Se vislumbra una crisis de proporciones políticas en República Dominicana, la que solo podría detenerse con la sensatez y el diálogo del liderazgo político nacional.
La prudencia convoca a gobernantes y gobernados ante este periodo de fatiga electoral.
Lo contrario sería un salto al vacío, un derrotero de caos y anarquía que la nación no merece.
Un periodo que nos expone a ante un proceso inconcluso, como las elecciones municipales, y avanza hacia otro, con una fecha tope muy próxima, como las elecciones congresuales y presidenciales, fijadas para el 20 de mayo.
La suspensión de las elecciones primarias ha del 16 de febrero han dejado un mal aliento en el sentimiento nacional. La sociedad dominicana aún está perturbada ante un hecho inaudito en la historia nuestra.
Bien que el desaguisado haya ocurrido en las elecciones para elegir las autoridades municipales y no cuando se estuvieran eligiendo a senadores y al presidente de la República el 20 de mato. De consuelo eso nos queda.
Pero lo anterior no elimina la crispación. Los sectores políticos están desconcertados y la gente común desorientados. Cada quien anda en busca de su culpable favorito y al pasar de las horas nuevos elementos poco halagüeños se suman al menú político y social.
La Junta Central Electoral (JCE) protagonista del desacierto debe de entender que su fortaleza y credibilidad solo es posible restaurarla si desde su propio seno se motoriza el diálogo de las fuerzas políticas.
Todos los partidos acudieron el domingo a las elecciones. Miles de ciudadanos acudieron a las urnas a votar y no pudieron hacerlo, por imprevisiones de la JCE, hasta tanto se demuestre lo contrario. De modo que, desde el domingo, el problema del proceso lo representa el organismo electoral, quien debe de entenderlo así y actuar sin imposiciones.
A la oposición le corresponde poner su parte. Reclamar sus derechos como lo han hecho, comprendiendo bien que sus fines no debe ser otro que hacer valer la ley, la justicia y la equidad en el proceso electoral.
Somos partidarios de una elecciones libres y justas. Eso tiene que garantizarlo la JCE. Lo contrario sería conducirnos a la derrota nacional.
