaciones va a llevar aliados, sea para que le apoyen o sea para apoyarlos. Eso no puede hacerlo un candidato, tiene que hacerlo el partido, institucionalmente.
De manera que, para definir las reservas y alianzas al 7 de junio próximo, los partidos que harán tienen que hacer acuerdos internos y presentar frente común con los que no las hagan, porque se trata de una estrategia institucional para concurrir al proceso electoral con las mejores posibilidades de competición.
En la actualidad, las dos fuerzas políticas mayoritarias (Partido de la Liberación Dominicana y Partido Revolucionario Moderno) enfrentan procesos internos que, cuando menos a la vista del público, les impiden realizar las definiciones requeridas para concurrir aliados a otros partidos al torneo de 2020.
No sólo se arriesgan a disminuir los porcentajes de votación históricamente alcanzados, sino también a no poder ofrecer al electorado una plataforma combinada de intereses diferentes que permita consolidar apoyos de varios sectores sociales y políticos.
Además, que concurran dos alianzas de partidos mayoritarios con dos o tres partidos emergentes cada uno fortalecerá la percepción negativa sobre su capacidad de concertación y gestión de apoyos, lo que puede generar falta de convicción y apoyo político en 2020.
De manera que la definición de las alianzas y reservas por partidos que harán primarias, teniendo límite al 7 de junio es una prioridad inexcusable y urgente para los partidos emergentes que eventualmente harían pactos con ellos.
Si las alianzas y reservas se planean adecuadamente, si son producto de la concertación interna, primero, y de la gestión de apoyo social a lo externo, en segundo lugar, entonces se habrán realizado con efectividad y, por tanto, se habrá definido desde mayo el resultado electoral de 2020.
Parece que hay trabajo por hacer, compañeros dirigentes. Quedan alrededor de quince días para definir la reserva de alianzas para los que van a pactar con las dos principales fuerzas políticas, Partido de la Liberación Dominicana y Partido Revolucionario Moderno. No hay posibilidad de hacer cambios en las Leyes Electoral y de Partidos, porque se requieren mayorías especiales para ello. Tampoco existe lapso temporal que lo permita.
Lo que resulta indiscutible es que el escenario de las alianzas definirá todos los niveles de elección para 2020, el presidencial, el de senadores, de diputados y el nivel municipal. Por ello es importante mantener la posibilidad de construir un tercer polo electoral congresual y municipal que rompa la bipolaridad hasta mantenida por las dos primeras mayorías políticas del país.
Ante esas realidades entendemos que, a fines electorales, el 7 de junio podremos medir las posibilidades electorales reales de las alianzas y coaliciones políticas que se formen.
