Las elecciones municipales separadas de las congresionales y presidenciales, fue uno de los frutos consensuados de los diálogos y discusiones llevados a cabo entre todos los sectores de la vida nacional, previo a la redacción de la Constitución de la República del 2010.
Propuestas de todo tipo fueron presentadas para validar la separación de las mismas, y ahora, en las últimas semanas, no es entendible el por qué han surgido voces demandando que nuevamente las elecciones municipales se realicen de manera conjunta el 17 de mayo del 2020.
La sin razón nos ronda por todos lados, y el pueblo dominicano se pregunta ¿Para qué legislar?, ¿Para qué tener legisladores?, ¿Para qué las leyes y el Congreso Nacional?. Hemos visto, a lo largo de nuestra existencia republicana, la creación de legislaciones que no se cumplen, que se vulneran fácilmente y que, incluso, no son promovidas como esenciales y sagradas.
Tanto legislar, ¿Para qué?, si una y otra vez se insiste en modificar las leyes cuál sea, sólo importa el interés de alguna autoridad del momento, como ocurre con la Constitución en sí.
Durante el proceso de conocimiento, evaluaciones y estudios profundos que expertos expusieron durante los diálogos sobre la conveniencia democrática de elegir primeramente a los síndicos y directores municipales y luego, tres meses después, realizar las elecciones congresuales y presidenciales, todos los involucrados estuvieron de acuerdo ofreciendo sus vítores tras la aprobación. Desde entonces nunca hubo quejas al respecto, hasta hace semanas, cuando la población dominicana se mantenía en vilo sobre si iba o no a modificarse la Constitución para habilitar al presidente Medina a un nuevo periodo de gobierno.
El secretario de la Liga Municipal Dominicana –LMD-, Johnny Jones, principal promotor de que se conozcan las motivaciones en el Congreso Nacional, así como síndicos, directores distritales, juristas y políticos a lo interno del PLD y de banderín opositor al partido de gobierno, participan activamente en esta nueva jornada de alteraciones a la Carta Magna, en el entendido de que si se presentase una modificación constitucional, que se aproveche y se avalen los puntos de vistas y todos los periquitos concernientes a la unificación de las elecciones.
Entre los pormenores referidos figuran la gran cantidad de recursos que se necesitan para llevarlas a cabo de manera separadas, con énfasis en que los resultados, en la mayoría de los casos, son dilucidados en los tribunales electorales en un proceso que, por experiencia, se extiende largos meses después de la contienda electoral, por lo que, alegan, podrían afectar las elecciones congresuales y presidenciales del 17 de mayo del 2020.
Otro ingrediente que sirve de impulso a quienes tratan, en la actual coyuntura política de unificar las municipales con las elecciones de mayo del año próximo, es el de evitar, supuestamente, que el país se paralice y la economía reduzca su crecimiento al permanecer el país los cinco primeros meses del año en un interminable hervidero político-electoral que pudiera extenderse, en caso de que se produzca una segunda vuelta, a casi ocho meses del año venidero.
Si realmente están convencidos de procurar la tranquilidad de la población, ahorro al erario público, entre otras lindezas sobre las que se han pronunciado los promotores de unificación de las elecciones para el 2020, es bueno que alguien les haga saber que los dominicanos dejamos de ser indios desde que nuestros ancestros fueron ultimados durante los años del colonialismos, y luego después, hace algunos años, cuando nos quitaron tal simbología en el documento de identidad.
Cuando la ley de reforma constitucional corría peligro de presentarse o no al Congreso Nacional, hubo muchas voces que se alzaron para evitar el fracaso del proyecto, pues se había convertido en un trago amargo para la mayoría del pueblo dominicano ver que la Constitución de la República sería nuevamente modificada, y únicamente con fines reeleccionistas.
Los auspiciadores de la reforma constitucional al observar que no calaba en la población la idea pura y simple de que se presentara el proyecto con fines de habilitar al presidente Medina, procuraron, como excusa, enmendar la propuesta de unificar las elecciones, primeramente. Al paso de los días, se han ido agregando otros “motivos” que buscan sean conocidos por los legisladores y todos los dominicanos.
Y es así cómo el pueblo dominicano se ha encontrado de frente de la noche a la mañana con la insistencia del secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), de una caterva de síndicos, directores municipales, abogados y “expertos constitucionalistas”, que han iniciado un sospechoso peregrinaje por los distintos medios de comunicación para exponer al país las dificultades económicas, políticas y sociales, entre otras maravillas, que ocasionaría celebrar las elecciones municipales separadas.
Unir las elecciones congresuales, presidenciales y municipales nunca estuvo en la agenda de los que ahora la promueven, ni mucho menos de legisladores, ni antes de que se pretendiese habilitar al mandatario mediante una reforma constitucional.
Hablar ahora a los cuatro vientos de supuestas complicaciones que llevaría a la Junta Central Electoral, a partidos políticos y al pueblo dominicano de una perturbación evitable, no son más que pendejadas anticonstitucionales, para procurar una modificación de la Carta Magna pura y simple con fines de todos conocidos,
Sencillamente, considero, se busca cuidar las formas de que el proyecto de modificación constitucional no sea visto por el pueblo dominicano únicamente de abrirle las puertas al presidente Medina a próximos procesos electorales. La verdad debe ser dicha, sin tapujos y sin sombreros que oculten el rostro del fin anhelado de quienes buscan hoy unificar las elecciones y por ende vulnerar la Constitución.
Si el pueblo dominicano, único soberano y arquitecto de su futuro político, considera factible una modificación constitucional en la que se incluya la unificación, nueva vez, de las elecciones, sería conveniente se tomara en cuenta para llevar a cabo la enmienda; no obstante, lo correcto es abogar para que nuestra Constitución se mantenga intacta por los próximos 100 años.
