El Comité de Defensa de la Democracia, en sendas denuncias formales ante la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), exigió el cese inmediato del uso de los recursos del Estado en las campañas políticas, sin distinciones.
Pelegrín Castillo, a nombre de la entidad conformada por organizaciones y personalidades de la sociedad civil, sin fines partidistas ni preferencias electorales, sostuvo que es inaceptable el uso de recursos públicos en actos de campaña, en franca violacíon a leyes recién aprobadas y a la Constitución de la República.
“En las redes sociales están disponibles vídeos en los que se observa militares retirar las identificaciones de vehículos del Estado, supuestamente para integrarlos a la campaña electoral”, afirmó el jurista.
Asimismo, prosiguió, hay documentos de peticiones realizadas por funcionarios electos, llamando a la ‘participación voluntaria’ de los servidores públicos en actos de campaña.
Se trata de actos propios de un régimen con vocación dictatorial y antidemocrática –afirmó–, que ve como normal coaccionar a los demás, exigir un respeto que no se predica con el ejemplo y castigar a diestra y siniestra, despidiendo o amenazando con despedir del tren gubernamental a quienes no se plieguen a sus propósitos.
La democracia no puede funcionar bajo amenaza de retaliacíon permanente sobre el cuerpo de servidores públicos y los beneficiarios de los programas asistenciales que son los ciudadanos más vulnerables, explico el licenciado Pelegrín Castillo.
El Comité para la Defensa de la Democracia no aceptará de ninguna manera que sectores del gobierno, evidenciando desesperación y nerviosismo, continúe prevaliéndose del presupuesto nacional y de otros recursos públicos para torcer voluntades y propiciar el triunfo de los candidatos que prefiere en todos los niveles de elección.
Durante el acto, al que asistieron decenas de representativos de sectores sociales, el Comité de Defensa de la Democracia por la Igualdad y el Respeto a la Ley presentó la denuncia formal a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral, sobre las violaciones legales cometidas hasta el momento por partidos políticos.
Asimismo, anunciaron la designación de equipos de seguimiento a las campañas políticas para denunciar formalmente la utilización de recursos del Estado en campañas políticas, lo que está total, absoluta y terminantemente prohibido por ley y resulta contrario a la constitución.
