En diciembre de 2016, cuando la empresa constructora brasilera Odebrecht S.A. reconoció el armado de un inmenso sistema de corrupción, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos describió como “el mayor caso de sobornos extranjeros en la historia”, se desató una ola de escándalos políticos en toda Latinoamérica.
Cayeron gobiernos, y algunos expresidentes y funcionarios de alto rango, además de los ejecutivos de Odebrecht, pasaron de transitar los pasillos del poder a dormir tras las rejas. En su confesión, la empresa dio detalles pormenorizados de sus delitos y aceptó cooperar con fiscales de la región, que se han comprometido a llevar a todos los involucrados ante la Justicia.
En su confesión, sin embargo, Odebrecht no contó la historia completa.
#RD??| Los libros contables del Departamento de Operaciones Estructuradas de #Odebrecht muestran decenas de pagos que parecen habérseles escapado a los fiscales, ya que no tuvieron acceso a los registros que maneja ahora @ICIJorg. #PlantaCatalina https://t.co/QoapKGkeh4
— Geovanny Vicente Romero (@GeovannyVicentR) 26 de junio de 2019
“División de Sobornos”, una nueva investigación llevada adelante por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), revela que esos pagos a cambio de contratos eran aún más grandes que lo admitido por Odebrecht, y que involucraban a destacadas figuras y enormes proyectos de obras públicas que no aparecen mencionados ni en las causas judiciales en trámite ni en ninguna otra investigación oficial hasta la fecha.
El nuevo hallazgo se desprende de la filtración de un enorme número de documentos y registros del “Departamento de Operaciones Estructuradas”, una división de Odebrecht creada básicamente con el propósito de manejar los sobornos que entregaba la empresa. Esos registros fueron obtenidos por la organización de noticias ecuatoriana La Posta, y luego compartidos con el ICIJ y 17 medios aliados en el continente americano. Las filtraciones revelan pagos secretos a lo largo y a lo ancho de toda la región, y que se van mucho más allá de lo informado públicamente hasta ahora. Entre otras cosas, lo registros revelan:
Pagos secretos de Odebrecht por más de 39 millones de dólares vinculados con la construcción de la gigante central termoeléctrica de carbón de Punta Catalina en República Dominicana. Las dos investigaciones oficiales previas sobre el proyecto, que informaron no haber encontrado hechos delictivos, no mencionan estos pagos.
Diecisiete pagos por un total de más de 3 millones de dólares relacionados con un gasoducto en Perú. Entre los beneficiarios listados de esos pagos se encuentra una empresa propiedad de un político peruano que en una grabación no vinculada a este caso y difundida recientemente por un programa televisivo de Perú aparece complotando el asesinato de un adversario político.
Emails donde se discuten los pagos secretos realizados por un banco propiedad de operarios de Odebrecht a empresas fantasma y relacionados con un contrato de 2.000 millones de dólares para la construcción de una red de subterráneos en Quito, capital de Ecuador. Los documentos no revelan quién recibió el dinero.
Pagos relacionados con más de una docena de otros proyectos de infraestructura en países de toda la región, incluidos más de 18 millones de dólares vinculados a la red de subterráneos de la Ciudad de Panamá, y más de 34 millones de dólares relacionados con la Línea 5 de la red de subterráneos de Caracas, Venezuela.
Los pagos de Odebrecht a funcionarios públicos eran de tal escala que la empresa creó una división especial interna, el Departamento de Operaciones Estructuradas, cuyo propósito básico era el manejo y pago de sobornos.
Los archivos obtenidos por La Posta y el ICIJ contienen más de 13.000 documentos que esa unidad de Odebrecht almacenaba en una plataforma de comunicaciones secretas conocida como Drousys. Esos mismos registros también fueron obtenidos, de manera independiente, por el medio de prensa ecuatoriano Mil Hojas, que luego se sumó a este proyecto.
En Brasil, epicentro del escándalo, el expresidente por dos mandatos Luiz Inacio Lula da Silva –calificado alguna vez por Barack Obama como “el político más popular del planeta”–, cumple una larga condena en prisión por corrupción y negociados, incluidos delitos vinculados a Odebrecht. El 17 de junio de este año, la empresa Odebrecht anunció que presentaría ante la justicia un Procedimiento Preventivo de Crisis, para reestructurar su deuda de 13.000 millones de dólares y evitar la quiebra.
Hace más de cuatro meses que el ICIJ trabaja con más de 50 periodistas de 10 países en un análisis a fondo de los registros contables de ese “Departamento de Sobornos” de la empresa Odebrecht.
