Hace buen tiempo que no nos referimos a temas ambientales, pues desde que salimos de la función de Procurador General Ambiental, organismo adscrito pero no dependiente de la Procuraduría General de la República ni del Ministerio de Medio Ambiente, como no quiso interpretar uno de los peores procuradores generales de la República que haya padecido la nación, con el objeto de domeñar ese órgano para que no cumpliese con su objeto, por entender que empañaba su imagen de dictadorzuelo, hemos guardado silencio y solo observado el discurrir del país como forma de repensar la política ambiental del Estado Dominicano y de los gobiernos municipales. Pero el tiempo transcurrido es indicativo que la política que trazamos no solo fue correcta sino que sigue siendo válida hoy.
Empecemos por indicar que la unicidad del Ministerio Público, es lógica cuando de materia penal se trata, pero deja de serlo cuando de ministerios públicos especializados se trata, pues la unicidad está acorde con el Estado liberal y el carácter clasista de esa forma de Estado; en cambio, el Estado Social, se basa en un Estado plural que hace innecesaria la jerarquía única por la misma razón que existió bajo el Estado Liberal, es decir, antes se requería que las políticas públicas tuvieren como única finalidad defender los intereses conjuntos de una clase en particular, ahora, por el contrario, la sociedad plural demanda una yuxtaposición de intereses encontrados a los que mediante mecanismos de solución de conflictos por vía judicial como por vía extra judicial, ha de encontrársele solución.
Sin embargo, luego de que se ahogara a la Procuraduría General de medio Ambiente entre la férula de la Procuraduría General de la República y aquella del Ministerio de Medio Ambiente, la república exhibe una depredación ambiental sin precedentes. En palabras diferentes, se crearon órganos que por la falta de institucionalidad y la politiquería de algunos enanos políticos colocados en posiciones de toma de decisión, hundieron la institucionalidad de los nuevos órganos.
A este estado de cosas, ha de añadirse el hecho de que el Ministerio Ambiental ha sido presa de la politiquería desde su creación hasta la fecha, salvo alguna honrosa excepción o impronta de señores como Frank Moya Pons o Jaime David Fernández Mirabal. Los demás han jugado y continúan jugando a quien lo hace peor. Mientras eso sucede, la procuraduría ambiental, sigue maniatada. Es decir, poseemos un ministerio público ambiental infuncional porque así lo han diseñado desde la Procuraduría general de la República como del Ministerio de Medio Ambiente.
Ante el anterior estado, cabría preguntarse ¿Que hacen los gobiernos locales o municipales? De entrada, es cierto que el Ministerio de Medio Ambiente debe encargarse del trazado y la ejecución de la política pública nacional del sector, pero dentro de esta hay un amplio espectro que corresponde a los ayuntamientos, sin embargo, los ayuntamientos de Haina, el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, el de la ciudad de Santiago, el de Puerto Plata y el del Distrito Municipal de rabo de Chivo de Jarabacoa, se caracterizan por ser sistemáticos violadores de la normativa ambiental.
Estos hechos muestran que el país carece de una política ambiental trazada y mucho menos ejecutada, piénsese en el hecho de que el Distrito Nacional, Jarabacoa y Puerto Plata, son polos turísticos y de inmediato se comprenderá la inexistencia de políticas ambientales.
Lo primero es que, con largueza, se entiende que sindico puede ser cualquiera que haya invertido en una candidatura y obtenido mayoría de votos, esto supuestamente indica que se debe recuperar la inversión, sin observar las leyes y afectando por ende a los vecinos, a los munícipes, a los residentes rurales y urbanos de las zonas mal gobernadas.
El Ministerio Ambiental, en lugar de contribuir con los ayuntamientos es el primero en dar el mal ejemplo, pues no realiza los estudios ambientales pertinentes, ni organiza el territorio de cada municipio ni trazas los limites de los asentamientos humanos urbanos y rurales.
Dada la situación anterior, los vertederos, por ejemplo, son las puertas de entrada a Santo Domingo desde el Suroeste y desde el Norte, a Jarabacoa y a Puerto Plata.
Como no funcionan los órganos públicos llamados a ser guardianes de la política pública en materia ambiental, toca a los ciudadanos acudir por ante los tribunales por intermedio de acciones colectivas o individuales con miras a que sea entonces la Administración de justicia, la que valide las normas constitucionales e infra constitucionales sobre la materia. DLH-16-12-2019