Los chalecos amarillos de Francia ya llevan un año movilizando la capital gala y otras ciudades de la Francia neoliberal-democrática donde nacieron los conceptos de izquierda y derecha.
Pero, precisamente, lo que no desean estos manifestantes, es que se les sindique como de izquierda o de derecha y, tienen razón, pues su lucha no es por o contra alguna ideología, su lucha es porque se amplié el mínimum que el Estado Social y Democrático de Derecho, al cual, según los derechos fundamentales constitucionalizados y objetivo cardinal de los Estados que firmaron la Declaración sobre los derechos humanos de Naciones Unidas (ONU) de 1948, no sean poesía sino realidad cotidiana.
Peticiones que se realizan en un escenario marcado por la imposibilidad del Estado Social de dar más y del Estado Neoliberal imposibilitado de materializar sus promesas de progreso en libertad. De ahí los planteamientos de un neoproteccionismo que, a la vez, se desea abierto a la inmigración y al respeto de las culturas de los inmigrantes, lo que implica su asimilación cultural y el respeto a sus culturas.
Como se observa, es un amasijo de peticiones que no se enmarcan en el Estado Unitario ni en un Estado de mínimos para las minorías, se quiere derechos iguales para los habitantes independientemente de su lugar de origen.
En medio del año galo, aparece la crisis chilena caracterizada por un Estado Neoliberal que ha probado efectividad en que una minoría y las transnacionales, se hagan y acumulen para sí, como propiedad privada individual, el producto de todo el esfuerzo forzado y deseado por la laboriosa sociedad chilena.
Los jóvenes no ven racionalidad alguna en ello y les da un bledo que gobiernos de izquierda y de derecha hayan conducido el país hacia este laberinto: quieren soluciones, no teorías, no promesas.
El Brasil de Bolsonaro quema la Amazonia, dispara contra los desposeídos y dice carecer de recursos para continuar los programas sociales convertidos en derechos de los que menos pueden y de los que acaban de salir de la pobreza gracia a Lula y a Dilma. Como válvula de escape, como distracción, como espectáculo dentro de este drama Bolsonaro y sus asesores deciden poner en libertad a Ignacio Lula.
Estalla la crisis boliviana y de nuevo aparece el nada agradable recuerdo de los golpes militares en Suramérica cuyo caso emblemático es el Chile de Pinochet. Cuando menos ha retornado la política exterior mexicana junto a un gobierno honrado.
De inmediato, Daniel Ortega, desde Nicaragua afirma que el tema boliviano no solo es un retorno al golpismo militar sino que esta conducta, para nada respetuosa del orden constitucional, hace inútiles los procesos electorales y coloca nueva vez sobre el tapete la necesidad del regreso a la lucha armada como fórmula de ascenso al poder de los desposeídos de América. Lo que no toma en cuenta Daniel Ortega, es que ya la propia Nicaragua fue objeto de estallidos sociales más allá de la izquierda y la derecha cuando tomo medidas que la población nicaragüense entendió como lesivas al mínimum que en seguridad social le ofrece la construcción del Estado Social en Nicaragua. También olvido (quizás producto de las negociaciones y diálogos que celebro), que la derecha intento aprovechar el momento de rebeldía ciudadana para echarlo del poder.
Por tanto, las crisis: nicaragüense, la venezolana, la brasileña, la paraguaya, etc., muestran que tomando la política como escenario, ciudadanos individualizados pero cohesionados por los derechos fundamentales, los más media y las redes sociales, pueden producir cambios políticos. A la inversa, allí donde existen gobiernos de derecha o donde la derecha toma el poder, los cambios producirán restricciones en los derechos fundamentales o, cuando menos, intentos de eliminación, pues las burguesía recurrirá al fascismo y amputara los derechos logrados. De ahí que, el asunto solo puede resolverse ampliando derechos nunca restringiéndolos.
Esto implica que los pueblos y la izquierda son dueños del futuro. Pero un futuro labrado no en ideologías sino en lucha por la ampliación de los derechos fundamentales alcanzados partiendo de la individualidad y diversidad ciudadanas hasta llegar a exigencias colectivas de materialización de derechos específicos, concretos. Los casos argentinos, chileno y brasileño, así lo muestran. Pero esos derechos si bien son sociales, ya no requieren de una representación o partido político ni de una ideología ni de un mesías para que los exija, lo están exigiendo los pueblos mismos en tanto y cuanto actores de su propio drama, de su propio espectáculo político.
Los pueblos no hacen distingos ideológicos entre políticos ni entre formas de Estados sino que por el contrario, ven a los políticos como conjunto y a todos los entienden deudores del bienestar ciudadano. Es decir, estamos asistiendo a una nueva forma de historia donde el ciudadano individual armado con derechos cívicos fundamentales desde la perspectiva constitucional, o de los derechos naturales, están exigiendo su puesta en práctica.
De modo que si la ciencia política apareció en República Dominicana, a inicios de los años setenta del siglo XX, como herramienta para obtener la instauración de la democracia desde una perspectiva ideológica, en los ochenta paso a buscar una democracia con una ingeniería electoral diáfana, todavía inconclusa; en los noventa, exigió ejecuciones de políticas públicas específicas mediante el marketing de los políticos como mercancía publicitaria o espectáculo político; en el siglo XXI, en sus dos décadas, se está centrando en la materialización de los mínimos del Estado Social.
De ahí que, la sociedad requiera hoy no de una partidocracia deudora de derechos ciudadanos sino de politólogos capaces de medir e informar el grado de materialización de los objetivos programáticos de la Constitución, pues es el tema que interesa a la ciudadanía. Todo lo demás, es política como espectáculo y esta puede disfrutarla y padecerla el ciudadano por los medios de comunicación y las redes sociales.
En fin, hoy en día, la política es materialización concreta de solicitudes ciudadana en derecho y economía partiendo del canon constitucional cuya medición de concreción han de hacerla los politólogos pues la partidocracia es entendida como deudora parcial de los mismos. DLH-11-17-2019
