El 5 de junio de 2019, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la consulta del Artículo IV con la República Dominicana.
Los directores del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyeron que la perspectiva dominicana es es favorable, aunque con riesgos moderados y balanceados para el crecimiento. En su informe enfatizaron la importancia de continuar las reformas estructurales para superar los obstáculos de una mayor productividad, convergencia de ingresos e inclusión social.
Aprovechando las ganancias recientes, fomentaron medidas adicionales para mejorar el ambiente de negocios, eliminar barreras al comercio y a la inversión, así como continuar las reformas a la educación, la salud y el sistema de pensiones.
Los directores reiteraron la necesidad de abordar decididamente las debilidades estructurales pendientes, que continúan afectando el crecimiento potencial, de forma particular las pérdidas en el sector eléctrico y las ineficiencias tanto en el mercado de bienes como en el laboral. También, apuntaron a la necesidad de ampliar y fortalecer el sistema de seguridad social, el cual requerirá un espacio fiscal adicional.
La economía repuntó a un crecimiento récord de 7 por ciento en 2018, con un impulso positivo que se mantiene en la primera parte de 2019. El retorno a un crecimiento por encima del potencial en 2018 reflejó una fuerte respuesta de la inversión y del consumo privado a un estímulo monetario oportuno después de la desaceleración en 2017, a condiciones externas favorables y a un continuo fortalecimiento del mercado laboral.
El sólido desempeño económico en los últimos años, apoyado por las políticas públicas, ha resultado en una reducción sustancial de la pobreza, la desigualdad y la convergencia continua de los ingresos a los niveles de economías avanzadas. La aceleración en la actividad no ha ejercido presión sobre los balances internos ni externos: la inflación se mantuvo moderada y la posición externa continúa sólida. Esto permitió un giro hacia una postura monetaria y fiscal menos expansiva en 2018, guiando la actividad económica hacia su crecimiento potencial.
La perspectiva es favorable, con riesgos moderados y balanceados para el crecimiento. Se espera, además, que el crecimiento se modere a alrededor del 5½ por ciento en 2019 y 5 por ciento en el mediano plazo, ambos dentro del rango estimado de crecimiento potencial.
La moderación estaría impulsada por una desaceleración en la tasa de expansión del crédito, un entorno internacional menos favorable y precios del petróleo más elevados. Se estima que la inflación aumente gradualmente hasta el rango meta de 4.00 ± 1.00 por ciento con el repunte de los precios de los alimentos y del petróleo.
Se proyecta que la posición externa se mantendrá, en general, consistente con los fundamentos y financiada más que adecuadamente por la IED. Los principales riesgos a la baja para las perspectivas son una demanda externa más débil de lo esperado y mayores precios de energía. Por el lado positivo, el impulso de la demanda interna en el corto plazo podría ser más fuerte de lo previsto, reflejando el sólido crecimiento de los ingresos.
Evaluación del Directorio Ejecutivo
Los Directores Ejecutivos elogiaron a las autoridades por el fuerte desempeño económico, incluyendo el dinámico crecimiento, la baja inflación, una posición externa estable y las visibles mejoras en los resultados sociales. Los directores también señalaron que, si bien las perspectivas siguen siendo positivas, están sujetas a riesgos. En este sentido, se exhorta a las autoridades a aprovechar el entorno favorable actual para aumentar la resiliencia de la economía ante posibles choques negativos mediante la creación de espacios fiscales y monetarios, al tiempo que fortalecen el crecimiento a largo plazo y los resultados sociales a través de reformas para abordar obstáculos estructurales.
Los directores acogieron con satisfacción el compromiso de las autoridades de mejorar la posición fiscal, incluyendo reformas ambiciosas de la administración tributaria para reducir la evasión, movilizar ingresos y mejorar la gobernabilidad. No obstante, dado que la deuda pública está aumentando a pesar del fuerte crecimiento, los directores solicitaron mayores esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de la deuda. Adicionalmente, se destacó la necesidad de un ajuste concentrado para ampliar la base impositiva y reducir el impacto del sector eléctrico sobre el presupuesto nacional. Este ajuste debe ser esquematizado de forma tal que proteja el espacio fiscal para la inversión pública y el gasto social que promueven el crecimiento. Los directores también apoyaron la adopción de un marco fiscal de mediano plazo, con un claro anclaje de políticas y elementos de responsabilidad fiscal, para garantizar la credibilidad de las políticas y limitar los riesgos fiscales.
Dada la baja inflación, los directores apoyaron mantener la actual postura neutral de la política monetaria, la cual estaría condicionada a nueva información sobre las presiones de inflación. También, saludaron los esfuerzos continuos de fortalecimiento del marco de la política monetaria, destacando los beneficios anclar las expectativas de inflación, y apoyaron los planes para recapitalizar el Banco Central y la introducción de la plataforma electrónica de negociación de divisas para incrementar la transparencia y la eficiencia de los mercados de divisas y sus políticas. En vista de la posición externa favorable, los directores alentaron la continua acumulación de reservas internacionales.
Los directores saludaron la estabilidad del sistema financiero y las reformas estructurales para aumentar la resiliencia financiera. Además, apoyaron la modernización en curso del marco institucional para la supervisión del riesgo sistémico, el fortalecimiento de la regulación y supervisión bancaria, y las reformas de ciberseguridad. También alentaron a las autoridades a tomar nuevas medidas, incluyendo el fortalecimiento de la supervisión de las instituciones financieras no bancarias. Los directores agradecieron los recientes avances en la actualización del marco legal de la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés) y motivaron a las autoridades a mejorar la efectividad del régimen.
