Las encuestas políticas, como se sabe, en tanto estudios de opinión o preferencias, son básicamente una “fotografía del momento” (porque se basan en informaciones recogidas en un tiempo limitado, bajo circunstancias específicas y con actores muy concretos), y en tal virtud no necesariamente indican lo que en definitiva acontecerá en el evento o dentro de las expectativas que tienen por norte.
(Desde luego, se impone precisar de entrada que se habla aquí de las encuestas trabajadas con escrupulosidad y en procura de la verdad -que las hay, pese a las dudas generalizadas por tantos años de engañifa y manipulación acumulados, sin importar su patrocinador político o financiero-, no de los estudios pagados por partidos, líderes, grupos empresariales u organismos de inteligencia para crear percepciones o hacer propaganda alrededor de una idea o un producto que se quiere vender).
Lo que sí resulta innegable, empero, sobre todo a la luz de la experiencia ya registrada como dato memorial o histórico y de los precedentes al tenor comprobables, es que si una suma en el tiempo de esas “fotografías del momento” describe una tendencia consistente (de estabilidad, ascenso o descenso) es dable y legítimo entender que estamos en presencia de una realidad instantánea que a la postre puede concretarse en hechos.
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En la República Dominicana se han conocido formalmente estudios de opinión y preferencias políticas por lo menos desde 1964 (cuando encuestas de la CIA “orientaron” el diseño de las políticas estadounidenses de auspicio de ciertos liderazgos, como los de Donald Reid Cabral, primero, y Joaquín Balaguer, después), pero su uso como herramientas de investigación no se generalizó sino a partir de 1978.
Por supuesto, el presente trabajo no es una historia de esos estudios sino un intento de aproximación a su credibilidad (en el contexto de la realidad vivida en la víspera) y un somero examen de su fiabilidad (ya de cara al proceso político-electoral actualmente en marcha en el país), y en consecuencia su validez referencial está circunscrita a lo que ha acontecido con los mismos exclusivamente en nuestras contiendas eleccionarias más recientes.
En ese sentido, hemos de recordar que para la primera vuelta del año 1996 varias empresas publicaron estudios (Gallup, Penn & Schoen, Global, Hamilton & Staff, Martínez y Salcedo, etcétera), y la más certera fue la Gallup (que le atribuyó a José Francisco Peña Gómez un 46%, a Leonel Fernandez un 37% y a Jacinto Peynado un 15%), mientras que la segunda en acierto fue la Penn & Schoen (que estableció que Peña obtendría un 41%, Leonel un 39% y Peynado un 18%). El resultado final servido por la JCE fue el siguiente: Peña 46%, Leonel 39% y Peynado 15%… En la segunda vuelta, sólo la empresa Martínez y Salcedo le atribuyó la victoria a Peña, siendo la realidad que Fernández resultó vencedor con el 51.3% frente al 48.7 por ciento de aquel.
En el proceso electoral del año 2000 numerosas encuestadoras presentaron pronósticos (Gallup, Penn & Schoen -bajo patrocinio del diario “El siglo”-, Hamilton, Demoscopia, Sigma 2, Alfonso Cabrera y Asociados, etcétera), y la que estuvo mas cerca de la verdad fue la Penn & Schoen (que pautó un 47% para Hipólito Mejía, un 27% para Joaquín Balaguer y un 25% para Danilo Medina), y la siguiente en certeza fue la Gallup (dando un 46% a Mejía, un 26% a Balaguer y un 24 % a Medina). El cómputo final suministrado por la JCE fue el que sigue: Mejía un 49.86%, Medina 24.95% y Balaguer 24.61%.
En el marco de las elecciones del año 2004 presentaron proyecciones múltiples compañías encuestadoras (Penn & Schoen, Gallup, Hamilton, CID-Gallup de Costa Rica, Alfonso Cabrera y Asociados, etcétera), y las más avecinadas a la realidad fueron la Gallup (que le atribuyó un 54% a Leonel Fernández, un 30% a Hipólito Mejía y un 10% a Eduardo Estrella), y la Penn & Schoen (que le dio 52% a Fernández, 35% a Mejía y 11% a Estrella). El conteo final de la JCE quedó de este modo: Fernández 57%, Mejía 34% y Estrella 9%.
Para el evento electivo del año 2008 se hicieron presentes diversas empresas encuestadoras (Gallup, Penn & Schoen, Greenberg, ARG, Zogby, Centro Económico del Cibao, Noxa-Clave, Asisa, CID-Latinoamérica, etcétera), y las más certeras fueron la Gallup (51.7% para Leonel Fernández, 37.4% para Miguel Vargas y 4.0% para Amable Aristy), la Penn & Schoen (56% para Fernández, 37% para Vargas y 5% para Aristy), la Greenberg (55% para Fernández, 37% para Vargas, 6% para Aristy) y Asisa, que proyectó 55% para Fernández, 36% para Vargas y 7% para Aristy. El resultado real fue 53.83% para Fernández, 40.48% para Vargas y 4.59% para Aristy.
En los comicios del año 2012, tres empresas encuestadoras (entre decenas que presentaron estudios) pronosticaron resultados bastante colindantes con la realidad: por un lado, la Penn & Schoen y la Greenberg-Diario Libre (que le dieron un 51% de preferencias a Danilo Medina y un 46% a Hipólito Mejía); y por el otro lado, la Gallup-Hoy (que le atribuyó a Medina un 50% y a Mejía un 44.6%). El resultado en los hechos, según el boletín final de la JCE, fue de 51.21% para Medina y 46.95 para Mejía.
En las elecciones de 2016, el cetro de la contigüidad a los hechos se lo llevaron la Greenberg (que pronosticó un 57% para Danilo Medina y un 34% para Luis Abinader), la Gallup (63% para Medina y 29% para Abinader), la Mark-Penn (62% para Medina y 28% para Abinader) y la CID-Latinoamérica (63% Danilo y 31% Abinader). En cuanto a esta última, conviene resaltar que su nivel de aproximación a la realidad fue una sorpresa, pues en los procesos anteriores había errado totalmente (por ejemplo, en 2008 le había dado 40.8% a Fernández, y en 2012 colocó a Mejía como vencedor de la primera vuelta con un 48% contra 46.6 de Medina).
En suma: hay dos o tres encuestadoras que han sido hasta hoy consistentes en sus acercamientos a la realidad al hacer vaticinios electorales, mientras las restantes reiteradamente se han mostrado erráticas o sólo han acertado de manera incidental. Claro está, al evaluar este tipo de trabajos siempre hay que tener en cuenta que en sus resultados finales pueden influir muchos factores: la forma en que se realicen las preguntas, la cuantía de la muestra tomada, la calidad y la distribución geográfica o de género de la misma, la profesionalidad de los recolectores, la seriedad de los manejadores y tabuladores de la data, la intención o no de usar “afeites” para favorecer al patrocinador financiero o al candidato preferido, etcétera, etcétera.
Finalmente, el autor de estas líneas cree necesario puntualizar que las informaciones que preceden (extraídas de los diarios nacionales, los boletines de la JCE y las publicaciones oficiales de algunas de las compañías que se citan) no tienen por objeto cuestionar o impugnar la labor que realizan las empresas encuestadoras que operan en el país, sino -como ya se insinuó- presentar ciertos marcos de referencia en lo atinente a la certeza o la falibilidad que han mostrado en los hechos sus estudios en nuestros últimos seis comicios presidenciales.
En todo caso, la idea es que, al margen de los placebos y los enemas (y si es que le interesa la verdad), simplemente “sea usted el jurado”.
(*) El autor es abogado y politólogo
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