La población está siendo víctima de agio, especulación y escasez con fines lucrativos, mientras la ilegal gestión de Pro Consumidor guarda silencio cómplice. La desgracia nuestra ha sido no la llegada de esta plaga viral sino el contar con seudo autoridades indolentes en tan grave situación.
De ahí que la ciudadanía en general y el movimiento de consumidores deben aunar esfuerzos para resistir y ganarle la batalla a la plaga con nuestro propio esfuerzo porque nada puede hacerse desde la entidad rectora del sector consumo con dichas pseudo autoridades cuya ineficiencia está a la vista de todos. No actúan con creatividad ni con responsabilidad, basta ver las medidas tomada por la Gobernadora de Puerto Rico o del Gobernador del Estado de Nueva York para comprender cuan descarriados andamos desde Pro Consumidor.
Ante estas circunstancias, el movimiento consumerista debe empoderarse, a los fines de hacer los correspondientes levantamientos para que, pasada la crisis, las responsabilidades de lugar sean presentadas, porque nuestra sociedad debe consolidar su democracia y para ello la rendición de cuentas es la primera condición. La base legal para encauzar a los responsables, afortunadamente existen, basta con ponerlas en movimiento.
Es que el tema del derecho del consumidor tiene rango constitucional y una ley sectorial especial junto a leyes sectoriales que dicen cómo formular cargos a los funcionarios públicos incompetentes permite compensar la incompetencia manifiesta. Únase a lo anterior, el hecho de que la ley de la materia detalla las obligaciones, los deberes y las responsabilidades del director o directora Ejecutiva del Pro Consumidor, por tanto, de lo que se trata es de aplicar la ley a quien haya incurrido en faltas que les sean imputables por acción u omisión como bien lo indica la Ley núm. 107-13, mejor conocida como ley de los derechos de la persona frente a la Administración o gobierno.
Sabemos bien que, cualquier amable lector, podría opinar que aquí el sistema de justicia es infuncional. Esto es cierto, en parte, la verdad es que a nuestros jueces también debemos someterlos a prueba y un proceso no es cosa de un día, por tanto, al abrir el caso, es muy posible que en su transcurso sea a una justicia más benigna, la que deba hacer justicia. Al menos eso se deduce del plan puesto ya en marcha por el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Magistrado Henry Molina. También, es claro que pronto tendremos nuevas autoridades administrativas, autoridades sobre las cuales existen justificadas expectativas de mejoría en el orden institucional. Todo esto augura un futuro loable para los consumidores y los ciudadanos en general, una vez se haya superado la crisis actual.
Lo importante ahora es no desmayar en el reclamo de derechos constitucionales que son el producto de luchas pasadas que las presentes y futuras generaciones deben mantener y ampliar. No es posible que las dificultades en materia del derecho a la salud sean conculcadas impunemente, o que los servicios financieros traten de sacar provecho de la crisis en perjuicio de los ciudadanos sin que autoridad alguna cumpla sus obligaciones.
Otro tanto ocurre con la basura, se observa en las ciudades grandes cúmulos de basura no se sabe si son los resultados de las pasadas elecciones municipales que han generado pereza en las autoridades salientes, la realidad es que en la circunstancia actual necesitamos de autoridades más diligentes. Más solidaria con la suerte de los ciudadanos.
El tema financiero es de difícil solución más nadie se refiere a esta situación. Entonces no podemos permitir que la banca se cebe con la desgracia del consumidor. Hace tiempo que vienen aumentando automáticamente los préstamos personales y los préstamos hipotecarios sin que Pro Consumidor se dé por enterado. Este órgano ha renunciado a su condición de órgano rector del sector consumo para permitir a la Superintendencia de Bancos (SIB) hacerse de la vista gorda cuando del usuario de servicios bancarios se trata.
Ahora ante la pandemia, vienen con la historia de que no pondrán mora por los préstamos. Es decir, están renunciando a robar de manera descarada, se limitarán a la legalidad del préstamo. Pero resulta que eso no resuelve nada. Es una medida ridícula propia del capitalismo salvaje que impera en el país. Es la gracia a que están dispuestos los banqueros, pero no existe una análisis racional de la situación en que quedarán los deudores luego de la pandemia entonces las cosas no son tan sencillas.
Es decir, al final, la banca se quedará con los bienes dados en garantía porque los deudores simplemente no podrán pagar y la eliminación de la mora no es nada, pues para que ésta exista, debe existir una falta imputable al consumidor y no es esa la situación. Nos encontramos ante un asunto de fuerza mayor que obliga a las partes a renegociar dichas deudas e incluso a condonar aquellas en las cuales ya los deudores hayan pagado más de la mitad del tiempo por el cual fue otorgado el préstamo en razón de que con la práctica de cargas las primeras tres tercer parte de la duración del financiamiento dedicadas a cobrar solo intereses, moras, gastos legales, seguros, amortizaciones, reajustes, etc., ya dicho préstamos han sido pagados varias veces.
Con relación a los que tengan menos de ese periodo de tiempo, además de la oportunidad de renegociarlos, se le debe eximir del pago de los meses que dure la pandemia y comprometerse a no realizar ejecuciones ni colocar moras tres meses después de que la situación vuelva a la normalidad.
Como sabemos que no contamos con autoridades que promuevan estos razonamientos es obvio que tocará a la ciudadanía y al movimiento consumerista plantear estas soluciones.
Los consumidores debemos plantearnos el solicitar del gobierno el que para atender a su pueblo, se auto imponga una moratoria en el pago de la deuda internacional que él y otros gobiernos han contraído, particularmente, su deuda con Odebrecht. Esta medida nos traería un respiro y los recursos para servir al pueblo y sus necesidades. DLH-24-3-2020
