Odebrecht, el supuesto caso extra nacional de corrupción más importante que ha tenido el país, va camino a lo que ha sido desde que se montó: el hazme reír de los expedientes judiciales. Y no sólo en República Dominicana.
En Brasil donde surge el caso como un ramal del Lava Jato, el juez Sergio Moro, el héroe internacional anticorrupción que dirigió y manipuló a su antojo todo el proceso investigativo, ha recobrado su verdadero perfil, el de un judicializador temerario al que no importan para nada las garantías del debido proceso.
En nuestro país, por lo general los expedientes de corrupción son más propicios para el sensacionalismo mediático que para su judicialización, porque los presuntos infractores no se les somete en función de montos específicos de estafa, cohecho, prevaricación… sino que se les acusa de malversar la totalidad de los fondos que han manejado , para que en conclusión el acusado no sea condenado por nada.
Pero esa tradición con Odebrecht ha roto todos los parámetros, porque debe ser el único caso en que los aportantes de los testimonios que sirven de base para la acusación no fueron interrogados ni sometidos al careo contradictorio de las partes, lo que sólo se justificaría si la información que testimoniaron fuera tan condundente que hiciera innecesaria la interrogación.
Resulta que las denominadas delaciones premiadas en que se basa la acusación, no incriminan con precisión a nadie, y, más bien, crean dudas favorables en beneficio de los imputados, porque en la mayoría de los casos el delator relata que no tiene constancia de que esa persona haya recibido sobornos, pero que se supone que como tenía relación con sutano, tal vez lo recibió.
A falta de pruebas, entonces se ha procedido a juzgar por suposiciones y la clave para el Ministerio Público ha sido la del crecimiento del patrimonio de todos los imputados, sin que se haya podido establecer, la vinculación entre ese proceso natural de todo el que trabaja y hace negocios, con los sobornos admitidos por Odebrecht.
Se ha incurrido en arbitrariedades tan grotescas como la que ha enfrentado el ingeniero Roberto Rodríguez, ex director del Inapa, que la Constitución dispone que las leyes no tienen efectos retroactivo, a menos que no sea en beneficio del reo, está acusado de violar una ley que no existía cuando fue funcionario, la de Soborno en el Comercio y en la Inversión, y como la única justificación para hacerlo era arrastrándolo al lavado de activos, para demostrar que era beneficiario de las riquezas que supuestamente había percibido aceptando soborno como funcionario público, se le inventaron unos depósitos bancarios por 100 millones de pesos, cuya falsedad fue demostrata y admitida ante la misma cara del juez.
El chivo expiatorio para mantener el expediente en jurisdicción privilegiada era el senador Tommy Galán, con una acusación tan bien elaborada que su enriquecimiento no alcanza el 60% de los recursos que ha generado con sus sueldos como senador.
Andrés Bautista tiene hazañas tales como la de haber comprado varias propiedades en mismo día (tratándose de la misma finca, subdivida en títulos de los herederos); Victor Díaz recibió fondos que nunca salieron de la cuenta de Conrado Pittaluga, y Ángel Rondón trabajó para el inglés porque los aportes que recibió de Odebrecht en función de sus contratos como representante, consorciado y contratista de equipos, los regaló en sobornos y buscó más para seguir dando.
