El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, pidió al Congreso Nacional que interpele al ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, para que explique los compromisos que está haciendo con las transnacionales petroleras mediante el proceso de licitación que está realizando en Houston, Texas, EUA.
Demandó que se suspenda o se postergue esta licitación hasta tanto las cámaras legislativas conozcan los detalles de este proceso, muy especialmente el formato de contrato que se le está ofertado a las multinacionales petroleras.
El colectivo denunció que el Ministerio de Energía y Minas está proponiendo a estas empresas extractivas un formato de contrato que compromete la soberanía nacional y recursos que pertenecen al pueblo dominicano sin que el Congreso Nacional lo haya conocido y sancionado (Ver formato de contrato en el siguiente enlace: https://mem.gob.do/wp-content/uploads/2019/02/Contrato-de-Modelo-Hidrocarburos-de-la-Repblica-Dominicana-v.1.24-REV-ars-1.pdf).
“No estamos de acuerdo que el Congreso Nacional sirva de sello gomígrafo para aprobar a posteriori contratos amarrados de espaldas al país, y más en este caso que estos contratos implicarán alto riesgo para la sobrevivencia del pueblo dominicano, el desconocimiento de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y de áreas protegidas, la modificación de la Ley 11-92 sobre el Código Tributario, y la alteración total y drástica del actual uso del suelo para convertirlo en un gran campo de pozos petroleros y de gas”, expresó.
Señaló que el Gobierno antes de convocar la licitación para ceder a transnacionales petroleras catorce bloques para la exploración y explotación de hidrocarburos en zonas como Enriquillo, Azua, Bahía de Ocoa, la cuenca de San Pedro de Macorís y el Cibao Oriental que abarcan más de la quinta parte del país, debió llevar al Congreso Nacional la información de las reservas de petróleo y gas natural que contienen los 21 mil 500 kilómetros de línea sísmica por mar y tierra, para que se discutiera con toda transparencia una política al respecto.
Manifestó que un ministro o un ministerio no puede tener la facultad de arribar a compromisos con empresas extrajeras en un proceso de licitación cerrado y secreto, que supondrá fuertes impactos en la población y en la economía nacional.
“La apertura de pozos de petróleo y de gas natural a gran escala en República Dominicana debiera ser discutida por todos los sectores de la sociedad dominicana en primer lugar en el marco del Congreso Nacional, mediante la celebración de vistas públicas, y finalmente objeto de la convocatoria de un plebiscito”, aclaró.
Planteo que lo que está decidiendo Isa Conde y el ministerio Energía y Minas sin consultarlo con nadie, convertirá al país en un gran emisor relativo de gases de efecto invernadero, romperá el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático firmado por el propio Presidente de la República en el 2015 y cambiará para siempre la economía nacional basada principalmente hasta ahora en turismo y en la producción agropecuaria. “Eso no es justo ni democrático”, apuntó.
Explicó que esta licitación que celebrará su primera ronda el 27 de este mes de noviembre, es un grave error porque reforzará el cambio climático que es la primera y más importante amenaza para el país y para el planeta, pero también responde a una práctica antidemocrática y violatoria de la Constitución de la República.
“Que no se alegue que los contratos que se están ofertando en esta licitación finalmente serán conocidos por el Congreso Nacional, porque después que las transnacionales petroleras participen en esta licitación bajo una determinada oferta y un determinado marco legal, será muy difícil cambiarlos o romperlos”, advirtió.
Igualmente refutó que para no depender de la importación de fósiles habría que explotar hidrocarburos en suelo dominicano, porque el país posee inmensas fuentes de energías renovables que nos permiten prescindir por completo de los fósiles, a un costo aún más bajo y sin ningún impacto negativo.
Afirmó que Isa Conde no tiene derecho de decidir convertir la República Dominicana en otra Trinidad y Tobago, al margen del resto de las y los dominicanos, y sin que se discutan las consecuencias de una decisión semejante.
