La democracia deliberativa que sostiene Habermas, es la que mejor se adapta a un mundo interconectado como el de hoy en día, donde los interlocutores o receptores del mensaje tienen siempre la posibilidad de dar su parecer casi simultáneamente al momento en que se produce el mensaje, implica una visión diferente de las tomas de decisiones tradicionales.
Es decir, el gobierno no puede pretender que podrá reunirse a puertas cerradas con un pequeño grupo y decidir por todos el rumbo del país, al revés, necesita garantizar que presentes y ausentes, es decir, convocados y no convocados, tengan igual de posibilidad de opinar y, luego de ello, tasar todas las opiniones.
¿Cómo cumplir este cometido? Las sociedades de democracias desarrolladas han puesto en movimiento oficinas profesionales de conciliadores, amigables componedores, politólogos y de árbitros, etc., que se han especializado en desarrollar el modelo del juez privado y del amigable componedor público como solucionadores de conflictos. En la Republica Dominicana estábamos acostumbrados a que ciertas figuras prestantes de la iglesia, la comunicación y del empresariado, realicen esa gestión, sin embargo, la realidad presente, es que ya ese modelo no es asimilado por la sociedad como bueno y valido, nuestra democracia está madurando y, en ese proceso, está demandando que profesionalicemos el dialogo, que creemos oficinas de dialoguistas capaces de llevar a cabo procesos duros de negociación sin que se pueda dudar de los árbitros o la paz social se vea amenazada.
El artículo 169, párrafo I, de la Constitución pone en manos de la Procuraduría General de la Republica el registro de estas oficinas, pero pocas son las que se han acogido a esta disposición, quizás por desconocimiento del mecanismo, debido a que en el país no existe cultura de dialogo, y a que los profesionales de la politología que son los llamados a encabezar y dirigir este tipo de proceso, son todavía muy exiguos, por lo que, con frecuencia, el país se ve en la necesidad de llamar consultores extranjeros o internacionales. A pesar de que las cámaras de comercio vienen mostrando al país, desde el plano de los negocios privados, la viabilidad de estos mecanismos, todavía en lo referente a los negocios públicos no se tiene experiencia. Sabemos que, en su oportunidad, el gobierno del periodo constitucional 1996-2000, creo una oficina bajo el nombre de Dialogo Nacional, pero la misma desapareció al término de aquel gobierno y jamás nadie ha vuelto a retomar el tema.
Ahora se observa, que el cierre de esa oficina fue un error, pues su cierre implico un abandono del desarrollo de una cultura del dialogo público. ¿Qué hacer ahora? Es indudable que nuestras academias y nuestros partidos políticos habrán de encaminar esfuerzos con miras a crear un staff de profesionales en diferentes materias en capacidad de llevar a cabo negociaciones importantes. Existe una universidad con una licenciatura en negocios internacionales, pero como se trata de negocios públicos, es dable señalar que corresponderá a las escuelas de ciencia política encargarse de tales objetivos.
Así como contamos hoy con prestigiosas oficinas de abogados, necesitamos también prestigiosas oficinas para el dialogo. Máxime en momentos en que un dialogo nacional se torna urgente dado que premisas político electorales así lo requieren, originado en el hecho de que el país necesita ajustes institucionales fuertes para democratizar nuestra democracia. Porque nuestro liderazgo político afianzado en el sistema de partidos políticos, en términos generales, carece de una cultura democrática del dialogo, dado que operan al interior de sus partidos con métodos autoritarios. Por tanto, el primer dialogo debería ocurrir al interior de nuestros partidos políticos y esto implica, en la práctica, un relevo generacional porque está demostrado que loro viejo no aprende a hablar. Si no se comprende esto, el sistema de partidos entrara en crisis, pues han sido incapaces de adaptarse a la nueva realidad institucional que nos presente el estado Constitucional o Estado Social y Democrático de Derecho. Es desde esta perspectiva que debemos ver la problemática actual. Unas estructuras tradicionales que no se adaptan adecuadamente a los moldes de la democracia de siglo XXI, que la Constitución de 2010 erigió en norma a aplicar.
No es solo que Monseñor Agripino Núñez cumplió su rol histórico, sino que ya escribió sus memorias dando fe del cambio de época en que nos encontramos, pocos han leído sus reflexiones finales, cuando lo hagan sabrán que su modelo de dialogo corresponde a una época ya superada, o bien que operó sobre las bases del liderazgo histórico de nuestra democracia del siglo XX. Ahora se requiere de dialogo institucional, ahora se requiere de dialoguistas que habrán de operar bajo los modelos de sociedades complejas donde individuos y grupos sociales tienen opiniones abiertas que no pueden soslayarse. Tal y como lo viene mostrando el dialogo paralelo que la juventud interesada en crear ciudadanía viene planteando y poniendo en práctica debido a la sordera del gobierno.
No estamos afirmando que la totalidad de nuestros políticos son inadaptados sociales a la cultura de dialogo, lo que estamos afirmando es que la mayoría no comprende el cambio de época que hemos conseguido gracias a la Constitución de 2010. Si lo entendieran los partidos pequeños de los extremos y del centro, se hubieren transformado ya, también lo hubiesen hecho los grandes partidos, pero la realidad es que todos han pasado a la fragmentación, es decir, a su conversión en facciones cada vez más atomizadas. Recordemos que facción es la modalidad organizativa prehistórica de los partidos políticos. Por tanto, antes que profundizar su democracia han retrocedido en su búsqueda.
Las organizaciones de la sociedad civil muestran una evolución mayor en este aspecto, pero también poseen carencias técnicas importantes debido a la escasez en nuestro mercado de politólogos. Como también, a que el modelo autoritario caudillista impera en estas, aunque al estilo griego, es decir, dictadores por periodos limitados de tiempo. Por tanto, nos queda solo tener esperanza en los cambios que los jóvenes de la sociedad civil están realizando en paralelo. DLH-5-3-2020
