Por Jesús Rojas._esde los primeros años del presente siglo, los gobiernos alineados con el Socialismo del siglo XXI abren guerra frontal contra los periodistas y editores de los medios de comunicación social y no contra los partidos tradicionales.
El propósito –imposible de disimular tras la prédica de la defensa de la libertad de expresión y su extensión a las audiencias o lectorías que se dicen excluidas— era sustituirlos como forjadores y articuladores de la opinión pública a fin de restablecer las hegemonías comunicacionales del Estado a través de leyes de control de contenidos informativos y el establecimiento de un sistema de propaganda orientado a debilitar la función contralora de la vida pública por la prensa independiente, los partidos y la misma sociedad.
Pero a la par sobreviene otro fenómeno más relevante e incisivo, el de la llamada “ciudadanía digital” activa que, desafiando al poder, desborda espacios geográficos y privilegia el carácter instantáneo e individual de la información, llevando hasta el plano de lo público todo aquello que hasta ayer se consideraba inherente al fuero privado o de la intimidad de las personas, desdibujándose ambas esferas.
El control de esta nueva realidad totalizante y a la vez dispersa de periodismo subterráneo o de redes, se privatiza en su uso tanto como se le intenta ahora condicionar, censurar o intervenir a distancia desde un mundo virtual gobernado por élites digitales, “hackers” y los propios usuarios, en un fenómeno extraño a los andamiajes estatales y a las leyes territoriales conocidas hasta ahora.
Se construye una avalancha de datos y mensajes imposibles de contrastar en su veracidad que propician la desarticulación de las narrativas que forman el tejido social y crean opinión pública, auspiciando la gobernabilidad. Surge así una tensión distinta y novedosa en el marco de una compleja era, acaso posdemocrática y de posverdad, entre el poder y los medios de comunicación social sin editores.
Lo cierto es que actualmente ya no es posible contar con la voluntad popular ni realizar la gobernabilidad política sin una red de medios digitales o virtuales en constante expansión.
Los gobernantes y los políticos se convierten en periodistas de oficio cotidiano, ya no para silenciar la opinión y la información como antaño, sino para realizar la gobernanza desde las redes, apartándola de las mediaciones institucionales a costa de la transparencia y el servicio a la verdad, así como de la seguridad jurídica y ciudadana.
