Por Isabel Ortiz, Matthew Cummins WASHINGTON, 11 Oct 2019 (IPS) – Mientras ministros de finanzas y economistas llegan a Washington para analizar los desafíos económicos mundiales, en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, la mayoría de la población mundial vive con recortes de austeridad y ve cómo se deteriora su nivel de vida.
Los líderes mundiales deberían preocuparse también por ver cómo revertir esta tendencia en las reuniones que comenzarán el lunes 14 y se prolongarán hasta el día 20.
Desde 2010, la mayoría de los gobiernos, tanto en países de altos ingresos como en desarrollo, han estado implementando políticas de austeridad, reduciendo el gasto público. Sorprendentemente, se espera que esta tendencia continúe al menos hasta 2024, según un estudio global que acaba de publicar la Iniciativa para el Diálogo de Políticas en la Universidad de Columbia, las centrales sindicales internacionales y las organizaciones de la sociedad civil.
Este es un artículo de opinión de Isabel Ortiz, directora del Programa Global de Justicia Social en la Iniciativa para el Diálogo de Políticas de Joseph Stiglitz, en la Universidad de Columbia, y de Matthew Cummins, quien ha sido economista senior en el PNUD, UNICEF y el Banco Mundial.
La austeridad se ha convertido en "la nueva normalidad".
Con base en las proyecciones fiscales del FMI (Fondo Monetario Internacional), el estudio encuentra que un nuevo shock de ajuste fiscal comenzará en 2020. Para 2021, los gastos de los gobiernos dentro de los PIB (producto interno bruto) disminuirán en 130 países, de los cuales casi tres cuartas partes están en el Sur en Desarrollo.
El alcance de la austeridad es asombroso: cerca de 6.000 millones de personas se verán afectadas en 2021.
¿Cómo están recortando los presupuestos los gobiernos e implementando reformas de austeridad?
En la práctica, las medidas de ajuste más comúnmente consideradas en 2018-19 incluyen: reformas de pensiones y seguridad social (en 86 países); recortar o limitar la factura salarial del sector público, incluido el número y los salarios de docentes, trabajadores de la salud y funcionarios públicos que prestan servicios públicos (en 80 países); reformas de flexibilización laboral (en 79 países).
También incluyen la reducción o eliminación de subsidios (en 78 países); racionalizar y/o focalizar aún más la asistencia social o las redes de seguridad (en 77 países); aumentar los impuestos regresivos al consumo, como los impuestos a las ventas y al valor agregado (en 73 países); el fortalecimiento de las asociaciones público-privadas (las APP, en 60 países); la privatización de bienes y servicios públicos (en 59 países); y reformas sanitarias (en 33 países).
Todas estas medidas tienen impactos sociales negativos.
Como resultado, en muchos países las personas mayores tienen pensiones más bajas; no hay suficientes maestros, personal médico y de atención, y la calidad de los servicios públicos se ve afectada; hay menos trabajos y las personas trabajan en condiciones más precarias; los precios aumentan mientras los salarios están estancados; y las clases bajas y medias están exprimidas y bajo presión.
En perspectiva, las elecciones macroeconómicas y fiscales realizadas por los gobiernos durante la última década son alarmantes. Solo el Grupo de los 20 (G20) comprometió 10 billones (millones de millones) de dólares para apoyar al sector financiero en respuesta a la última crisis financiera mundial, y luego pasó los costos de ajuste a las poblaciones, con millones de personas que fueron empujadas a la pobreza y a niveles de vida más bajos.
Se puede esperar que el impulso mundial hacia la austeridad o la consolidación fiscal agrave la crisis de crecimiento y empleo y disminuya el apoyo público en un momento de altas necesidades de desarrollo, elevando las desigualdades y el descontento social.
La austeridad también se está utilizando como un caballo de Troya para inducir a las políticas del "Consenso de Washington" a reducir las políticas públicas y el estado de bienestar.
Una vez que los presupuestos se están contrayendo, los gobiernos deben observar políticas que minimicen el sector público y expandan la entrega del sector privado, incluidas las APP. Hay claros ganadores y perdedores de este renovado Consenso de Washington, y los gobiernos deben evaluar y cuestionar efectivamente estas políticas.
La austeridad y los recortes presupuestarios no necesitan ser "la nueva normalidad".
Existen alternativas, incluso en los países con mayores niveles de pobreza.
Los gobiernos pueden encontrar espacio fiscal adicional para financiar servicios públicos y políticas de desarrollo a través de al menos ocho opciones, que van desde el aumento de los ingresos fiscales progresivos, la represión de los flujos financieros ilegales, la mejora de la gestión de la deuda y el uso de reservas fiscales y de divisas.
Eso hasta la adopción de medidas macroeconómicas cuyo marco se oriente a priorizar el gasto público y, para los países de bajos ingresos, presionar por una mayor ayuda.
Todas estas opciones están respaldadas por las Naciones Unidas y las instituciones financieras internacionales.
Es hora de que los líderes mundiales abandonen la miopía en las decisiones de política macroeconómica y fiscal que benefician a pocos y, en cambio, busquen un nuevo espacio fiscal y oportunidades de financiamiento para fomentar una recuperación mundial sólida y el logro de una prosperidad global a largo plazo para todos.
T: MF
