Por Jesús Rojas. Las masacres del pasado fin de semana en localidades de Texas, Ohio y Chicago, con un saldo de 31 muertos y 36 heridos, abre de nuevo una herida profunda y dolorosa sobre el control de armas, el derecho de los ciudadanos y el uso de estas en manos de personas fanáticas y enfermas no sólo en los Estados Unidos.
El grado de politización del tema tanto por fanáticos Demócratas como por Republicanos, y la narrativa de la prensa anti armas, hace difícil analizar el tema desde un punto de vista lógico, más allá de la efervescencia mediática, el tinte racista, el innegable dolor humano y su secuela trágica tanto para víctimas, victimarios y la sociedad en general.
Durante los ocho años de la administración Obama (2009-2017) se registraron 32 tiroteos en la nación. A nadie se le ocurrió culpar al exmandatario ni afirmar que estaba fuera de control. En lo que transcurre de la era de Trump, han ocurrido 16 masacres. La ira irracional enfila la culpa al actual inquilino de la Casa Blanca, y se pierde de vista, a propósito o por ignorancia, las raíces genuinas del problema en torno a las armas de asalto, de grueso calibre o exterminio en masa.
Tragedia tras tragedia, los reclamos no cesan a favor de imponer mayores controles para adquirir y usar armas de todo tipo, un derecho que está amparado por la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Quienes hacen uso legal y pacífico de las armas y rechazan las restricciones más severas temen que se violen sus derechos constitucionales, y al final paguen los que cumplen las leyes y no los violadores.
Al menos cien millones de estadounidenses portan armas o tienen armas legales. Cinco millones ellos, es decir un tercio, son miembros de la Asociación Nacional del Rifle, la más antigua en su género, la cual ha sido satanizada por defender la Segunda Enmienda o el derecho a poseer armas y desarmar a los delincuentes, pese a que cabilderos demócratas como republicanos se han beneficiado de sus fondos en campañas políticas.
La realidad es que no existe fuerza humana sobre la Tierra que pueda prevenir el mal uso de las armas en las iglesias, escuelas, negocios, bases militares, oficinas públicas, etc., cuando están en poder de sicópatas, desquiciados mentales, fanáticos ideológicos, supremacistas, terroristas o individuos no aptos.
Por lo tanto, hay que insistir en la prevención y la protección legal. Los millonarios, jefes de estado y famosos que abogan por el control de armas lo saben, y jamás salen a las calles sin un anillo reforzado con plomo. No juegan con su seguridad personal.
Los que promueven el desarme total de la población, imponen una culpabilidad colectiva sobre todo aquel que ejerce el derecho legal a porte y uso pacífico, amparado por la ley, y ninguna a los criminales por sus hechos violentos. No es cierto que resulte fácil y simple adquirir armas o una jeringuilla legalmente en los Estados Unidos, a menos que se gestione en el bajo mundo. Los filtros cada vez son más numerosos y exigentes, y el FBI lo sabe.
Tampoco es cierto que todo el que posee armas es un criminal en potencia ni las utiliza para cometer acciones violentas. Quienes promueven el desarme no diferencian entre el bien y el mal, la responsabilidad y la culpabilidad; y al parecer, muchos no quieren aceptar que hay personas malignas en este mundo cuya misión es dañar a los más débiles con todos los medios y vías posibles, y a quienes hay que detener.
Contrario a la idea generalizada, severos controles de armas no implican mayor freno a los criminales y a la delincuencia. Por ejemplo, en 2015 El Salvador registró el capítulo más sangriento de su historia: 635 asesinatos en el mes de mayo. Nada que envidiar a Chicago, Puerto Rico, Washington, D.C. o Los Ángeles. Allí, nadie reclamó control de armas, registro oficial, verificación universal de antecedentes ni desarme absoluto de la población.
Tanto en Australia, en el Reino Unido o El Salvador nadie es culpable por el uso indebido de las armas en manos ajenas, y han sido naciones laboratorios para prevenir por todos los medios reclamados en Estados Unidos que depredadores violentos adquieran armas, ni la posesión privada y legal de armas es vista como una enfermedad contagiosa o letal.
Mucha prensa hace eco en cascada para culpar a todos por el mal uso de las armas sin medir las consecuencias al referirse a las tragedias, lamentables de por sí. Poseer armas es un derecho ciudadano constitucional en democracia. En dictaduras, el único delincuente armado es el Estado. Eso hay que evitarlo en los Estados Unidos, donde hay que ponerle más énfasis y atención a la salud de fanáticos, supremacistas, enfermos y terroristas, y su amor a las armas de todo tipo como medio de retribución y castigo a la sociedad que los engendra.