En un comunicado enviado al ICIJ, Odebrecht ratificó su compromiso de plena cooperación con las autoridades que investigan la corrupción vinculada a la empresa. “Odebrecht seguirá haciendo todos los esfuerzos ante las autoridades competentes en un régimen de colaboración irrestricto”, informó en su declaración.
La empresa no quiso responder sobre casos individuales.
¿Por qué parte de la historia permaneció oculta?
El escándalo Odebrecht es un imparable terremoto político que sacude a Latinoamérica.
Las revelaciones sobre pagos ilegales han tumbado gobiernos en Brasil y Perú y llevado al encarcelamiento de expresidentes de ambos países. Y a medida que se fueron descubriendo nuevos destinatarios de esos sobornos, los fiscales de toda la región han imputado a un creciente y constante número de funcionarios públicos y privados.
Pero las nuevas filtraciones dejan en claro que la red de corrupción de Odebrecht se extendía a muchos proyectos de obras públicas y a personalidades públicas que hasta ahora no habían sido alcanzados por la ley, lo que genera dudas sobre la total honestidad de la confesión de Odebrecht ante las autoridades y sobre la voluntad política de algunos fiscales para avanzar con los casos.
Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana, una agrupación anticorrupción de República Dominicana, dice que los negociados relacionados con el proyecto energético y la falta de respuesta del gobierno dominicano socavan la credibilidad de las instituciones políticas del país.
“En el país hay un sistema de complicidades para el enriquecimiento de una minoría, tanto del sector público como privado, basado en el empobrecimiento de la mayoría”, dice Pimentel. “Eso es lo que revela el caso Odebrecht.”
El desenmascaramiento de las prácticas corruptas de la empresa también ha causado agitación política, desatando la furia de los políticos del establishment y alimentando una creciente inestabilidad.
“Cuando todos los partidos tradicionales quedan deslegitimados, se abre espacio para la insurgencia de un populista”, dice Yascha Mounk, politólogo de la Universidad Johns Hopkins dedicado al estudio del declive global de la democracia liberal.
Cuando Lula da Silva quedó afuera de la contienda por la presidencia debido a su condena judicial, los votantes tomaron la crucial decisión de elegir al exmilitar ultraconservador Jair Bolsonaro, que hizo campaña despotricando contra las élites corruptas y que una vez dijo que la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985 debería haber asesinado a 30.000 personas más.
Las filtraciones también dejan al desnudo el rol que jugó el oscuro mundo de las finanzas offshore, que fue el que hizo posible el funcionamiento de la oficina de sobornos de Odebrecht. Si bien los beneficiarios de los sobornos eran casi todos de Latinoamérica, los pagos invariablemente se canalizaban a través de una secreta red de empresas y cuentas fantasma en paraísos fiscales.
Es alucinante pensar que esto funcionó durante tanto tiempo
sas turbias entidades offshore canalizaban cientos de millones de dólares en pagos secretos, a través de empresas y bancos en países de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, China, los Países Bajos, los Emiratos Árabes Unidos, Panamá, y Antigua y Barbuda. En un caso, los pagos pasaron de Odebrecht a una empresa radicada en las Bahamas y de ahí a una con domicilio en República Dominicana, que luego compró un departamento de 2 millones de dólares en el centro de Manhattan.
En total, según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2001 y 2016, la empresa Odebrecht pagó más de 788 millones de dólares en concepto de sobornos, que le reportaron unos 3.300 millones de dólares en ganancias mal habidas.
“Es alucinante pensar que esto funcionó durante tanto tiempo”, dice Shruti Shah, presidente y CEO de Coalición por la Integridad, una organización sin fines de lucro de la ciudad de Washington que impulsa mayores controles para frenar la corrupción empresarial y gubernamental.
El auge de Odebrecht
La empresa fue fundada en 1944 por Norberto Odebrecht, descendiente de inmigrantes alemanes llegados en el siglo XIX, en la ciudad portuaria de Salvador de Bahía, Brasil. El padre de Norberto Odebrecht había fundado anteriormente una empresa constructora que tuvo que cerrar por los altos precios de los materiales durante la época de la Segunda Guerra Mundial.
Las décadas pasaron y Odebrecht se fue convirtiendo en la empresa constructora más grande de Latinoamérica, de la que dependían los gobiernos de la región para la realización de sus grandes proyectos de obras públicas, desde autopistas hasta centrales eléctricas.
La empresa atribuye su éxito a un conjunto de elevados “principios, conceptos y criterios” elaborados por su fundador y a los que llama Tecnología Empresarial Odebrecht. Entre esos principios, señala la “Educación por el Trabajo”, la “Asociación entre los integrantes” y la “Confianza en las personas”. A lo largo de los años, la presidencia de la empresa fue cambiando de mano, pero siempre dentro de la familia Odebrecht, primero de Norberto a su hijo Emilio, en 1991, y luego a su nieto Marcelo, en 2009.
