Por: Anny Guzmán. En República Dominicana no ha habido voluntad política de institucionalizar y reglamentar la implementación de los debates electorales, estableciendo su obligatoriedad y sancionando su incumplimiento, por ley, tal como sucede en países desarrollados y en vías de desarrollo como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá, entre otros.
Si buscamos una explicación a que en el país aún no se haya regulado que los candidatos a cargos de elección popular tengan que someterse a un debate público por obligación, podemos decir que esto se debe a que no hemos tenido politicos, sino politiqueros acostumbrados al clientelismo, a la comprar votos, conciencias y cédulas.
Talvez por eso no sorprenda el poco interés que han mostrado los aspirantes presidenciales Gonzalo, Abinader y Leonel, en asumir el reto hecho por el candidato presidencial, Ramfis Domínguez Trujillo, a que los cuatro se puedan enfrentar al escrutinio del pueblo en un debate.
Resulta penoso que los candidatos que más hablan de cambio, nuevas ideas y democracia (de la boca para afuera) sean los mismos que teman someterse al examen colectivo de los ciudadanos que aspiran a dirigir, no solo por su falta de liderazgo, sino por la ausencia de ideales políticos propios y de propuestas con soluciones concretas.
Pero, lo más grave es que la ciudadanía aún no se ha unido para exigirle a sus candidatos el cumplimiento de este requisito, porque solo a través de esta herramienta, verdaderamente democrática, es que podrán conocer cuáles son las propuestas en las que basan sus aspiraciones, cuáles son las razones que los impulsan a dirigir los destinos de la nación, cuál es el plan de gobierno que tienen preparado para ello; e incluso, dónde tienen origen sus ideas. Pues, solo de este modo los dominicanos podrán ejercer el voto por convicción y con conocimiento; no con base en las promesas de campaña, que acompañadas de efímeras dádivas, logran retorcer la decisión de más de una barriga hambrienta y mente vulnerable.
Si el pueblo despertara y se empoderara, pudiera reconocer que quienes no muestran interés en ir a un debate, o no van cuando se realizan, manifiestan el temor que sienten no a sus contendores, sino a ser evaluados por sus electores.
Esto también deja claro que así mismo será su modo de gobernar: vulnerando los derechos fundamentales colectivos y actuando a espaldas de la democracia, para satisfacer solo sus intereses personales y los de “su grupito”.
Es por esto que, estoy de acuerdo con Ramfis cuando dice que “si queremos transformar la patria, tenemos que empezar por transformar la forma de hacer política”. Y, soy una fiel convencida de que no hay nada que contribuya más a promover y fortalecer la democracia, que la discusión abierta y transparente de las propuestas y programas gubernamentales de aquellos que aspiran a controlar nuestro presupuesto, fruto de nuestros impuestos; de aquellos que elegiremos para que puedan tomar por nosotros, las que se suponen deben ser las mejores decisiones.
Por eso urge, que además de los esfuerzos hechos por la ANJE (Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios), para crear una cultura política de debates electorales, se debe reglar su implementación. De esta manera, ir a un debate no sería una decisión potestativa de los candidatos, sino una obligación cuyo incumplimiento arrastraría sanciones. Cuando esto suceda, sí podremos hablar de que hemos avanzado como nación, como políticos, como ciudadanos.
Sobre el autor:
Anny Guzmán es licenciada en derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), de Santo Domingo; con Maestría en Periodismo de Investigación de la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia.
