La destitución de siete funcionarios en el caso del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) ha sido estruendosa.
La situación denunciada por un reconocido suplidor del Estado, documentos en manos, exigía de un inmediato correctivo.
Se trata de la urgente y correcta reacción gubernamental esperada también por muchos dominicanos en casos escandalosos e intolerables que de igual manera han sido denunciados ante la opinión pública nacional.
La sociedad dominicana ha sido saturada de tantas atrocidades en contra del erario nacional sin importar sus repercusiones en las condiciones de vida de los sectores más carenciados donde el desempleo, la desnutrición y las enfermedades infectocontagiosas lucen ser el pan de cada día.
En el caso del INAIPI, tal como ha sucedido y podría ocurrir en otros sonoros, no dejarán de enarbolarse como risibles alegatos para la pretendida disculpa pública, incontables inventivas que más que servir de aclaración, complican significativamente la inmoral barahúnda denunciada.
Tal reacción, sencillamente, además de no ser novedosa, es uno de los tantos recursos manilos utilizados para tratar de salpicar con matices de show o espectáculo un ignominioso accionar de funcionarios públicos llamados a actuar de una manera impoluta en el manejo ético y transparente de recursos públicos.
Cotidianamente, esa ha sido la vía expedita para procurar diluir el caso sin consecuencias judiciales que establezcan paradigmas ennoblecedores.
Alegar “errores procedimentales” y “presiones palaciegas”, -que de hecho, nadie, en su sano juicio, negaría podrían ocurrir-, como manera de aparentemente justificar actuaciones cuestionables, además de pretender herir a una reconocida funcionaria en la casa de gobierno, calificándola como “una verdadera abusadora”, porque supuestamente habló “sin conocimientos de causa”, es un desatino de dimensiones olímpicas en la búsqueda de una espectacularidad y resonancia inútil.
Ahora, sin tiempo que perder, corresponde a la Procuraduría General de la República, con los documentos relacionados con las denuncias de irregularidades detectadas en la compra de 40,000 kits de alimentos que realizó el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), investigar, evaluar y verificar a profundidad los tipos de delitos que estén tipificados en los hechos.
Realizado el proceso referido, atendiendo a lo determinado, procederá darle el curso correspondiente en la instancia judicial, sin complacencia ni privilegios, a fin de que, luego de un juicio público, oral y contradictorio, se establezcan las penalidades señaladas por nuestros códigos y leyes, dejando como ejemplo positivo ante nuestra sociedad el real régimen de consecuencias contemplado en el sistema judicial dominicano.
En el caso del INAIPI, al igual que en otros pendientes de la intervención urgente los organismos representativos de la justicia nacional, no basta con la sola destitución de funcionarios mediante un Decreto del Poder Ejecutivo.
Dejarlo hasta ahí sería una especie de premio o reconocimiento público para aquellos que personalizan el delito.
Los correctivos han de ser más trascendentes, sin benignidad ni franquicias, pero de manera impostergable.
Ese es el clamor de una nación que, aún atiborrada de tantas actuaciones vergonzosas e ignominiosas, luce continuar creyendo en la justicia y algunos de sus representativos.
Ya veremos…