Marcelo Odebrecht
Bajo el liderazgo de Marcelo Odebrecht, un delgado ejecutivo de anteojos que alguna vez fue conocido como “El Príncipe”, los ingresos anuales de la empresa crecieron astronómicamente, de 17.500 millones de dólares en 2008, a 45.800 millones de dólares en 2014. Ganando licitaciones para la construcción de descomunales proyectos de obras públicas –entre ellos, un gasoducto en Perú por 7.000 millones de dólares, la central termoeléctrica de 2.000 millones de dólares en República Dominicana, y la red de subterráneos en Perú por 2.000 millones de dólares–, el grupo Odebrecht consolidó su posición como contratista dominante en Latinoamérica y como una de las mayores contratistas del mundo entero.
Odebrecht aprovechó sus estrechos vínculos con el influyente presidente brasilero Lula da Silva, cuyo gobierno recurrió a la empresa para la realización de proyectos de infraestructura que era parte de su agenda de desarrollo y de su ambicioso programa de lucha contra la pobreza.
Pero el vertiginoso crecimiento de la empresa bajo el mando de Marcelo Odebrecht también se vio potenciado por otro factor: los negociados a gran escala.
Las operaciones de sobornos de la empresa eran de tal magnitud que en 2006 la empresa creó una división especial para el manejo de esos pagos. El Departamento de Operaciones Estructuradas “funcionaba en los hechos como una oficina de sobornos”, según consta en una declaración de hechos que las autoridades hicieron de la empresa, y que Odebrecht reconoció como “cierta y exacta”, como parte del acuerdo de admisión de culpabilidad negociado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ninguno de esos pagos quedaba registrado en en los libros contables de la empresa y por lo tanto eran ilegales, como más tarde declararía ante los fiscales peruanos el extesorero de esa oficina, Fernando Migliaccio.
La compañía, sin embargo ha dicho que no todos los pagos de ese Departamento fueron sobornos.
“En esos sistemas hay registrados varios trabajos de la compañía”, declaró en julio de 2018 la filial de Odebrecht en Perú, en referencia al sistema Drousys y a otra plataforma usada por el Departamento de Operaciones Estructuradas que tampoco figura en los libros contables. “Eso no implica que en todos esos trabajos haya habido sobornos o corrupción.”
Así funcionaba la Oficina de Sobornos
El Departamento de Operaciones Estructuradas combinaba el sigilo de una organización delictiva con la burocracia de una gran corporación.
Para comunicarse en secreto, la oficina de sobornos elaboró el sistema Drousys, una plataforma por fuera de los libros contables que incluía el envío seguro de emails y mensajes instantáneos.
En esas comunicaciones, los empleados de Odebrecht y los destinatarios de los sobornos solo figuran bajo apodos, muchos de los cuales todavía no han sido descifrados. Los empleados tenían nombres en clave como “Gigo” y “Waterloo”, mientras que a los receptores de los sobornos se les solía adjudicar apodos más coloridos, como “Bambi”, “Robocop”, Darth Vader” y “Stalin”.
Esos registros incluyen discusiones abiertas y explícitas sobre cómo garantizar la confidencialidad del sistema. En una de esas cadenas de emails, los empleados de la empresa hablan de dividir un soborno multimillonario en pagos más chicos, para evitar despertar la sospecha de los bancos.
También se hallaron planillas de cálculo que rastrean el historial de pago de coimas de la oficina. Una de ellas consigna más de 600 pagos por un total de 230 millones de dólares, realizados entre fines de 2013 y fines de 2014.
Como luego revelarían las investigaciones penales, entre los tantos proyectos que esa oficina ayudó a encaminar para la empresa Odebrecht se encuentran la red de tránsito rápido de Lima, Perú, una represa en el estado de Michoacán, México, y un proyecto de la central hidroeléctrica en Ecuador.
El sistema de corrupción de Odebrecht fue finalmente desbaratado por los fiscales brasileros durante la famosa investigación por corrupción conocida como Operación Lava Jato. Lanzada en marzo de 2014, la pesquisa primero se enfocó en el lavado de dinero a través de pequeños negocios, como los lavaderos de automóviles, pero luego se expandió cuando el dinero sucio condujo a los investigadores al descubrimiento de un gigantesco complot de sobornos y licitaciones amañadas que involucraba a la petrolera estatal brasilera Petrobras y al grupo privado Odebrecht.
