El presidente José Manuel López Obrador admitió que se vieron obligados a dejar libre a Ovidio Guzmán para evitar más violencia.
Intensos tiroteos ocurrieron el jueves en la noche en el a capital del estado de Sinaloa, Culiacán, México tras el arresto de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
Ante la violencia desencadenada por grupos criminales, las autoridades mexicanas se vieron doblegadas y optaron por liberar a Guzmán, en una jornada en la que, además, se fugaron 27 presos del penal a que fue llevado el hijo del Chapo.
El presidente de México reconoció luego que tuvieron que liberar a quien se considera el hombre que ha asumido el mando del Cartel de Sinaloa y que es solicitado en extradición por los Estados Unidos.
Reportes de prensa señalan que los incidentes causaron 21 heridos por arma de fuego y un número indeterminado de fallecidos, entre los que no habría militares o efectivos de la Guardia Nacional.
La liberación del hijo de El Chapo ocurrió después de horas de balaceras, vehículos incendiados en distintos lugares de la ciudad y el llamamiento a la calma del gobierno estatal. Hombres armados circulaban por las calles en plena noche y algunas vías seguían cortadas. No se apreciaba una presencia destacada de las fuerzas de seguridad.
Un mensaje de video de Alfonso Durazo, secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, no contribuyó a la tranquilidad porque, aunque confirmó que las autoridades localizaron por la tarde a Ovidio Guzmán López en una patrulla de rutina, no dejó claro si el hijo de “El Chapo” llegó a ser detenido, si lo arrestaron y luego fue liberado por la intensidad de los enfrentamientos o si simplemente huyó.
Guzmán López no es uno de los hijos más conocidos de “El Chapo”, el líder del cártel de Sinaloa que en julio fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por narcotráfico, pero las autoridades estadounidenses lo buscan por cargos de distribución de cocaína, metanfetaminas y marihuana de México a ese país desde 2008 a 2018 junto a su hermano Joaquín Guzmán López.
Las balaceras en diversos puntos de Culiacán comenzaron tras las acciones de las fuerzas federales. En las redes sociales se difundieron vídeos en los que se veían camionetas con civiles armados y ametralladoras de gran calibre, vehículos quemados en algunas vías y en casetas de peaje en las afueras, una práctica que los grupos del crimen organizado suelen utilizar para impedir la movilidad de las autoridades.
En poco tiempo, la ciudad se paralizó: era imposible circular por las calles del centro y en un amplio perímetro alrededor de la Fiscalía General. Los disparos se escuchaban en los cuatro puntos cardinales mientras la policía cerraba las vías donde se reportaban tiroteos. Varias compañías aéreas, como Volaris y Viva Aerobus, cancelaron muchos de sus vuelos.
“Nada funciona”, dijo a la AP por teléfono Ricardo González, un trabajador del Congreso estatal que se encerró en su casa después de recoger a su hijo de 15 años en la escuela. “Hay psicosis, nadie sabe qué está pasando, pero todos tenemos miedo y ya nos han dicho que mañana no nos presentemos en el trabajo”.
El gobernador, Quirino Ordaz, confirmó en declaraciones a Milenio Televisión que se suspendieron las clases pero dijo que los negocios sí funcionarían.
González, sin embargo, lo dudaba.
“No hay transporte público, no hay taxis, la gente de fuera de la ciudad se ha quedado aquí bloqueada y mañana todo será igual”, agregó tras asegurar que no recordaba una situación similar desde hace casi una década, cuando el Cártel de Sinaloa vivió una guerra interna.
Con la tercera y última detención de “El Chapo” en 2016 se desató una lucha por el control del grupo que fue desactivada con el encarcelamiento de Dámaso López Núñez y su hijo, Dámaso López Serrano. El primero fue capturado por México y el segundo se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses.
Los expertos coinciden en que las riendas del cártel, que sigue operando a pesar del encarcelamiento de su líder, están en manos de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador de la organización criminal hace tres décadas, y de dos de los hijos de El Chapo, Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán. A este último, Estados Unidos lo acusa de tráfico de drogas en Chicago y fue secuestrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación en 2016 en lo que los expertos consideraron un intento de esta organización por entrar en Sinaloa.
El gabinete de seguridad federal tenía previsto reunirse en Culiacán el viernes por la mañana para informar de sus acciones.
