La denuncia de la legación diplomática de la República Popular China en nuestro país es grave, al punto de que si existiere Ministerio Público, si existiere dignidad gubernamental, alguien ha debido renunciar o alguien ha debido ser cancelado, pues en todo hecho punitivo existe siempre un culpable y a quien corresponde localizar al culpable es a la propia Administración o gobierno.
El hecho de que el silencio haya sido -hasta el momento-, la mejor respuesta estatal es una clara evidencia de culpabilidad, la cual, se ve coronada con el nombramiento, mediante decreto presidencial, de una comisión de veedores públicos y privados que habrán de observar las compras que con ocasión de la pandemia del coronavirus realice el Estado Dominicano. Como si el país no supiese que históricamente, el nombramiento de comisiones equivale a una admisión de culpa con pretensión de sustituir la función de los fiscales.
El escándalo se veía venir, pues el pavoneo y despliegue de recursos que ha mantenido el candidato oficialista a la presidencia de la república, así lo venía sugiriendo, por aquello de que lo mucho hasta Dios lo ve. No es verdad que un emprendedor, un empresario que haya logrado crear una masa importante de capitales los tira hacia arriba en el marco de una incierta e improbable candidatura que las mejores voces tildan desde ya de perdedora. Esta sola circunstancia es indicativa de que no estamos ante un empresario político sino ante un político empresario, pues un empresario real, habitual y a tiempo completo no haría tal despilfarro. Además, si posee compañía, se supone que el consejo de la misma no lo permitiría e incluso, despediría al gerente como manera de preservar su patrimonio. Así las cosas. Es obvio que los recursos tirados no pertenecen a la marca.
En nuestro país un ministerio público infuncional y una justicia adocena han permitido incumplir las reglas de los temas de corrupción, la cual se caracteriza por la inversión de la prueba. Es decir, un ministerio público eficaz en materia de investigación sabe muy bien que no tiene necesidad de investigar nada sino constatar cuando de hechos notorios se trata, la veracidad o falsedad del rumor público. Hecha esta indagatoria, será a los involucrados a quienes tocará justificar sus conductas.
Por demás, aquí se olvida con pasmosa frecuencia que las disposiciones de la Constitución de la República son de aplicación inmediata. De modo que si esta dice que la corrupción está terminantemente prohibida en la Administración o gobierno, no se comprende el por qué se actúa con tanta lenidad.
Aquí se habla de que el Ministerio Público no prueba, pero esto no es más que complicidad de la justicia, pues, repetimos, en materia de corrupción, el Ministerio Público no prueba nada sino que constata. Así lo establece la Convención Interamericana contra la Corrupción de la cual es signatario el Estado Dominicano. Es más, la ley 137-11, en su artículo siete obliga a los jueces a suplir las omisiones del Ministerio Público cuando este no es capaz de constatar ni de probar. En cuyo caso toca al juez suplir estas falencias. Dicho de otro modo, la condición de tercero imparcial que asiste a los jueces no aplica en materia de corrupción porque estos son guardianes de la Constitución y en esta función no pueden evadir responsabilidad porque al hacerlo estarían poniendo en peligro la salud de la democracia, de la institucionalidad y de la Constitución misma.
No sé qué opinión le merece a nuestro Ministerio Público y por ende a nuestra justicia la comisión de actos de corrupción en medio de una pandemia mundial, si esta no es una circunstancia agravante ante un hecho notorio quisiera que alguien me dijera de qué se trata.
La luz ante el oscuro túnel que representa el régimen que desgobierna al país, es lo próximo que está su salida del poder, pues de realizarse elecciones antes del 16 de agosto saldrá derrotado y, en el supuesto de que no la hubiere como consecuencia de la misma pandemia que están aprovechando para incurrir en actos de corrupción, deberán abandonar de todos modos sus cargos a las diez de la mañana del día 16 de agosto. Es decir, la transición hacia el cambio está en marcha ya, lo que implica que un nuevo Ministerio Público habrá de investigar los notorios actos de corrupción que una legación diplomática ha denunciado y que el candidato oficialista ha corroborado con su actitud desafiante al toque de queda decretado por su auspiciador.
Ciertamente, existen quienes piensan en el oficialismo como en la oposición que nada pasará porque este es el país de la impunidad. No ponemos en duda esta versión pero si dudamos de que el pueblo dominicano permita a un nuevo gobierno que pase por alto los desmanes que ahora observamos, en razón de que el pueblo ya sabe que ello equivaldría a un suicidio pues dicho eventual Borrón y Cuenta Nueva, se convertiría en una patente de corso para los nuevos inquilinos del poder. DLH-7-4-2020
