Coronavirus, unidad nacional y negligencia politiquera

Parecería que el Gobierno Dominicano ha retrasado la aplicación de medidas estratégicas o ha rehusado compartir iniciativas que podrían ayudar en la lucha contra el Coronavirus porque han sido propuestas o auspiciadas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial Luis Abinader.

Si bien es cierto que las autoridades han puesto en práctica varias sugerencias puntuales planteadas por el liderazgo del PRM, principalmente las que tienen que ver con políticas de compensación social y apoyo a los trabajadores, resulta incomprensible que hasta ahora el presidente de la República haya mantenido silencio frente a la propuesta de unidad nacional hecha por Abinader el pasado 24 de marzo, reiterada y reforzada el miércoles 8 de abril con su llamado a una cumbre de todo el liderazgo nacional para encarar las implicaciones sanitarias, económicas y políticas derivadas de la actual crisis.

Similar desidia han mostrado las autoridades ante la recomendación del líder opositor de disponer pruebas gratuitas y masivas para detectar a tiempo el contagio del COVI-19 en la población o ante su oferta de donar instalaciones médicas provisionales en algunas zonas del país.

Más peligrosa aún es la apatía del Gobierno para entender y asumir un reclamo tan esencial hecho por Abinader y calificados profesionales de la salud de hacer un mayor énfasis en la fase de la prevención y contención del flagelo que esperar el desarrollo exponencial del virus y enfrentar el costoso tratamiento de la enfermedad, para lo cual el sistema sanitario del país no está preparado.

Un traje a la medida

Las iniciativas de colaboración del PRM han recibido un trato muy diferente al dispensado al candidato presidencial oficialista Gonzalo Castillo, a quien no solo se le exoneró de cualquier formalidad burocrática para traer un cargamento de suministros desde China, sino que además se le permitió recibirlo personalmente en la madrugada del pasado 2 de abril, en violación del toque de queda decretado por el Gobierno.

Al parecer, el Gobierno ha optado por politizar su programa de acción frente al Coronavirus para crear un traje a la medida de Gonzalo Castillo y presentarlo como el gran protagonista de la campaña oficial contra la epidemia, con el efecto no solo de apocar el esfuerzo colectivo de los diversos sectores de la sociedad, sino también de todo el conjunto de las instituciones públicas.

A más 40 días de registrado el primer caso y a tres semanas del Estado de Emergencia, el Gobierno no ha mostrado ningún interés en propiciar un compromiso de unidad nacional frente a la crisis, no ha establecido un protocolo para facilitar el aporte de los sectores no gubernamentales a la lucha contra la epidemia y tampoco ha puesto en marcha un plan integral para facilitar las pruebas en las zonas de mayor prevalencia y en especial a las personas que las necesitan.

En la primera fase de la epidemia, sin llegar al pico inevitable, las autoridades dominicanas han actuado con una incomprensible negligencia, no han logrado acelerar y extender la aplicación de las pruebas rápidas y en alguna forma ha permitido que un número indeterminado de personas haya fallecido con síntomas de la enfermedad sin la oportunidad de someterse a las pruebas de detección.

Ignorar otras experiencias exitosas

Inexplicablemente nuestras autoridades no han seguido los patrones establecidos en algunos países que han logrado los mayores avances en la contención de la enfermedad mediante una intensa campaña de detección de posibles infectados y aplicación masiva de pruebas para contener la propagación y reducir drásticamente la tasa de mortalidad, como han sido los casos de Alemania, China, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Nueva Zelanda. Islandia y Costa Rica. En este último país hasta el pasado viernes se habían registrado solo tres muertes, incluyendo dos adultos mayores de 87 años.

En el caso de Nueva Zelanda, donde solo se ha reportado el fallecimiento de una anciana que contrajo el virus en el extranjero, las medidas se tomaron desde una etapa temprana, siguiendo la estrategia de contención y eliminación de la enfermedad, en lugar de la “mitigación” que se aplica en la República Dominicana.

Islandia, en casi dos meses de presencia del COVID-19, solo ha reportado cuatro muertes y unos mil 500 casos, pero ha aplicado al pie de la letra la recomendación de la OMS de “hacer pruebas, pruebas y más pruebas”, y a partir de ahí tomar las decisiones.

La realidad es que hasta ahora el Gobierno Dominicano se ha limitado al esfuerzo mínimo para identificar a los posibles contagiados y facilitar su acceso a las pruebas, ya sea en una institución estatal o en los laboratorios privados.

Costo de prevención contra terapia intensiva

Resulta difícil entender la lógica de actuación del Gobierno, porque si en esta etapa inicial no tiene capacidad o recursos para responder en las áreas de prevención y contención, mucho menos la tendría para enfrentar el crecimiento exponencial de la epidemia y asumir el costoso tratamiento que exige el estado avanzado de la enfermedad, sobre todo en “un sistema de salud que vive de contingencia en contingencia”, como lo acaba de exponer el doctor Roberto Fernández De Castro, en una publicación periodística.

Esa lógica es mucho menos comprensible si se contrasta con algunos parámetros definidos en la experiencia europea, donde se ha establecido que el precio promedio de un test o prueba rápida, es aproximadamente 12 euros, mientras que el costo de una terapia intensiva a un paciente durante 20 días fluctúa entre los 50 mil y los 60 mil euros, tal como lo resaltó en una reciente entrevista el eminente médico y científico italiano Sergio Romagnani.

Pero si bien el Gobierno Dominicano ha decidido marcar distancia de cualquier idea o iniciativa propuesta por sectores de la oposición política, debería por lo menos hacerle caso al doctor Carlos Manuel Félix Cuello, epidemiólogo salubrista y coordinador del Programa de Control de Infección del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, quien ha cuestionado la estrategia de las autoridades nacionales de concentrar su atención en los casos clínicos y en informar las cifras de muertos y contagiados, y ha propuesto que se haga una búsqueda masiva de los casos para tratar de paralizar la enfermedad. (12 de abril 2029)

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