Santo Domingo, D.N. Carlos Sánchez, médico y secretario general de la Alianza por la Democracia (APD), es un grave error del Gobierno excluir de la realización de pruebas rápidas y gratuitas a los pacientes menores de 59 años de edad que presenten historia clínica y síntomas compatibles con el Covid-19, porque eso contribuiría a ocultar la realidad y a la expansión descontrolada del virus.
Para Carlos Sánchez, esta es una medida económica que va en perjuicio de la salud de la población y que potencialmente afectaría a la población mayor de 59 años de alto riesgo.
El último boletín suministrado por el Ministerio de Salud Publica señala que en el país tenemos 581 casos de Covid-19 confirmados, para un aumento de 93 nuevos casos en relación con el día de ayer y 20 personas fallecidas. Según estos datos, la tasa de letalidad de la enfermedad es de un 3%.
Es conocido que el presidente Danilo Medina, en su discurso del miércoles pasado, anunció al país que el gobierno cubriría el pago de las pruebas rápidas solo a las personas mayores de 59 años de edad que presenten dos o más síntomas de la epidemia.
“Esa medida tomada por las autoridades retrasa el aplanamiento real de la curva de contagio y presenta una falsa idea de que en el país tenemos pocos casos de la enfermedad, ocultando el número de casos reales existentes”, señaló.
Consideró que la medida correcta es realizar pruebas rápidas y gratis a todos los pacientes, sin importar la edad, que presenten historia clínica compatible con el Covid-19.
Sánchez entiende que la fase cuatro en la que se encuentra el virus en el país amerita además, de tratamiento centralizado y una estrategia que permita el aislamiento de grupos de población como son: pacientes confirmados, pacientes con fiebre, personas cercanas de los pacientes que han sido confirmada y pacientes sospechosos.
Por otro lado, Sánchez argumentó, que un análisis de la situación y de las medidas tomadas por el Gobierno hasta el momento revelan que el sistema de salud dominicano está altamente fragmentado con poca o ninguna integración a la lucha contra el coronavirus del sector privado de la salud, así como de instituciones de la seguridad social que responden al servicio privado como son las ARS y las AFP.