El quinto considerando de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Dominicano No. 15-19, presenta un diseño conceptual no acorde con el diseño característico de leyes de naciones organizadas bajo el Estado Social y Democrático de Derecho, donde el lenguaje usual y cercano a la gente sustituye al tecnicismo propio del Estado Liberal, en el cual, una clase imponía sus dictámenes legales al conjunto de la sociedad.
A pesar de ello, el contenido de dicho considerando apuesta por los principios ético-morales del estado social, pues sus palabras finales son ética y transparencia, luego de motivar la necesidad de fortalecer institucionalmente a la Junta Central Electoral (JCE), en tanto órgano constitucional encargado de dar garantías al pueblo de que ejercerá su derecho-deber al voto en condiciones diáfanas. Dice dicho considerando: “Que se hace necesario la creación de un marco legal que fortalezca a la Junta Central Electoral como organismo encargado de la organización dirección y supervisión del proceso electoral, y establezca parámetros y reglas para garantizar y fortalecer un proceso trasparente y ético.”
Es de lugar resaltar que, a nivel internacional, los politólogos se han puesto de acuerdo, siguiendo a Robert Dahl, en definir los parámetros de conformidad con los cuales se puede hablar de elecciones limpias y de elecciones fraudulentas, haciendo posible detectar cuando un régimen no garantiza el derecho al voto, esto es: de sistemas electorales donde la pulcritud de los comicios está o no institucionalmente garantizada.
En ese tenor, Latinoamérica y el Caribe no son regiones que se caracterizan por poseer procesos eleccionarios pulcros, debido a que sus democracias no se consideran consolidadas sino que, más bien, son regímenes en transición de dictadura a democracia. La Republica Dominicana no es la excepción, por el contrario, la nación de Duarte figura dentro del cuadro de naciones con mayor corrupción política y electoral.
Entre otras razones, porque su sistema de partidos políticos está integrado por líderes antidemocráticos que obstaculizan la democracia interna de los partidos y hacen trampas en los procesos electorales mediante mecanismos diversos porque la regla jurídica y los principios constitucionales son sustituidos por el pragmatismo político y las más diversas formas de corrupción. En Latinoamérica no existen partidos políticos sino facciones políticas en el sentido en que la define Sartori. Esto es, como organizaciones o agrupaciones políticas caudillistas pre partidos políticos.
Este tipo de agrupaciones políticas emplean el clientelismo como sustituto de la norma legal y de los principios constitucionales. En semejante cuadro es difícil hablar de elecciones limpias pues los recursos del Estado operan como mecanismo de desigualdad política donde la oposición no tiene espacio para participar en una competencia limpia. Se entiende que un proceso electoral es democrático solo cuando existen garantías cuantificables como herramientas a disposición de la oposición.
Pero allí donde los empleados y funcionarios públicos sufren coacción, no puede hablarse de elecciones limpias. Tampoco allí donde los recursos del Estado son usados sin tapujos por los detentadores del poder para favorecer a sus candidatos sin que los organizadores de la campana electoral o el ministerio público hagan nada por evitarlo. El delito electoral consta –en sus más diversas formas- está tipificado en la ley pero no se aplica más que a la oposición política.
Obviamente, el cuadro anterior requiere de instituciones débiles en las cuales los funcionarios electorales antes que al servicio de la ley, se encuentran forzosamente presionados por el poder. Por ello, todo funcionario puede intimidar, presionar e incluso cancelar, empleados y funcionarios públicos y presumir de ello en actos públicos o por medio de decretos de cancelaciones que son el terror de los servidores públicos con total impunidad sin que las autoridades electorales se den por enteradas.
A pesar de la flagrancia del crimen. Añádase a esto, un ministerio público también dependiente del ejecutivo y se tendrá el cuadro completo de naciones donde la democracia es algo que luce como una utopía irrenunciable pero de imposible materialización como dijo en sus días Juan Jacobo Rousseau.
De cualquier modo, la política consiste en luchar por ideas para defender y mejorar el bien común, o, como dijo Juan Pablo duarte, la ciencia más digna de ocupar el intelecto humano, pues permite ayudar al prójimo como ninguna otra. DLH.24.01-2020
