Al demandar por daños y perjuicios al Ministerio Público y a la Policía Nacional, a la que pertenece (¿o pertenecía?), el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue apresado y allanado por supuestamente haber participado en un sabotaje de las elecciones de febrero, sienta un saludable precedente en beneficio de todos los policías y soldados, cuya dignidad es sistemáticamente pisoteada por “superiores” caudillescos que los tratan como virtuales siervos, en total desprecio de su dignidad humana y ciudadana. Aunque Guzmán Peralta no gane esta causa (porque ocurre en este país), vale el ejemplo.
