El politólogo Daniel Pou advirtió que la investigación que desarrollarán en el país los expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los motivos que originaron la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero conllevará un trabajo arduo que ameritará “bastante tiempo” para desentrañar los motivos que dieron origen a las graves fallas que afectaron el proceso.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, afirmó que ha llegado el momento en que la estabilidad democrática del país no se ponga en juego.
Planteó que las manifestaciones realizadas por entidades de la sociedad civil y los partidos políticos, tras la suspensión de las elecciones, son sanas y permiten abrir la válvula para evitar que se acumule mucha presión y crean cohesión social.
Pero manifestó que se debe estar alerta ante situaciones de esta naturaleza porque hay sectores interesados en que el país fracase.
Calificó como atinada la decisión del gobierno, de dejarle el escenario investigativo a organismos internacionales especializados en materia electoral, porque no están contaminados con las diferencias de los grupos de poder.
Daniel Pou advierte que se deben preservar todos los elementos del pasado proceso del 16 de febrero que puedan arrojar informaciones importantes para la producción de un peritaje que intente desentrañar las causas que originaron lo que llamó como un fiasco.
“Me parece que las medidas son acertadas. Las injerencias del Ministerio Público, aunque está facultado por nuestra Constitución para hacer la investigación penal en los casos donde hay sospecha de que pudieron haber actuado manos criminales, creo que no es una prioridad en estos momentos”, significó.
Considera que lo acontecido el domingo 16 de febrero es un hito de una crisis que se ha venido desarrollando durante años en el país, y que implica una crisis de la democracia, de la institucionalidad y la visión de país.
Plantea que se pueden manejar dos hipótesis de lo acontecido, la primera de las cuales se refiere a aspectos técnicos durante el proceso electoral municipal que tiene que ver con un fallo grave de gestión en la JCE.
Daniel Pou observa que el propio presidente de la JCE ha reconocido que todo el proceso de adecuación de los equipos para celebrar el certamen electoral con el voto automatizado no se produjo en correspondencia con los protocolos exigidos.
“Uno de los hitos de ese protocolo es la verificación de calidad de cada uno de los equipos antes de ser despachados a los colegios electorales”, puntualizó.
Explicó que, sencillamente, el equipo para el voto automatizado requiere de la realización de una prueba como si estuviera el proceso y verificar que todas las opciones que brinda como servicio al elector estaban disponibles.
“Cada boleta, cada candidato, imágenes y todas las operaciones que debió realizar cada uno de esos equipos”, recalcó.
Indicó que al producirse la situación que originó la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero, el país ha perdido mucho dinero, tiempo y se ha producido un socavamiento del espíritu ciudadano.
Llamó la atención por entender como un elemento preocupante, el hecho de que no se completara el control de calidad de cada uno de los equipos a ser utilizados durante el abortado proceso electoral.
“Pero la parte preocupante es que no es normal que cuando una cantidad de equipos, como esa, casi 10,000 equipos, se le clona el programa que debe desarrollar para brindar el servicio, el 89% de los equipos presenten inconvenientes para poder levantar el programa y permitir las operaciones”, adujo.
Pou considera que son válidas las sospechas de actuación de manos criminales en el frustrado proceso electoral del nivel municipal el 16 de febrero. Plantea que debe abrirse una exhaustiva investigación para tratar de desentrañar los motivos que indujeron a que se produjera esa situación.
Entiende como una decisión acertada la suspensión del proceso por parte de la JCE, porque de haberse continuado los comicios con las irregularidades que lo afectaban, la situación se le escaparía de las manos a las autoridades.
El politólogo sostiene que la renuncia de los miembros de la JCE implicaría elegir nuevos integrantes o elevar a miembros los suplentes, lo cual no recomendaría.
Observa que la situación amerita un tiempo extenso porque implicaría que el Senado tendría que someter a una evaluación a los aspirantes a la posición y una vez elegidos deberán comenzar a familiarizarse con el proceso.
