Múltiples voces se han levantado, como si fuese una orquesta afinada y bien ensayada, para abogar por la unificación de las elecciones municipales con las legislativas y presidenciales que deberán celebrarse en febrero y mayo del año entrante.
El pretexto se basa en que el Estado dominicano se ahorraría miles de millones de pesos en el hipotético caso de que esos comicios se celebren el mismo día. Todo lo que significa austeridad para el país es importante, porque así ese dinero puede destinarse a equipamiento de hospitales, construcción de carreteras, caminos vecinales, acueductos y viviendas económicas para familias pobres, entre otras prioridades.
Lo que sorprende, sin embargo, es que la mayoría de los que agitan para esta unificación eleccionaria no se han caracterizado nunca por procurar ahorro para el país. ¡Todo lo contrario!
En el fondo todos sabemos, además, que ese no es el propósito fundamental. El supuesto ahorro económico, con la unificación de los procesos eleccionarios, es un simple pretexto para reformar la Constitución de la República y habilitar al presidente Danilo Medina para el certamen electoral del año 2024.
Naturalmente, dentro de esas reformas incluirían la celebración de ambos comicios el mismo día, pero ese enorme cúmulo de sufragios es un obstáculo para la agilidad del conteo y, posiblemente, facilite el fraude electoral. Y no descarto que se repita el mismo tollo del 2016. Con el mismo tiro estarían matando dos pájaros a la vez. ¡Qué inteligentes son esos muchachos!
Si las bocinas gubernamentales procuran austeridad sencillamente que soliciten su exclusión de la nómina pública, renunciando al gasto innecesario, al derroche, al despilfarro y a la francachela en que han vivido en los 19 años de gobierno peledeísta.
Si los diputados danilistas, asimismo, quieren austeridad que sometan un proyecto reduciendo sus sueldos, que eliminen el cofrecito, demanden un Poder Legislativo unicameral y renuncien a todos los privilegios.
Inclusive muchos de ellos, dado su reconocido poder económico, pueden darse el lujo de trabajar de forma honorífica o donar sus salarios a entidades caritativas, tales como asilos de ancianos, guarderías infantiles o patronatos de enfermedades catastróficas.
Todo eso es un sueño, no va a ocurrir nunca. Y pretenden convencer a la población de la necesidad de una reforma constitucional que lo que hace es recrudecer los traumas recientes, porque la realidad es que la gente no quiere que se le trate ese tema en estos momentos.
Danilo Medina tiene tiempo de sobra para cabildear su regreso, pero todo indica que no quiere irse a su casa sin resolver ese problema (problema que no es ningún problema), como si se tratara de una situación de vida a muerte para un hombre que, al terminar su mandato, habría gobernado ocho años consecutivos.
Y todo el que disiente de una reforma en estos momentos lo perciben como un enemigo del gobierno, razón por la que destituyeron a Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, uno de los pocos funcionarios del gobierno que no ha sido mencionado en escándalos de corrupción.
Pero todo dominicano que esté en contra de esa reforma tiene derecho a expresarlo, pues la todavía vigente ley 6132 nos ampara. También la actual Constitución, en su artículo 49, establece el derecho a expresión e información. La carta magna sólo debe de reformarse para beneficio de la población, no para satisfacer ambiciones de nadie en particular.
Y cuando se reforme debería de aprovecharse la ocasión para poner un candado que diga: “Esta Constitución no puede ser reformada en un tiempo menor de 20 años y sólo mediante la vía del referéndum.”
