Un informe del departamento de Estado de Estados Unidos cuestiona el sistema de Justicia de República Dominicana, el que considera es manipulado por el Gobierno.
El informe asegura que el Gobierno, además limita el ejercicio de la prensa, y permite la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
El canciller dominicano, Miguel Vargas, ha respondido asegurando que dicho informe no responde a la realidad que vive la República Dominicana.
Las formulaciones del Departamento de Estado están contenidas en el Informe 2019 sobre Práctica de Derechos Humanos elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que tradicionalmente se difunde en el mez de marzo de cada año.
Plantea que el gobierno no respetó la independencia judicial y la imparcialidad. La influencia inadecuada en las decisiones judiciales fue generalizada.
Y a seguida describe que: La interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida. El Poder Judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del Poder Judicial es un problema grave”.
Otro aspecto que trata el referido informe es el de la corrupción gubernamental en el que señala que “La ley establece sanciones penales por corrupción por parte de funcionarios; sin embargo, el Gobierno no implementó la ley de manera efectiva, y los funcionarios frecuentemente participaron en prácticas corruptas con impunidad”. La corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y una queja pública”, apunta.
Ilustra la afirmación anterior con el caso de los sobornos por US$92 millones en pagados por la empresa constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos. Recuerda que en junio un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que, además de los US$92 millones informados públicamente en sobornos, Odebrecht distribuyó otros US$39.5 millones en incentivos durante la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina.
Enrostra a la Oficina del Fiscal General (Procurador general de la República) el haber interrogado a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, “pero no presentó cargos adicionales. El fiscal general y una comisión designada por el Gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de la planta”.
En cuanto a la libertad de prensa el informe precisa que en sentido general se hicieron críticas al Gobierno de manera pública y privada sin que se produjeran represalias, pero que en varias ocasiones se limitó el ejercicio periodístico.
Y cita el caso de Marino Zapete: “En septiembre, un programa de noticias de televisión presentado por un conocido periodista fue cancelado dos días después de presentar un informe de investigación alegando que la hermana del fiscal general recibió contratos gubernamentales sin licitación por valor de 750 millones de pesos ($ 15 millones), posicionándola como la única proveedora de asfalto productos al gobierno. El programa demostró que en el momento en que se firmaron los contratos, la hermana estaba cobrando un salario como empleada del Ministerio de Obras Públicas.
Asegura el informe que “los periodistas practicaron la autocensura, particularmente cuando la cobertura podría afectar negativamente los intereses económicos o políticos de los propietarios de los medios, y sostiene que “El gobierno influyó en la prensa a través de contratos publicitarios”.
Miguel Vargas reacciona al informe de EE.UU.
El canciller dominicano Miguel Vargas respondió que próximamente se referirá al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en el país. Observó que no ha estudiado el informe que acusa al gobierno de prácticas corruptas, tortura y coartar la libertad de prensa.
Al ser preguntado por periodistas el canciller aseguró que la República Dominicana está viviendo una democracia sana y consolidada que se refleja en la administración del Gobierno.
“No se corresponde con lo que está viviendo el país. El país está viviendo un estado de derecho, una democracia sana, una democracia consolidada y eso es lo que nosotros estamos reflejando desde la administración del Gobierno, que ha sido la administración más exitosa en todos los órganos de avances de los derechos humanos en la republica dominicana”, dijo Vargas.
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