Durante décadas, Venezuela fue un país de acogida para las personas refugiadas, así como un destino para los migrantes atraídos por su auge económico en los sectores petrolero, agrícola y manufacturero. Ahora su población está mermando. La huida que se está produciendo ante nuestros ojos es el resultado de la inestabilidad política, la creciente inseguridad y las violaciones de los derechos humanos, todo ello agravado por el colapso económico del país.
Esta es la crisis de refugiados y migrantes más grave y de más rápido crecimiento en la historia de América Latina, y una de las mayores crisis de desplazamiento externo en el mundo.
Hombres, mujeres, niños y niñas venezolanos se están marchando: un movimiento masivo de población que incluye a personas vulnerables, muchas de las cuales necesitan protección internacional, mientras muchas otras buscan acceso a servicios básicos y oportunidades de empleo. Con frecuencia viajan a pie durante días y semanas, a destinos tan lejanos como Santiago de Chile, São Paulo en Brasil y Buenos Aires en Argentina, todos ellos a varios miles de kilómetros de su tierra natal. Estas personas buscan seguridad, servicios básicos, trabajo o reunirse con familiares que ya se encuentran establecidos en el extranjero.
Más del 80 por ciento de los 4,5 millones de refugiados y migrantes venezolanos han permanecido en la región, acogidos por países de América Latina y el Caribe. Estos refugiados y migrantes no están confinados en campamentos, sino que viven en pueblos y ciudades, donde conviven con la población local.
Los países vecinos de Venezuela apelaron a sus largas tradiciones de generosidad y solidaridad con las personas refugiadas y migrantes, implementando políticas y mecanismos que facilitan la movilidad humana, la asistencia humanitaria y el acceso a los servicios sociales en toda América Latina.
Sin embargo, muchas de las comunidades de acogida, especialmente en las zonas fronterizas más apartadas, enfrentan enormes presiones a raíz de las nuevas llegadas. La capacidad de los países y las comunidades de acogida está llegando a su límite. Las escuelas están desbordadas y los centros de salud y la disponibilidad de viviendas están en un punto crítico. El uso irresponsable de las redes sociales y las declaraciones radicales de algunos políticos están alimentando los sentimientos xenófobos. La solidaridad regional y la voluntad política se están debilitando rápidamente ante la insuficiencia del apoyo internacional.
En las últimas décadas, América Latina y el Caribe han disfrutado de un notable crecimiento económico y estabilidad política. Mientras las desigualdades han aumentado en todo el mundo, este continente se ha vuelto más igualitario y justo. Pero este progreso podría revertirse. Esta crisis ya está teniendo consecuencias desestabilizadoras en toda la región, y cualquier trastorno importante en cualquier parte de América Latina repercutiría mucho más allá de las fronteras regionales.
América Latina no puede enfrentar sola esta crisis. Ciertamente no puede ser abandonada por Europa, que tiene fuertes y profundos vínculos con Venezuela, y tampoco por las Naciones Unidas. Unimos nuestras fuerzas porque nadie puede abordar la crisis sin apoyo.
Para responder a la crisis de refugiados y migrantes venezolanos se requiere una alianza mundial inclusiva, y toda la comunidad internacional, más allá de los países de acogida en la región, debe asumir su parte de responsabilidad y solidaridad. Se necesita una mayor participación de las instituciones financieras internacionales, los actores de desarrollo y el sector privado para apoyar los servicios y promover oportunidades económicas para las personas refugiadas y migrantes y las comunidades de acogida locales.
Ese es exactamente el objetivo de la Conferencia Internacional de Solidaridad que nosotros -la Comisión Europea, ACNUR y OIM – estamos organizando conjuntamente en Bruselas a finales de octubre. Queremos crear conciencia sobre la situación, reafirmar la solidaridad internacional con los países y las comunidades de acogida e instar a una mayor cooperación técnica y financiera internacional con la región.
En los últimos años, nuestras organizaciones han asumido un papel de liderazgo para responder a las necesidades de los venezolanos desplazados. La Unión Europea y sus Estados Miembros ya han movilizado más de 170 millones de euros y han estado a la vanguardia de la respuesta regional, apoyando el Proceso de Quito. ACNUR y OIM están trabajando con más de 200 organizaciones de la sociedad civil, humanitarias y de desarrollo en las Américas para poner en marcha un plan de respuesta integral de 738 millones de dólares (USD), que hasta ahora ha sido financiado en un 48%.
Con la conferencia, reafirmaremos nuestro fuerte y permanente compromiso para proteger y brindar asistencia a los refugiados y migrantes venezolanos, para apoyar los esfuerzos de los Gobiernos de los países que los acogen y para abordar la necesidad de una integración sostenible de los venezolanos en las comunidades de acogida. Asimismo, instaremos a renovar los esfuerzos para alcanzar una solución política en Venezuela, que es la precondición necesaria para que su pueblo pueda reconstruir su vida a su regreso.
Con esta Conferencia Internacional de Solidaridad, queremos enviar un fuerte mensaje a los refugiados y migrantes venezolanos y a quienes los acogen en América Latina y el Caribe, que el mundo no los ha olvidado y que los apoyaremos en este momento de necesidad.
