Las protestas que se están dando en varios países latinoamericanos son el producto del mal manejo de los gobiernos, según aseguran los economistas, sociólogos y otros profesionales especialistas en asuntos conductuales. Y esa es la realidad.
La explicación es simple: la injusta distribución de las riquezas y los alarmantes privilegios otorgados por la clase política gobernante a los ricos, crean desigualdad y, por vía de consecuencias, rebeliones de la población.
El economista Pavel Isa Contreras hace una correcta descripción de este asunto en un artículo titulado “La desigualdad que genera grandes olas de protestas en el mundo impera en la República Dominicana” en el que señala que “la población sin educación tiene más de ocho veces más probabilidad de vivir con VIH que la población con educación secundaria, los niños y las niñas menores de cinco años del 20% más pobre son afectados por enfermedades diarreicas agudas un 60% más que los del 20% más rico”.
Para este investigador, la clase pobre dominicana no luce que pueda avanzar en el marco de la estructura de desigualdad que impera en el país, donde los patronos pagan muy bajos salarios, y los hijos de los pobres tienen pocas posibilidades de acceder a un empleo decente y bien pagado.
Precisa datos estadísticos que revelan que el bajo peso al nacer es el doble entre hijos de madres sin educación que entre las que exhiben una educación superior, y entre el 40% de los hogares más pobres la mortalidad en la niñez (menores de cinco años) es el doble de la observada en el 20% de hogares más ricos.
“En educación preprimaria, la matriculación entre niños y niñas de hogares no pobres es 81% más alta que entre los de hogares indigentes y entre el 20% más rico es casi un 70% mayor que entre el 20% más pobre», agrega, como forma de resaltar los altos niveles de desigualdad imperantes en la República Dominicana, un país con un importante crecimiento económico, que no llega a la clase pobre”, dice la publicación, que no tiene desperdicio.
Y agrega lo siguiente: “Estimaciones oficiales indican que un 43% de los hogares en pobreza extrema viven en condiciones de hacinamiento. En contraste, entre hogares no pobres es 11%. Entre los hogares del 20% más rico, el hacinamiento en las viviendas es de menos de 6%, pero entre los hogares del 20% más pobre es de más de 30%. La inequidad también tiene una dimensión política la cual refuerza y es reforzada por la desigualdad y la exclusión económica. La población pobre, las personas trabajadoras, las mujeres, los habitantes de las zonas rurales, los cuentapropistas, y los y las jóvenes están excluidos del poder.
Es la misma problemática que viven los restantes países latinoamericanos. Las expectativas frustradas y la desafección con los políticos han dinamitado la paciencia de millones de personas que malviven y explican las protestas que se suceden de norte a sur en la región.
Y no hay que ser un genio para entender lo que está sucediendo. Las manifestaciones violentas en la región más desigual del planeta se suceden a ritmo vertiginoso, desde Haití a Chile; de Centroamérica a los Andes. No es fácil buscar una explicación sencilla para un continente con una veintena de naciones y más de 600 millones de personas que reclaman condiciones dignas.
El cuestionamiento de modelos económicos ya desfasados como el neoliberalismo, sin importar su ideología, es un fenómeno común en todos los países nuestros.
Frente a esa realidad, los gobernantes ineptos, presumidos e intolerantes que nos gastamos insisten en promover campañas mediáticas engañosas, incluso con la confabulación de economistas y voceros periodísticos pagados, en las que nos pintan un cuadro de un supuesto progreso económico y una presunta disminución de la pobreza cuando la realidad es que estamos endeudados hasta el cuello.
En todo este escenario calamitoso que afecta a América Latina hay responsables puntuales: las usureras organizaciones Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los programas de “auxilio económico” de esas entidades han dejado, durante las últimas décadas, un recuerdo amargo en varios países de la región con endeudamiento catastróficos a través de imposición de los controvertidos programas de ajuste estructural de la economía (reducción del déficit fiscal, eliminación de subsidios, devaluación de la moneda, etc.), exigidos por como condición para entregar sus préstamos.
La situación de los chiles, haitianos, venezolanos, bolivianos, colombianos, ecuatorianos, y otros, pudiera extenderse los próximos meses a un ritmo acelerado a las demás naciones latinoamericanas. La República Dominicana no puede ser la excepción a la regla.