En junio de 2015, los funcionarios de la justicia brasilera que investigaban sobornos, licitaciones amañadas y sobreprecios en contratos con el Estado, arrestaron a Marcelo Odebrecht, y en marzo de 2016, un tribunal brasilero lo condenó a 16 años de prisión, sentencia que luego fue reducida y convertida en arresto domiciliario a cambio de su cooperación con las autoridades.
En diciembre de 2016, la empresa Odebrecht llegó a un acuerdo de aceptación de responsabilidades con los fiscales de Brasil, pero también con los de Estados Unidos y Suiza, ya que ambos países se sumaron a la causa tras descubrir que los pagos ilegales de la empresa habían pasado por bancos suizos y estadounidenses. La empresa logró evitar el juicio tras aceptar dar una detallada declaración pública de sus delitos y acordar el pago de una multa de 2.600 millones de dólares.
Esa “declaración de hechos” de 23 páginas describe en detalle cómo fue creado el Departamento de Operaciones Estructuradas y con qué propósito. La empresa admitió que esa oficina canalizaba fondos no registrados en los libros a través de empresas y bancos offshore en paraísos fiscales, a veces utilizando contratos ficticios para encubrir sus operaciones. Al final, ese dinero se usaba para sobornar a políticos, funcionarios públicos y partidos políticos.
Como parte de las revelaciones a las que se comprometía en su acuerdo con la justicia, Odebrecht le entregó a los fiscales una gran cantidad de documentos, entre ellos, planillas de cálculo con un seguimiento de los pagos secretos, declaraciones de las cuentas en bancos offshore, emails, registros de transacciones, contratos y registros informáticos, todos almacenados en su sistema Drousys.
Las revelaciones de Odebrecht desataron una ola de indignación y malestar en toda Latinoamérica. El arresto del expresidente Lula da Silva por cargos relacionados con la causa Odebrecht produjo fuertes enfrentamientos entre sus seguidores y sus detractores en las calles de Brasil. En República Dominicana, los manifestantes anticorrupción del Movimiento Verde exigieron el fin de la impunidad para los políticos involucrados con Odebrecht.
Los acuerdos de cooperación y las confesiones resultaron en causas judiciales de alto perfil. El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas está preso, tras haber sido condenado por recibir sobornos de Odebrecht. El expresidente peruano Ollanta Humala enfrenta cargos por corrupción que podrían resultar en una condena a 20 años de prisión.
En abril de 2019, la policía llegó con una orden de arresto derivada del caso Odebrecht a la casa del predecesor de Humala, el expresidente peruano Alan García. Cuando intentaron arrestarlo, García se encerró en su dormitorio, sacó un arma y se suicidó.
Los fiscales han dicho que el caso Odebrecht es un hito en la lucha contra la corrupción pública en Latinoamérica y a nivel global.
En una declaración en la que anunciaba en el acuerdo de colaboración de Odebrecht, el entonces fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nuevo York, Robert L. Capers dijo que “El mensaje enviado por esta fiscalía es que Estados Unidos, en colaboración con sus colegas de las fuerzas de la ley del extranjero, no dudarán en responsabilizar a aquellas corporaciones e individuos que busquen enriquecerse a través de la corrupción de las legítimas funciones de gobierno, sin importar cuán sofisticado sea el sistema que utilizan para hacerlo.”
La letra chica
Pero resultó ser que el amplio acuerdo de colaboración de Odebrecht con Brasil, Estados Unidos y Suiza tenía límites significativos.
De hecho, a Odebrecht no se la obligó a contar todo. En su detallada exposición de los hechos, por ejemplo, la empresa revela cuánto pagó en total en sobornos en toda la región, pero no especifica a qué proyectos iban destinados esos sobornos ni quién los había recibido.
Los fiscales de otros países están trabajando con las autoridades brasileras para reunir pruebas y algunos han presentado cargos contra políticos y otras personas implicadas en el sistema de Odebrecht. Mientras tanto, la empresa y sus ejecutivos están negociando acuerdos de inmunidad o de reducción de la pena a cambio de cooperación.
Hasta el momento, ya se firmaron acuerdos de colaboración premiada en Perú, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Guatemala, junto con los de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Una de las condiciones de esos acuerdos es que los países se comprometen a no procesar a los ejecutivos de Odebrecht que ya se declararon culpables y firmaron acuerdos de cooperación con la justicia de Brasil.
Según los analistas, sin embargo, mucho depende de que los gobiernos tengan la voluntad política y los recursos para investigar y llevar a juicio esos delitos. Las operaciones de sobornos de Odebrecht alcanzaron los más altos niveles de la política y la sociedad en toda la región, y cada país respondió de manera muy diferente. Durante los dos últimos años, por ejemplo, los fiscales de Perú han enviado 68 pedidos de informes a las autoridades brasileras, mientras que los fiscales dominicanos solo han enviado tres.
